Los exgestores de Banco Popular se llevan más de 116 millones entre pensiones e indemnizaciones
Tras la quiebra de Banco Popular, los numerosos gestores que ha tenido la entidad en los últimos años han dejado la firma con una importante mochila que, entre pensiones e indemnizaciones, ronda los 116 millones de euros. La cifra corresponde únicamente a antiguos miembros del consejo de administración de la entidad, que este miércoles puso fin a casi 90 años de existencia tras su intervención por parte del Banco Central Europeo y su venta a Banco Santander por el precio simbólico de un euro.
La cifra más abultada corresponde al que fue presidente de Banco Popular durante 13 años y hasta febrero pasado, Ángel Ron. Dejó la entidad sin indemnización, pero con derecho a cobrar cerca de 24 millones de euros de pensión, a razón de 1,1 millones anuales. Durante el mandato de Ron (que en julio cumplirá 55 años), el valor bursátil de Banco Popular se desplomó un 92%.
El que fuera número dos del banco entre enero de 2013 y julio de 2016, Francisco Gómez, abandonó el cargo de consejero delegado en julio pasado con una pensión de 20,34 millones más una indemnización de 1,145 millones. La pensión de Gómez estaba incluida en los 53,448 millones de euros que tenía contabilizados Popular a cierre de 2016 en materia de compromisos con antiguos administradores.
De los que han estado hasta el final, el hasta ahora vicepresidente del banco, José María Arias Mosquera, a cierre de 2016 acumulaba pensiones por importe de 15,678 millones, según el último informe de remuneraciones de los consejeros del Popular. El otro vicepresidente, Roberto Higuera (que fue consejero delegado del banco desde septiembre de 2008 hasta el 26 de junio de 2009) acumulaba a diciembre una pensión de 9,119 millones.
Pedro Larena fue fichado por la entidad como consejero delegado a finales de julio de 2016 y estuvo apenas cinco meses en el cargo. Dejó el Popular con una indemnización de unos 5 millones. Su contrato no incluía “ninguna indemnización en caso de extinción de su contrato”, pero sí “un pacto de no competencia post-contractual” con una duración de tres años desde la fecha de extinción del contrato y una compensación equivalente a “la suma de los componentes fijos anuales de su retribución que hubiera percibido de haber permanecido en el Banco por los años de duración del pacto”. El año pasado, Banco Popular registró unas pérdidas récord de 3.485 millones de euros.
Se desconoce qué indemnización cobrará Emilio Saracho, el último presidente del Popular, que ha fracasado en su intento de evitar la quiebra de la entidad y venderla en las mejores condiciones posibles al mejor postor. Saracho, aterrizó en la entidad en febrero pasado con un bonus inicial de 4 millones de euros para compensarle por su traslado desde Londres, donde era ejecutivo de JP Morgan, cuyas retribuciones son muy superiores a las del banco español.
Su contrato “prevé que, sin perjuicio de la obligación general de no competencia postcontractual de dos años prevista en el Reglamento del Consejo de Administración del Banco, el Presidente está obligado a aceptar un pacto de no competencia post-contractual de un año, teniendo derecho a percibir como compensación un importe equivalente al 100 por 100 de su Retribución Fija”.
