La debacle electoral del PP aniquila el 'fracking', deja en vilo el almacén nuclear y mete miedo a las eléctricas

“En las empresas energéticas estarán nerviosos”, resumía este lunes un analista del sector, que pide el anonimato, ante el batacazo electoral que se ha pegado el PP en las elecciones autonómicas y municipales y los cambios que puede implicar el nuevo juego de mayorías para el negocio de eléctricas y petroleras, un escenario político que fuentes próximas a las empresas califican de “convulsión”.

Las propuestas energéticas lanzadas por las candidaturas de unidad popular para las municipales, por un lado, y las incluidas en los programas electorales para las autonómicas de los dos partidos que parecen condenados a entenderse en ese ámbito, Podemos y el PSOE, por otro, permiten dibujar un escenario muy diferente al actual en este ámbito (en materia energética, las propuestas de esas dos formaciones iban muy a la par). “Si nos creemos que los partidos cumplen sus programas electorales, sin duda, van a cambiar cosas”, corrobora Jorge Morales de Labra, vicepresidente de la Fundación Renovables.

Estos son sólo algunos de los aspectos candentes del sector para los que el 24-M puede tener consecuencias:

'Fracking': el incipiente 'boom' de la fractura hidráulica lleva tiempo parado en seco, aunque el Gobierno central no renuncia, ni mucho menos, a esta técnica. Siguiendo las directrices de FAES, el 'think tank' del PP, ha intentado impulsarla a través de la nueva Ley de Hidrocarburos, en vigor desde la víspera de las elecciones. Sin embargo, a escala autonómica, el PP ha perdido la mayoría absoluta en Castilla y León y no gobernará (o tiene muy difícil hacerlo) en otros territorios en los que se supone que hay bolsas de gas de esquisto, como Aragón, Cantabria o Asturias. Con este escenario, “el fracking está KO si obviamos la cuestión de que en España no parece que haya recursos de este tipo”, resume un experto. En el ámbito de las prospecciones (como las de Baleares), el Gobierno se ha asegurado la competencia estatal para autorizarlas, pero en las declaraciones de impacto ambiental (DIA) las autonomías tienen mucho que decir.

Garoña: el futuro de la central nuclear más antigua de España pasa por lo que dictamine el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) pero el calendario corre en contra de sus propietarias, Endesa e Iberdrola. La reapertura de la planta es una apuesta del Gobierno de Rajoy que cuenta con la oposición de Podemos y del PSOE, que no se atrevió a clausurarla en su momento durante la era Zapatero y ahora aboga por su cierre definitivo. A más largo plazo, los socialistas son partidarios de un plan para el cierre progresivo del resto de centrales nucleares, coincidiendo con el final de la vida útil años de los reactores, que el actual Gobierno ha planteado alargar de los actuales 40 años a los 60.

Almacén nuclear: la amarga victoria de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, sin mayoría suficiente para gobernar, puede suponer la puntilla para el almacén temporal centralizado de residuos nucleares (ATC) de alta actividad que el Gobierno central decidió construir, a instancias de la secretaria general del PP, en Villar de Cañas (Cuenca). El proyecto está en stand-by y la dupla formada por PSOE y Podemos, que pueden gobernar la región en coalición, está en contra de llevarlo a cabo. Si finalmente no hay ATC, surgirá el problema de dónde meter los residuos, porque las piscinas de las centrales que los almacenan provisionalmente están muy cerca de saturarse.

Pobreza energética: uno de los pilares del “Plan de Rescate Ciudadano” del programa de Podemos era un “rescate energético” que garantizase “un mínimo vital de subsistencia de los suministros de luz y gas”, cuyo “carácter de servicio público” prometía recuperar. El programa del partido de Pablo Iglesias abría la puerta a que las comunidades autónomas creen incluso sus propias comercializadoras de energía eléctrica, de titularidad pública, “para asegurar, entre otras políticas, el «rescate energético» de las personas aquejadas de pobreza energética”. En Barcelona, la futura alcaldesa, Ada Colau, ha propuesto crear un operador energético municipal que, entre otras cosas, subvencione a aquellos que no puedan pagar la factura de la luz, y en Madrid, Manuela Carmena también ha prometido “tomar medidas” contra un problema que afecta a entre cuatro y siete millones de personas, según las estimaciones.

Eficiencia energética: otra cuestión arrinconada por el Gobierno central que puede retomar el brío ante el previsible cambio político. Prácticamente toda la oposición al PP se ha adherido a un manifiesto por los municipios sostenibles presentado a principios de abril por la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y la Fundación Renovables por el que se comprometen a llevar a cabo políticas energéticas social y ambientalmente sostenibles, entre otras propuestas.

Energías renovables: el PSOE ha hecho una enmienda a la totalidad a la política de recortes a las renovables de la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Y, mientras a España le llueven las demandas de inversores internacionales contra esas decisiones y las que luego ha tomado (corregidas y aumentadas) el Gobierno de Rajoy, los socialistas han prometido recuperar el impulso a las energías limpias, una propuesta que comparten con Podemos.

Autoconsumo: supuestamente, el Ministerio de Industria va a aprobar en junio el polémico decreto que impondrá a los autoproductores un peaje de respaldo (obligar a cada pequeño productor a pagar por verter o consumir energía de la red eléctrica) que, en la práctica, aniquilaría esta alternativa energética antes de nacer. Pero hay quien tiene serias dudas de que José Manuel Soria se atreva a abrir un nuevo incendio a escasos meses de las generales, sobre todo tras los resultados electorales de este domingo.

Mercado eléctrico: es una competencia del Ministerio de Industria, pero la reforma del mercado mayorista para poner fin a la sobrerretribución en forma de 'beneficios caídos del cielo' que, supuestamente, cada año se embolsan nucleares e hidroeléctricas (unos 2.000 millones de euros para instalaciones que, según los defensores de esta tesis, están sobradamente amortizadas), es una cuestión clave sobre la que parece haber consenso en la izquierda. Supondría una convulsión para el sector.

Proyecto gasista de Gas Natural en Doñana: tras las elecciones andaluzas, la Junta ha vetado el proyecto de la eléctrica para convertir el subsuelo del Espacio Natural de Doñana en un almacén permanente de gas, al autorizarlo sólo fuera de los límites del parque. Una decisión que puede leerse en clave de posible alianza entre Susana Díaz y Podemos, que ha rechazado esta infraestructura.