Tres colectivos se querellan contra cinco exministros por el almacén Castor

Tres colectivos han presentado una querella contra cinco exministros, otros dos ex altos cargos y dos empresarios, entre ellos el presidente de ACS, Florentino Pérez, por sus supuestas responsabilidades en la construcción del almacén subterráneo de gas Castor, situado en las costas de Castellón.

La querella, presentada en la Audiencia Nacional por el Observatorio de la Deuda en la Globalización, Xnet y el Institut de Drets Humans, les acusa de los presuntos delitos de prevaricación, estafa, fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos, según el texto de la demanda.

En concreto, la querella se dirige contra cuatro exministros del PSOE -Joan Clos y Miguel Sebastián, que ocuparon la cartera de Industria; Magdalena Álvarez, que fue titular de Fomento; y Elena Espinosa, que lo fue de Agricultura- y uno del PP, José Manuel Soria, que ocupó la cartera de Industria.

La querella incluye también a Recaredo del Potro, presidente de Escal UGS, la concesionaria del proyecto, y a Florentino Pérez, dado que ACS tenía una participación del 60 % en Escal UGS.

Asimismo, se dirige contra el ex secretario general de Energía socialista, Ignasi Nieto, y contra el exconsejero de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana Juan Cotino, del PP.

El objetivo de la querella es exigir responsabilidades a los dirigentes políticos vinculados al proyecto y evitar que los ciudadanos tengan que pagar 1.350,7 millones de euros -2.419,9 millones con intereses- a través de la tarifa del gas o de los presupuestos generales del Estado, ha explicado Simona Levi, fundadora de Xnet.

El Parlamento aprobó un Real Decreto-Ley en 2014 para indemnizar a Escal UGS con 1.350,7 millones de euros con cargo al sistema gasista, es decir a través de la factura de gas, que el Tribunal Constitucional (TC) anuló parcialmente a finales de 2017.

Tras la decisión judicial, se han dejado de abonar los pagos a Enagás por el mantenimiento de la instalación y a los bancos a los que el gestor técnico transfirió los derechos de cobro.

“La ciudadanía no tiene que pagar por los dolos y negligencias, ni por ninguna operación fallida de ninguna empresa”, ha destacado Levi.

Otro de los puntos del texto hace referencia al Real Decreto-Ley de 2014, elaborado por el entonces ministro de Industria, Energía y Turismo José Manuel Soria, que, según los denunciantes, favorecía a Escal UGS, participada por ACS.

Alfons Pérez, investigador del ODG, ha subrayado que “presuntamente ha habido enriquecimiento en la construcción de la infraestructura” y que en todos los trámites administrativos anteriores y posteriores ha habido “anomalías” que podrían ser constituyentes de delito.

El proyecto Castor consistió en la construcción de un almacén de gas aprovechando un antiguo pozo petrolífero a 1.750 metros de profundidad y bajo el nivel del mar, ubicado frente a las costas de Vinaròs (Castellón).

Cuando se comenzó a inyectar gas se registraron en la zona cientos de pequeños seísmos, lo que llevó al Gobierno, entonces ya del PP, a paralizar las operaciones.

En la actualidad, el almacén permanece hibernado y no se desmantelará por ahora ya que los expertos consideran que sacar en estos momentos el gas conllevaría un alto riesgo.