Así está el embrollo judicial de Coca-Cola tres años después
Todo empezó hace tres años: en enero de 2014 Coca-Cola Iberian Partners anunció un ERE tras la fusión de sus siete embotelladoras en España y como parte de un proceso de reestructuración. Inmediatamente los sindicatos encendieron sus alarmas y hablaron de un despido colectivo irregular. Ahí comenzó uno de los conflictos laborales con más repercusión de los últimos años y un pulso legal que esta semana ha vivido el que probablemente sea uno de sus últimos capítulos: el Tribunal Supremo ha avalado la forma en la que la compañía readmitió a la plantilla de Fuenlabrada después de la anulación de su ERE. No obstante, el conflicto sigue.
¿Qué pasó con el ERE?
El ERE, que finalmente afectó a 821 personas y supuso el cierre de las plantas de Fuenlabrada, Alicante, Asturias y Palma de Mallorca, fue recurrido por CCOO, UGT y CSIF. En junio de 2014 llegaba la primera victoria de los trabajadores: la Audiencia Nacional declaraba nulo el ERE y obligaba a Coca-Cola a readmitir a los trabajadores y a pagar los salarios dejados de percibir durante ese tiempo. Constataba, además, que la empresa había vulnerado el derecho de huelga de sus trabajadoras durante una huelga que paralizó la planta de Fuenlabrada, que ha liderado la batalla contra la compañía. Actualmente, son 165 trabajadores de esta planta los que continúan con la pelea.
¿Por qué el conflicto no acabó ahí?
Coca-Cola recurrió la sentencia al Supremo. Mientras llegaba la decisión del alto tribunal, la Audiencia ordenó a la empresa cumplir inmediatamente la sentencia. Trabajadores y empresa se enzarzaron entonces en una disputa sobre la aplicación del fallo. El nudo del conflicto era la fábrica de Fuenlabrada: la compañía se negaba a reabrirla, mientras que los trabajadores exigían su reapertura como parte del cumplimiento de la sentencia. En abril de 2015, el Supremo confirmó la nulidad del ERE y la sentencia que meses antes había dictado la Audiencia.
¿Coca-Cola reabrió la planta de Fuenlabrada?
En septiembre de 2015 Coca-Cola anunció la reapertura de Fuenlabrada, pero no en las mismas condiciones que antes de que se produjera el ERE: ya no sería una planta de producción, sino un centro logístico. La sentencia de la Audiencia, confirmada por el Supremo, instaba a la empresa a readmitir a los trabajadores en sus mismos puestos y condiciones. Para la plantilla, respaldada por CCOO, no era posible cumplir la sentencia si Fuenlabrada no abría con el mismo estatus que tenía antes de los despidos. Cuando se produjo la reapertura los trabajadores entraron a trabajar, pero denunciaron que sus puestos de trabajo no eran los mismos y que Coca-Cola apenas les daba trabajo efectivo. Empresa y trabajadores siguieron pleiteando.
¿Qué supone entonces la última decisión del Supremo?
Los trabajadores acudieron de nuevo a la Audiencia Nacional para reclamar que sus readmisiones no se ajustaban al contenido de la sentencia. Sin embargo, la Audiencia validó la forma de proceder de la empresa y dijo que tanto sus categorías como sus salarios se respetaban escrupulosamente. CCOO acudió entonces al Tribunal Supremo. El alto tribunal acaba de confirmar la decisión de la Audiencia Nacional: que las readmisiones son legales.
¿Queda alguna disputa por resolver?
El mismo día que el Supremo hacía pública su decisión, la Audiencia Nacional resolvía la discrepancia que también existía entre empresa y trabajadores sobre el pago de indemnizaciones y salarios. La Audiencia entiende que Coca-Cola ha pagado los salarios puntualmente desde finales de 2015, por lo que no cabe abonar intereses procesales. Establece también que, puesto que la nulidad del ERE ya está clara, los trabajadores deben devolver la indemnización por despido. Muchos de ellos, asegura el portavoz de la plantilla, ya lo hicieron en su momento. El auto dice también otras dos cosas: confirma los salarios de tramitación (los que dejaron de percibir los trabajadores entre el despido y la reincorporación) y dice que los trabajadores pueden reclamar judicialmente el plus por movilidad funcional que menciona su convenio, pero en otro procedimiento.
Quedan, por tanto, varios capítulos. Por un lado, el proceso judicial por el que la plantilla reclamará la compensación por haberles cambiado de funciones. Por otro, un juicio que se celebrará a principios de febrero y que dirimirá si las readmisiones respetan las condiciones de trabajo que la empresa prometió.
¿Qué van a hacer ahora los trabajadores?
La plantilla de Fuenlabrada es la única que sigue perseverando en el calvario judicial ya que creen que la empresa no ha cumplido estrictamente con la sentencia y que tanto la Audiencia como el Supremo señalaron que las readmisiones tenían que ser en las mismas condicione que existían antes del ERE. CCOO ha denunciado también que Coca-Cola no ha puesto en marcha los planes para convertir Fuenlabrada en un centro puntero, tal y como aseguró la compañía, y que la actividad de los trabajadores es básicamente la de meter botellas vacías en cajas. Tras la decisión del Supremo, de la que faltan conocer los detalles, los trabajadores estudian acudir al Tribunal Constitucional por vulneración de la tutela judicial efectiva y del derecho de huelga. La plantilla de Fuenlabrada también ha anunciado su intención de recurrir al Tribunal de Estrasburgo. De momento, este domingo la plantilla ha convocado una manifestación en el centro de Madrid para exigir el cumplimiento de las sentencias “en sus términos exactos”.
