Los consumidores saldan al fin la moratoria nuclear, el antepenúltimo rescate de las eléctricas

32 años después de que el primer Gobierno de Felipe González decretara la paralización de las obras de cinco de los siete grupos de producción nuclear que en esos momentos estaban en construcción, los consumidores españoles han terminado este mes de pagar la factura de la moratoria nuclear, la multimillonaria compensación por esa decisión, que podría considerarse como el antepenúltimo rescate del sector eléctrico.

Hablar de “rescate” no es ninguna exageración. Así lo definió el exministro de Industria Juan Manuel Eguiagaray en un artículo publicado en 'Cuadernos de Energía' en junio de 2008: “Es conocido que en pleno proceso de transición a la democracia el sector público hubo de rescatar financieramente a las empresas eléctricas del país, que se habían embarcado en un proceso de inversión faraónico, derivado de una planificación delirante”, escribió.

Eguiagaray formaba parte del último Gobierno socialista que, unos meses antes de dejar el poder, en el Consejo de Ministros del 9 de febrero de 1996, articuló el mecanismo financiero para permitir a las compañías cobrar de una tacada esa compensación: 4.383 millones de euros, sin contar los intereses pagaderos en los siguientes 19 años.

Fue la mayor operación financiera de España hasta entonces: la creación de un fondo, nutrido a través de un porcentaje de la tarifa eléctrica que se fijó inicialmente en el 3,54% (no se redujo hasta 2005), por el que se convirtieron en bonos y préstamos los derechos de cobro reconocidos a las empresas por la paralización de las obras, que ascendían a 729.000 millones de pesetas de la época. La última orden de peajes del Ministerio de Industria fijó ese porcentaje en el 0,447 de la parte regulada del recibo. Lo abonan todos los usuarios, aunque para los grandes consumidores de energía, la parte de peajes es muy inferior a la del resto. Apenas se notará en algunas facturas.

Con ese fondo que ahora toca a su fin, las empresas pudieron cobrar todo el dinero de una vez y reducir en torno a un 20% su endeudamiento, que entonces rondaba los 3,3 billones de pesetas. 2.273 millones de euros fueron para Lemóniz I, cuya construcción estaba muy avanzada (su paralización se explica por la amenaza permanente de la banda terrorista ETA) y II (100% de Iberdrola); otros 2.043 millones fueron para Valdecaballeros I y II (Iberdrola y Endesa) y 66 millones, para Trillo II (Unión Fenosa y Endesa). Los usuarios pasaron a deber ese dinero a los bancos. El elegido para coordinar la emisión fue BBV.

Directas al colapso

Para Luis Atienza, que fue secretario de Estado de Energía entre 1992 y 1993 y presidió Red Eléctrica de España (REE) desde 2004 hasta 2012, la decisión de aplicar una moratoria en los 80 hay que entenderla, más que en clave de rechazo a la energía nuclear, en un contexto de “crisis financiera extraordinaria” para las empresas y el sistema eléctrico, que había asumido un enorme exceso de capacidad por las faraónicas inversiones lanzadas a finales de los 70, tras la primera crisis del petróleo. “Todas las empresas querían hacer nuclear, que iba a ser algo estupendo, el futuro y lo más barato. Luego resultó carísimo”, rememora el catedrático y experto en energía Ignacio Pérez Arriaga.

Con la caída de la demanda por la crisis de inicios de los 80 y el encarecimiento de la financiación de las plantas por la depreciación de la peseta (los préstamos se habían suscrito en dólares), el sistema “estaba en vías de quiebra financiera por unas inversiones muy fuertes en una tecnología que estaba resultando muy cara”, recuerda Atienza. Iba, en resumen, de cabeza hacia “un colapso” que el Gobierno de la época, sin dinero para nacionalizar el sector, “no podía permitirse”. Para Pérez-Arriaga, la indemnización se calculó “razonablemente bien, porque había unas cuentas que estaban más o menos claras”, aunque “podía ser discutible si había que pagar a todas las empresas o no”. 

La factura ha llegado hasta nuestros días a través del citado fondo, que las compañías justificaron en su momento de la siguiente forma: el recargo aplicado a la tarifa como compensación no preveía “amortización alguna, al menos hasta que la suspensión no fuese definitiva”, y “se mostró desde el primer momento insuficiente, incluso para cubrir los intereses de la deuda en que habían incurrido las empresas eléctricas”, escribía José Luis San Pedro, entonces directivo de Iberdrola, hoy consejero de la eléctrica y número dos de la compañía hasta el año pasado, en un artículo publicado en 'Cinco Días' el 20 de junio de 1996, cuando se realizó la subasta de los bonos y préstamos correspondientes a la titulización de la moratoria.

El último de los préstamos del fondo creado en 1996, que inicialmente ascendía a 1.069,80 millones de euros, se amortiza definitivamente el próximo 26 de octubre. Según las previsiones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), para este ejercicio estaba previsto desembolsar los últimos 35,7 millones. El último pago se debía desembolsar el pasado día 10.

Los otros dos rescates

Tras la moratoria de 1983 llegarían, en 1997 los costes de transición a la competencia (CTC), ya con el Gobierno Aznar, para compensar a las empresas por las teóricas pérdidas que iba a propiciar la liberalización del sector; y ya en este siglo, el alambicado y perverso sistema del déficit tarifario, una deuda multimillonaria que las eléctricas ya han cobrado y que los consumidores van a seguir pagando en sus facturas de la luz las próximas décadas como contrapartida por el uso político del recibo por parte de los Gobiernos de turno.

Para Jorge Fabra, presidente de Economistas Frente a la Crisis, primer presidente de REE y exconsejero de la extinta Comisión Nacional de la Energía, la moratoria “fue un caso típico de modificación de una normativa existente que afectaba a los inversores y establecía compensaciones para que sus efectos no fueran lesivos”. Un antecedente “que no se ha cumplido para nada en el caso de las energías renovables; cuando la regulación ha afectado a las empresas de Unesa [la patronal eléctrica], ha habido una respuesta compensatoria si había una lesión a sus expectativas legítimas; con las renovables, no”, resume.

Para Fabra, la moratoria “es el primer paso del cierre de un ciclo que deberá teminar con el cierre definitivo de Garoña, Almaraz I, en 2021 y Ascó en 2028”.