El fondo británico Bridgepoint demanda a España por los recortes a las renovables
El fondo británico de capital riesgo Bridgepoint ha demandado al Reino de España ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, por los recortes retroactivos a la retribución de las energías renovables, según consta en la página web del organismo. Es la denuncia número 16 que se presenta ante esta instancia.
La denuncia se ha presentado no a través de Bridgepoint, sino mediante las sociedades Watkins Holdings S.à r.l., Watkins (Ned) B.V., Watkins Spain, S.L., Redpier, S.L., Northsea Spain S.L., Parque Eólico Marmellar, S.L. y Parque Eólico La Boga, S.L., cuya nacionalidad no identifica el Ciadi.
Se trata de las sociedades a través de las cuales Bridgepoint compró once parques eólicos en Castilla y León a la constructora ACS y a Inverduero a mediados de 2012 por unos 580 millones de euros. Bridgepoint tenía activos bajo gestión de 12.400 millones de dólares a cierre de 2014. En España, según explica en su web, agrupa sus proyectos de energía eólica a través de Borawind, que tiene bajo gestión 330 megavatios, según su web, y que según algunas recientes informaciones, el fondo británico tiene intención de vender.
Fuentes próximas a Bridgepoint subrayan que “la denuncia no la presenta” esta firma de capital riesgo, que “gestiona fondos de terceros que en este caso compraron los activos de ACS asesorados por Bridgepoint”, pero esos activos, dicen, “no son propiedad de Bridgepoint”.
España suma así 16 procesos abiertos ante este organismo del Banco Mundial dedicado a resolver las controversias entre los inversores y los Estados, de los que 15 corresponden a cuestiones relacionadas con las renovables. Con ellos, España se consolida como el tercer país del mundo con más procesos abiertos en el Ciadi, solo por detrás de Venezuela y Argentina.
Desde noviembre de 2013 han presentado demandas de arbitraje las sociedades RREEF, Antin, Eiser, Masdar, NextEra, InfraRed, Renergy, RWE, Steag, 9 REN, BayWa, Cube Infraestructures, Matthias Kruck, KS y TLS, JGC Corporation, Cavalum, la eléctrica alemana E.ON, un grupo de empresas alemanas encabezadas por Stadtwerke München, los fondos OperaFund Eco-Invest Sicav y Schwab Holdings, SolEs Badajoz y, hace unas semanas, la sueca Hydro Energy 1 e Hydroxana Sweden, de origen luxemburgués y sueco, respectivamente.
Además, España cuenta con una demanda en Uncitral, presentada por PV Investors, y con tres en la Cámara de Comercio de Estocolmo, cuyos autores son la holandesa Charanne y el luxemburgués Construction Investments, Isolux Infrastructure Netherlands y CSP Equity Investment, todas ellas por violación de la Carta de la Energía.
Los demandantes son empresas y fondos que acudieron a España atraídos por las ayudas que ofrecía el Gobierno para animar la inversión en renovables, que decidió recortar primero (en 2010) el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y posteriormente, y de forma mucho más acusada, el Ejecutivo de Mariano Rajoy, con José Manuel Soria como ministro de Industria. El resultado de las demandas no se conocerá hasta la próxima legislatura.
