Tres alcaldes de la trama corrupta adjudicaron 102 millones en contratos a la energética Cofely
La macrooperación contra la corrupción que este lunes se ha saldado con la detención de más de cincuenta políticos y empresarios, incluyendo, entre otros, al exnúmero dos del PP madrileño, Francisco Granados, y al alcalde de Parla, el socialista José María Fraile, ha salpicado de lleno a una de las mayores empresas energéticas del mundo, la francobelga GDF Suez, por las supuestas comisiones ilegales abonadas por una de sus filiales, Cofely, dedicada a los servicios energéticos.
En los dos últimos años, y según datos recogidos del portal de contratación del Estado y de la propia web de la compañía, esta empresa se ha adjudicado un mínimo de 29 contratos públicos por un importe agregado de 108,3 millones de euros.
La inmensa mayoría de esa cifra, 102,7 millones, corresponde a tres grandes contratos adjudicados por ayuntamientos madrileños cuyos máximos responsables fueron detenidos ayer: Parla, gobernado por Fraile; Collado Villalba, encabezado por el popular Agustín Juárez; y Serranillos del Valle, que gobierna Antonio Sánchez Fernández, de la formación Unión Democrática Madrileña (UDMA).
El contrato de Parla (124.208 habitantes), que no está en el portal de contratación del Estado pero sí figuraba hasta hace unas horas en la web de la propia empresa, es el de mayor importe: 54,7 millones de euros por un “contrato de servicios energéticos para diversas instalaciones municipales (edificios, alumbrado público y semáforos)”, con una duración “superior a 15 años”, según anunció la empresa en julio de 2013. Este martes, tras el aluvión de informaciones sobre las adjudicaciones que ha logrado en sus últimos años, la empresa ha borrado esta información de su web, informa Europa Press.
El siguiente contrato es el adjudicado por el Ayuntamiento de Collado Villalba, un municipio de 61.955 habitantes en la sierra de Madrid, en concepto de “Gestión del servicio público de los servicios energéticos, mantenimiento de las instalaciones de los edificios municipales y de alumbrado público y mejora de la eficiencia energética” por importe de 42.915.233,75 euros. Fue adjudicado en sesión extraordinaria el pasado 13 de mayo por catorce votos a favor, seis en contra y dos abstenciones, según recoge el anuncio de adjudicación.
El tercer contrato fue adjudicado hace poco más de un mes (el pasado 2 de septiembre) por el Consistorio de Serranillos del Valle (4.100 habitantes) por un importe de 5,088 millones de euros, un plazo de quince años y un objeto similar: “Servicios energéticos y mantenimiento con garantía total de las instalaciones municipales y alumbrado público”.
La Guardia Civil ha detenido a cuatro altos cargos de Cofely, los directores general y comercial de esta empresa, radicada en Madrid, así como a otros dos directivos, al entender que a través de esta sociedad los ayuntamientos implicados contrataban servicios a cambio de adjudicaciones.
Cofely, que está considerada como uno de los centros de la trama de corrupción investigada en la denominada operación Púnica, según fuentes de la investigación citadas por Efe, tiene unos 2.500 empleados en España y es una de las divisiones de GDF Suez, una de las mayores empresas energéticas del mundo, que en conjunto emplea a más de 13.000 personas en España a través de sus diferentes divisiones.
La filial Cofely, que no ha atendido las llamadas de eldiario.es, contrató a principios del año pasado al exvicealcalde de Madrid Miguel Ángel Villanueva, que dimitió con la “conciencia tranquila”, como explicó en rueda de prensa, dos meses después de la tragedia del Madrid Arena, de la que este sábado se cumplen dos años. Villanueva, un veterano de la política local madrileña, no es el único expolítico al que ha dado cobijo GDF Suez.
Su filial de energía tuvo en nómina durante cerca de un año al ex secretario de Estado Benigno Blanco, presidente del ultraderechista Foro Español de la Familia. Abogado en ejercicio, Blanco, que fue secretario de Estado durante toda la etapa de José María Aznar (entre 1996 y 2000, de Aguas y Costas; entre 2000 y 2004, de Infraestructuras) y, anteriormente, el responsable de los servicios jurídicos de Iberdrola, estuvo en el consejo de GDF Suez España hasta que, a mediados del año pasado, la empresa fichó a Javier Rodríguez Pellitero, actual responsable de los servicios jurídicos de la patronal bancaria AEB y director general del Servicio Jurídico de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) desde 2007 hasta principios de 2010.