¿Qué pasaría con los bancos en una Catalunya independiente?
Después de las declaraciones del presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y su vicepresidente Oriol Junqueras la noche del 1 de octubre, no es descabellado pensar que se pueda producir una declaración unilateral de independencia de Cataluña. ¿Qué consecuencias puede tener esto para los clientes de los bancos, tanto particulares como empresas, residentes en Cataluña o que tengan negocio con bancos radicados en Cataluña? Sorprendentemente, las dificultades resultan ser más imaginarias que reales.
El factor más importante en este asunto es el legal, ya que todos los activos financieros, desde un humilde depósito hasta un derivado exótico, son en el fondo contratos. La cuestión esencial es cómo se cumplen y hacen cumplir los contratos. Esto da lugar a ciertas paradojas, porque en un escenario de independencia unilateral España seguiría afirmando su soberanía sobre Cataluña y la vigencia de su ordenamiento legal.
Tomemos por ejemplo la cuestión del acceso a la liquidez del Banco Central Europeo por parte de los bancos catalanes. La idea es que, si se independiza Cataluña, los bancos con sede en la región dejarían de ser bancos españoles y se encontrarían fuera de la Unión Monetaria, perdiendo el acceso a esta liquidez. Y no sólo a esta liquidez, también al sistema de compensación de pagos conocido como 'Target2' que permite hacer pagos dentro de la Unión Monetaria de forma transparente. Una solución posible es mover la sede social de los bancos catalanes a localidades del resto de España, y según parece tanto Sabadell como Caixabank ya han puesto los medios para esta contingencia.
Ahora bien, esto sería necesario solo si la Unión Europea reconoce la independencia. Si la independencia no se produce de acuerdo con la Constitución española, el resto de la UE con toda seguridad no la reconocería. Entonces, a efectos legales para el BCE un banco domiciliado en Cataluña seguiría siendo un banco domiciliado en la zona del euro. Y mientras el Estado español no reconozca la independencia de Cataluña, el Banco de España no puede negar el acceso a un banco catalán. Estaría violando las leyes españolas.
¿Y los depósitos? Supongamos que Cataluña se independiza y un banco catalán mueve su sede al resto de España. ¿En qué posición queda un ahorrador catalán? Pues no demasiado mala, sería un cliente no residente de un banco español. Estaría protegido por el fondo de garantía de depósitos español, y su banco tendría acceso a la liquidez del Banco Central Europeo. Si, además, la independencia es unilateral y no reconocida por España, el cliente catalán seguiría siendo, a efectos de ley española, un cliente residente de un banco español.
De hecho, cualquiera de estas dos posiciones sería más ventajosa que la de ser cliente residente de un banco catalán con una cuenta en euros en una Cataluña independiente. En este último caso su banco no tendría necesariamente acceso a la liquidez del Banco Central Europeo, y su cuenta en euros estaría sujeta al riesgo de que la Generalitat redenominase el contrato en otra moneda no-euro. Pero una cuenta no residente, en euros, en un banco español, está a salvo de redenominación, esto es, de cambiar el valor a otra divisa.
A la paradoja de que es más ventajosa la independencia unilateral que la independencia pactada (esto en un primer momento y presuponiendo que un hipotético proceso de adhesión a la UE o al euro llevaría su tiempo) se une la paradoja de que es más ventajoso ser cliente no residente de un banco que mueva su sede a España, que cliente residente de un banco que mantenga su sede en Cataluña.
El problema es simbólico. Si un banco catalán saca su sede de una Cataluña independiente, los independentistas podrían castigar la falta del patriotismo del banco retirando su dinero. Pero el banco estaría de hecho protegiendo los intereses de esos clientes.
Dificultades con las hipotecas
La posición de quien tenga una hipoteca puede ser más complicada, pero la razón no tiene nada que ver con el banco, sino con la vivienda que hace de garantía del préstamo. En un escenario de independencia unilateral de Cataluña, la incertidumbre sobre la posibilidad de recuperar el valor de la vivienda en caso de impago se multiplica. Puede haber conflictos de competencias, problemas para reconocer y hacer cumplir sentencias, etcétera.
En este caso sí que hay más incertidumbre en el caso de una independencia unilateral. En caso de independencia pactada, presumiblemente el acuerdo de separación contemplaría el reconocimiento mutuo de los registros de propiedad, los contratos y las sentencias judiciales. En este sentido, la independencia de Cataluña se parece mucho al Brexit.
El miedo no está justificado
Nada de esto excluye un pánico entre los depositantes o los acreedores de corto plazo de los bancos catalanes. Pero, mirado fríamente, en realidad hay pocos escenarios en los que esté justificado tal pánico.
Generalizando este argumento, se entiende que cuanto más expuesto esté un banco a activos en Cataluña, más incertidumbre hay sobre su futura liquidez y solvencia. Por eso han caído más en bolsa los bancos que tienen no ya mayor cuota de mercado en Cataluña, sino una mayor proporción de sus exposición a activos catalanes. Pero esto no tiene nada que ver con la liquidez del Banco Central Europeo, con el euro o con la sede social del banco. Es un problema de seguridad jurídica.
Por eso es tan importante que la famosa ley de transitoriedad jurídica de la Generalitat insista por activa y por pasiva en que las leyes españolas y europeas continuarán estando vigentes en tanto no afecten a la soberanía de Cataluña.
El precio de seguir usando el euro
Miremos ahora con algo más de detalle el riesgo de redenominación. El independentismo catalán es firme en su determinación de seguir usando el euro incluso si, como resultado de su independencia, Cataluña quedase fuera de la Unión Monetaria. ¿Es eso realista?
Sí lo es. Es perfectamente posible para un Estado no miembro de la Unión Monetaria usar el euro en lugar de su propia moneda. La República exyugoslava de Montenegro usa el euro unilateralmente. Nadie puede –ni quiere– impedir que los billetes de euro circulen fuera de la Unión Monetaria. Y nadie puede impedir que Montenegro –o Cataluña– decida no emitir su propia moneda y dejar circular euros libremente, aceptar pagos al gobierno en euros, cerrar contratos públicos en euros o permitir contratos privados en euros (tales como depósitos bancarios).
El único problema es que, al usar una moneda ajena, el gobierno de Montenegro -–o de Cataluña– no puede emitirla a voluntad. Pero es que los estados miembros de la Unión Monetaria tampoco pueden emitir euros a voluntad. Esta potestad la tiene el Banco Central Europeo en exclusiva. La restricción que esto impone a Montenegro es la necesidad de mantener un superávit de cuenta corriente para que haya un flujo neto de euros del extranjero hacia el interior. Y esto tiene efectos negativos sobre el empleo y el ahorro. Los países miembros de la Unión Monetaria sufren la misma restricción. En promedio, a largo plazo, España está obligada a mantener un superávit exterior. De otro modo se expone a repetir una crisis como la de 2012.
Pero si Cataluña –como Montenegro– puede continuar usando el euro, entonces el riesgo de redenominación no es tal. Y este argumento despeja también la duda del corralito. Si una Cataluña independiente no introduce su propia moneda, y suponiendo que la economía catalana se reorganizase para tener el superávit exterior necesario para funcionar con una moneda ajena, no habría ningún incentivo para una salida masiva de capitales de la economía catalana. Y, por tanto, no habría necesidad de corralito.
La única ironía de todo esto es, de nuevo, simbólica. Cataluña quiere ser Dinamarca y puede acabar siendo Montenegro.
