Casi un tercio de las compañías del Ibex 35 elude un “código de buenas prácticas” con Hacienda
Casi siete años después de su puesta en marcha, diez empresas del Ibex 35, entre ellas tres en las que el Estado es el mayor accionista, todavía no han firmado un “código de buenas prácticas tributarias” impulsado en julio de 2010 por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para intentar mejorar la cooperación público-privada en la prevención y la lucha contra el fraude fiscal.
Actualmente aparecen adheridas a este código voluntario 122 sociedades nacionales y extranjeras. Entre ellas, algunas de las grandes del Ibex (como Santander, BBVA, Telefónica, Repsol o Iberdrola) y gigantes no cotizados como El Corte Inglés o Mercadona. Sin embargo, todavía hay diez firmas del Ibex que no han suscrito este mecanismo, por el que las compañías se comprometen a ser más transparentes y a cooperar contra el fraude fiscal, mientras la administración aumenta la seguridad jurídica en la interpretación de las normas tributarias.
Las compañías del Ibex que de momento no lo han firmado, un 28% de los miembros del selectivo, son Aena, Cellnex (aunque sí su mayor accionista, Abertis), los supermercados DIA, Enagás, Grifols, IAG (que dice que su filial española, Iberia, lo suscribió “en representación” de la multinacional), Indra, Meliá, Merlin Properties, Técnicas Reunidas y Viscofan.
En Aena, Indra y Enagás, el mayor accionista es el Estado, pero a diferencia de Bankia (que se adhirió el 31 de marzo de 2016) o Red Eléctrica (desde septiembre de 2015), todavía no se han sumado.
“Aena aún no se ha adherido al Código de Buenas Prácticas Tributarias, si bien está plenamente comprometida a cumplir con las mejores prácticas de gobierno corporativo, transparencia, cooperación en asuntos fiscales y en colaboración con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en la detección del fraude”, según recoge el último informe de gobierno corporativo de la empresa aeroportuaria, que tiene como mayor accionista privado a un fondo radicado en el paraíso fiscal de Islas Caimán y de la que el Estado es el socio mayoritario con un 51% en manos de Enaire, del Ministerio de Fomento.
En Indra y Enagás, el Estado tiene, respectivamente, un 20% y un 5% en manos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que depende del Ministerio de Hacienda. Indra no ha respondido a las preguntas de eldiario.es sobre este asunto, mientras que fuentes de Enagás señalan que el consejo de la compañía ya ha aprobado la adhesión al código, que previsiblemente se producirá este año.
La SEPI es el único accionista significativo que se sienta en el máximo órgano de gestión de la empresa gasista y, por ley, es el único que no tiene limitados sus derechos políticos.
“Borrón y cuenta nueva”
¿Sirve para algo estar adherido a este código? El presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), José Luis Groba, considera que este mecanismo es “necesario” porque supone un “borrón y cuenta nueva” en la, muchas veces, conflictiva relación entre las grandes empresas y la Administración tributaria, caracterizada por “una gran pérdida de confianza mutua” entre las partes.
Groba, que critica que compañías con participación pública no estén adheridas a él (“Si empresas absolutamente privadas lo han firmado, no entendemos por qué no están”), compara su implementación con la cooperación internacional en el ámbito tributario, en la que “las cosas van muy lentas”. En cualquier caso, opina que lo importante es que “el balón eche a rodar y ver cómo evoluciona”.
Las bases de este código se sentaron en 2010 pero fue en 2015 cuando se explicitaron sus primeras conclusiones y se fijaron una serie de conductas para verificar su cumplimiento por parte de las empresas y la Administración tributaria. La adhesión a él incluye un conjunto de recomendaciones para evitar la utilización de estructuras fiduciarias opacas, intensificar la colaboración en la detección de prácticas fraudulentas y mejorar la información sobre las políticas fiscales aplicadas.
Según fuentes de la AEAT, con este mecanismo “se trata de propiciar un conocimiento temprano y evaluación de la política fiscal y de gestión de riesgos fiscales de las empresas, anticipando el análisis de la AEAT sobre su comportamiento. El objetivo es que la empresa ofrezca información, preferentemente con anterioridad a la finalización del plazo reglamentario de presentación de las declaraciones en la medida en que esté disponible”.
A partir de este esquema general, desde 2016 las empresas adheridas al código que lo desean “están comenzando paulatinamente a presentar informes anuales de transparencia fiscal, de acuerdo con el anexo al Código para el reforzamiento de las buenas prácticas de transparencia fiscal empresarial”, explica la agencia.
Se trata de entregar información sobre ciertos aspectos de su actividad “que abarcan desde la explicación sobre la presencia en paraísos fiscales, la estructura de financiación de los grupos empresariales, el grado de congruencia de su actividad con los principios de las acciones del denominado ‘Paquete BEPS’ de la OCDE, la explicación de las operaciones societarias más significativas, la estrategia fiscal del grupo aprobada por los órganos de gobierno y el catálogo de operaciones que se someten al consejo de administración de la entidad, entre otra información”.
También figura entre esa información voluntaria el catálogo de operaciones fiscales sometidas al consejo de administración (cómo se determinan las operaciones de especial riesgo fiscal cuya aprobación debe someterse a ese órgano), las instrucciones en materia de prevención de operaciones ilícitas, blanqueo o alzamiento de bienes y la explicación de los principales litigios fiscales existentes.
El código tampoco es la panacea en la prevención del fraude. Entre las grandes empresas adheridas (desde julio de 2014) está la farmacéutica Almirall, cuyos dueños, los hermanos Gallardo Ballart, se acogieron en noviembre 2012 a la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro, como reveló en junio pasado la investigación de Los Papeles de Castellana. Unas semanas después de que trascendiese esa amnistía millonaria, Hacienda abrió una inspección a la empresa.
