El “código de buenas prácticas” sobre desahucios solo facilitó 8 casos de dación en pago hasta junio
![Anwar con las llaves de su piso, que entregó en Febrero al banco a cambio de cancelar la deuda (cc Juan Luis Sánchez)](https://static.eldiario.es/clip/d87e7106-997e-4370-aeb9-480fb667575a_16-9-aspect-ratio_default_0.jpg)
El Código de Buenas Prácticas sobre Desahucios que aprobó el Gobierno el pasado marzo, y asumido por la totalidad de la banca española, facilitó en su primer trimestre de aplicación sólo ocho casos de dación en pago de la vivienda, según ha publicado el Ministerio de Economía en el balance oficial del código.
Según datos del Ministerio de Economía, la banca recibió entre el 11 de marzo y el 30 de junio 568 solicitudes para renegociar los créditos o extinguir la deuda mediante la entrega de la vivienda, lo que se conoce como dación en pago. De todos esos casos, se han resuelto 278 y la inmesa mayoría en contra del propietario de la vivienda: en el 81,2% de los casos la banca no aceptó la petición.
En 44 casos se ha refinanciado la deuda pendiente de pago, mientras que en solo 8 casos se ha aceptado la dación en pago como medio para saldar la deuda.
El Ministerio de Economía considera que hay que tener en cuenta que estos datos se corresponden con sólo un trimestre de aplicación del Código, “una medida que hasta ahora no se había puesto en marcha nunca en España”, y “debe darse más tiempo al código para demostrar su eficacia”, ya que “es pronto” para sacar conclusiones al respecto. En este sentido, recordó que la gran mayoría de adhesiones de entidades financieras no concluyeron hasta mediados de abril y que la comisión de control tuvo que hacer algunas labores previas.
El Gobierno no descarta rebajar las condiciones actuales, para que así otras familias –ahora excluidas por las condiciones- puedan ser protegidas por el código. Entre estos cambios, se debatirá el próximo jueves la posibilidad de reducir el mínimo de ingresos de los deudores e incluir pisos de un valor inferior.
La semana pasada el Gobierno puso en marcha una moratoria de dos años para los desahuciados que cumplieran una serie de condiciones, entre las que destacan un ingreso inferior de 19.170,4 euros anuales –del cual más del 50% va destinado al pago de la hipoteca-, y unas condiciones familiares concretas.