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El divorcio político de PSOE y UGT refuerza la posición de CCOO en el Congreso

Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo con Pedro Sánchez.

Ana Requena Aguilar

La renuncia de Mari Luz Rodríguez, secretaria de Empleo del PSOE, a ir en las listas del partido de Pedro Sánchez para las próximas elecciones es un movimiento con consecuencias que se extienden al movimiento sindical. Rodríguez, con un perfil afín a los sindicatos, era la mujer fuerte del PSOE en materia laboral. Su traspaso de la lista por Madrid a la de Guadalajara en las elecciones del 20D para hacer hueco a Irene Lozano ya hizo tambalear su presencia en el PSOE. El aún secretario general de UGT entonces, Cándido Méndez, instó a Rodríguez a que no abandonara las listas apelando a su compromiso con el sindicato y los derechos de los trabajadores.

Esta vez, sin embargo, nada ha frenado la decisión de Rodríguez, que quedó tocada tras el acuerdo del PSOE y Ciudadanos que desdeñaba buena parte de las propuestas laborales socialistas y daba vía verde a lo que ella consideraba un “contrato único”.

Su marcha deja al PSOE sin apenas vínculos con su central hermana, UGT. También sin apenas diputados especializados en economía o laboral. Si se repitiera el resultado de las elecciones del 20D, solo Pedro Saura tendría la experiencia necesaria para defender el programa económico socialista en el Parlamento. Y de laboral una laguna completa. Desde Ferraz, Jordi Sevilla continuaría marcando las pautas económicas sin un equipo de diputados que las defendiera en el hemiciclo. Por contra, en la confluencia contarían con Alberto Montero y Alberto Garzón y en Ciudadanos con Francisco de la Torre y Toni Roldán. En las filas del PP cuentan con Álvaro Nadal.

Algunos militantes de UGT y diputados destacados como Manuel de la Rocha o Isabel López i Chamosa, ausentes ya de las listas socialistas, sirvieron para mantener fuerte la relación con el sindicato, no exenta de tensiones. De la Rocha fue crítico con la reforma laboral que hizo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y con el apoyo a Jean-Claude Juncker como presidente de la Comisión Europea. López i Chamosa ha jugado un papel importante para UGT como miembro de la Comisión del Pacto de Toledo sobre pensiones. Antonio Gutiérrez, exsecretario general de CCOO, que también fue diputado socialista, votó contra la reforma laboral de Zapatero. Nicolás Redondo, histórico líder sindical y socialista, aseguró en una entrevista reciente en El Mundo, que votaba al PSOE “con la nariz tapada”.

En el último gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero, el ministro de Trabajo fue Valeriano Gómez, miembro de UGT. Gómez tuvo como jefe de gabinete a otro ugetista, Antonio González, y a Mari Luz Rodríguez como secretaria de Estado de Empleo. Valeriano Gómez, que cuestionó la reforma del artículo 135 de la Constitución, salió elegido diputado en las elecciones de 2011 pero abandonó su escaño a finales de 2014.

No obstante, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha dejado claro que la marcha de Mari Luz Rodríguez es un asunto interno del partido: “El PSOE hace y deshace”. Eso sí, tanto él como otras fuentes del sindicato reconocen que la relación con Rodríguez ha sido “extraordinaria”. “Una pena que una persona de su capacidad no vaya a estar en el próximo Parlamento”, ha dicho Álvarez este jueves. En el sindicato aseguran que lo importante son las propuestas y los programas, y no tanto las personas.

Si oficialmente UGT y PSOE se habían distanciado a raíz del paquete de recortes aprobado por Zapatero, (y que supuso que Rodiezmo, el santuario ugetista, dejara de ser punto de partida para el curso del PSOE), Álvarez ha cortado relaciones. Pedro Sánchez ni siquiera estuvo el día de su investidura. Ideológicamente, Álvarez se sitúa muy a la izquierda del PSOE que controla Ferraz.

CCOO y Podemos: una relación que mejora

El vínculo de Comisiones Obreras con Izquierda Unida no es de la misma naturaleza, pero el sindicato reconoce la importancia de que su “sensibilidad” llegue a la política a través de personas concretas. La exsecretaria de Empleo de CCOO, Paloma López, es, desde las últimas elecciones europeas, diputada de IU en Bruselas. Sin embargo, López se ha opuesto con fuerza a la confluencia de su partido con Podemos.

Aunque la relación del partido de Pablo Iglesias con los sindicatos comenzó de forma abrupta y extremadamente crítica, las cosas se han suavizado. “La relación ha mejorado notablemente en los últimos meses”, aseguran desde la Ejecutiva de Comisiones Obreras. Desde el sindicato creen que algunos cambios en las propuestas de Podemos tienen que ver con las conversaciones que han mantenido en el último año. Es el caso, por ejemplo, de la renta garantizada, cuya formulación actual tiene mucho que ver con la propuesta que los sindicatos han hecho sobre renta mínima.

Así, aunque CCOO pierde su tradicional apoyo en Izquierda Unida, va ganando fuerza dentro del grupo de Podemos, lo que sumado a la debilidad de UGT dentro del PSOE le da mucho más espacio de representación en el futuro hemiciclo que salga del 26-J.

Destacan, además, que miembros del sindicato han estado presentes en las listas de Podemos. Alberto Rodríguez, que fue elegido diputado y portavoz de la Comisión de Empleo, era representante de Comisiones Obreras en Repsol en Canarias. Aina Vidal Sáez, coordinadora nacional de acción joven de CCOO Cataluña, formó parte de las listas de En Comú Podem y también fue elegida diputada. Bruno Estrada, director del servicio de Estudios de la Fundación Primero de Mayo (de CCOO) ha sido un estrecho colaborador del equipo económico de Podemos.

La relación es más compleja en lugares en los que miembros de otros sindicatos, como CGT o algunos nacionalistas, tienen cargos en el partido, como Asturias o Navarra. El enfrentamiento entre las centrales es evidente y la hostilidad, también. Que ambas partes tendrán que seguir limando asperezas queda claro tras leer el documento con las cincuenta propuestas que han hecho Podemos e Izquierda Unida: hablan de derogar la reforma de las pensiones hecha unilateralmente por el Gobierno del PP pero también la aprobada por el Ejecutivo de Zapatero en 2010 y que contó con el consenso de los agentes sociales después de un proceso de negociación. “No tienen nada que ver, es algo que habrá que hablar”, concluyen desde Comisiones.

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