La educación financiera da “independencia” a las personas en situación de exclusión social
Crédito, depósito a plazo fijo, cuenta corriente, estar en números rojos, seguro de vida o de hogar, entre otros, son términos financieros que la mayor parte de la población española –a pesar de contar con una cultura financiera por debajo de muchos países occidentales- es capaz de comprender. Sin embargo, hay una parte sustancial de la población que, bien por pertenecer a clases sociales bajas en riesgo de exclusión o por padecer deficiencias intelectuales, se ve obligada a realizar sobreesfuerzos para comprender hasta los conceptos financieros más sencillos.
Pero las capacidades intelectuales de estas capas sociales no son las únicas responsables de que el mundo financiero esté fuera de su alcance. La mayor complejidad de los productos bancarios, unida a un lenguaje espeso y muchas veces plagado de anglicismos, son los dos grandes obstáculos para que se produzca una auténtica inclusión financiera.
“Nuestra socia llegó un día y nos dijo que habíamos alcanzado el break-even en la compañía. Me asusté al oír la expresión, porque no entendí el significado, pero me tranquilicé después de que me explicara que íbamos muy bien, que los ingresos de la empresa eran iguales a los gastos”, rememora Raquel Cárcamo, socia fundadora de la Cooperativa Altavoz, que trabaja para lograr la integración social de personas con discapacidad. Tres de sus cuatro socios son personas con diversidad funcional y cuenta con el apoyo de Barclays.
Asociaciones como la Fundación ONCE trabajan para lograr una mayor inclusión financiera. La entidad ha desarrollado, junto con Citi y la Fundación Aprocor, el proyecto “Finanzas inclusivas”. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España, que han aportado los distintos materiales para el proyecto que, en una primera fase, se centra en la inclusión de personas con discapacidad y dificultades de aprendizaje. Un total de 44 entidades y 488 usuarios de diferentes colectivos han utilizado la herramienta. El acceso a “Finanzas inclusivas” es gratuito y en él se abordan contenidos financieros relacionados con el dinero y su uso, el trabajo o el ahorro, entre otras cuestiones.
Por su parte, el manual 'Finanzas accesibles para todas las personas' recoge una serie de recomendaciones y directrices con el objetivo de que toda la cadena de valor, desde las oficinas, las páginas web, cajeros automáticos y la atención personal, se lleve a cabo de una manera inclusiva.
“Ganan en independencia”
Leticia Avendaño, directora de la Fundación Aprocor, reconoce que esta nació “de un proceso de escucha de las personas que no sabían gestionar su dinero”. Sus talleres de formación han permitido realizar cambios importantes en los ciudadanos, de tal forma que “ganan en independencia, autoestima e integración social”. Como ejemplo, explicó un caso en el que enseñaron a utilizar una tarjeta en un cajero automático. Sus cursos se imparten online con apoyo de profesionales de forma presencial.
El uso de las nuevas tecnologías es otro aspecto de gran relevancia para que la cultura financiera llegue a todos. Pilar Villarino, directora del Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), recibe con agrado cualquier aplicación o avance tecnológico que contribuya a aumentar la educación financiera, que “es esencial para la autonomía de las personas”.
Las entidades financieras también quieren aportar su granito de arena a la inclusión social en sus políticas de Responsabilidad Social Corporativa. Citi, además de participar en el proyecto “Finanzas inclusivas” de la Once, colabora con la Fundación Síndrome de Down y con al Fundación Carmen Pardo-Valcarce en programas de promoción de inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual.
Banco Santander cuenta, entre otros, con su programa “Finanzas para Mortales”, de la que se benefician instituciones como Cruz Roja. Además, apoya el acceso a la educación financiera con iniciativas como “Aprender Trabajando”, que proporciona conocimientos financieros necesarios a colectivos en riesgo de exclusión. Desde algunas asociaciones de usuarios de banca acusan a estas iniciativas de “lavado de cara” tras las tropelías cometidas durante la crisis.
