El 94% de empresas del Ibex 35 tenían presencia en paraísos fiscales en 2011

El 94% de las empresas del Ibex 35 tenían presencia en paraísos fiscales en 2011 -un 8% más que en 2010-, lo que supone 33 de las 35 empresas que forman el selectivo español, según recoge el informe 'La Responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las empresas del Ibex 35', realizado por el Observatorio de la RSC.

El director del estudio, Carlos Cordero, ha explicado que “desde el inicio de la crisis, en vez de decrecer la presencia de las empresas españolas en paraísos fiscales ha aumentado muy significativamente”.

“Todas las empresas del Ibex 35 tienen presencia en estos territorios, pero de éstas al menos dos han informado de que su actividad se debe a operaciones que se desarrollan en esa misma zona. Mientras que el resto de las empresas que cotizan en el Ibex 35 tienen presencia en paraísos fiscales por motivos distintos a los operativos o comerciales”, ha precisado.

Asimismo, Cordero ha señalado que “no hay ninguna empresa que informe sobre los impuestos pagados o subvenciones recibidas país a país, por lo que es muy difícil entender cuál es la transparencia fiscal de cada una de ellas o su responsabilidad fiscal”. “Las empresas apenas pagaron el 11,6 por ciento de sus resultados contables, frente a las familias que en ese mismo ejercicio pagaron más de un 12 por ciento, aquí la proporcionalidad de la contribución en tiempos de crisis es totalmente desequilibrada”, ha denunciado.

En lo referido a la progresión de la presencia del número de sociedades en paraísos fiscales, el análisis muestra que durante el año 2009, el número de filiales españolas en estos territorios era de 273, frente a las 354 de 2010 y las 437 que había en 2011, lo que supone un incremento del 23 por ciento en 2011 respecto a 2010 y del 60 por ciento en relación a 2009.

El texto apunta también que los principales territorios considerados como paraísos fiscales preferidos por las empresas del Ibex 35 son Delaware en Estados Unidos, con 115 filiales; seguido de Holanda, con 85; y Luxemburgo, con 30 entidades españolas.

Ausencia de información

Por otro lado, el documento subraya la “escasa información” que las empresas proporcionan en sus memorias anuales, la cual además ha disminuido durante el ejercicio de 2011. Además, Cordero ha manifestado que se han detectado “ausencias de transparencia que generan preocupaciones y riesgos sobre aspectos económicos, sociales y medioambientales de la gestión que desarrollan las empresas”. “La calidad de información en vez de mejorar ha sufrido un leve descenso --ha añadido--. En 2011 cuatro empresas han ofrecido una información puramente anecdótica, casi nula”.

Para el director del informe, la corrupción es uno de los temas “más relevantes para la sociedad española”. Así, ha indicado que hasta el momento hay siete empresas que “no han realizado un reconocimiento expreso contra la corrupción y los sobornos”. “Desde el 2009 continua el descenso de las empresas que detallaban la corrupción de funcionarios, pasando de 12 en 2009 a 6 en el año 2011; también la información sobre incidencia política es prácticamente ausente”, ha apostillado.

Además, ha planteado que hay una presencia “muy elevada” de directivos en los consejos que en los diez últimos años han ostentado cargos políticos. “Al menos el 7 por ciento de los consejeros de empresas del Ibex 35, en los últimos años habían tenido altos cargos en la administración pública como ministros o secretarios de estado, por lo que podríamos decir que nos encontramos ante lo que la Unión Europea considera un problema grave en el 'Buen Gobierno', como es el problema de 'puerta giratoria'”, ha expuesto.

“También llama la atención que durante 2011 hubiera 260 directivos con cláusulas de blindaje ubicados en 31 empresas de las 35, solamente son cuatro las empresas que informaron que ninguno de los miembros de su alta dirección está protegido por estas cláusulas”, ha manifestado Cordero.

En cuanto a los derechos humanos, el texto revela que son “muy pocas” las empresas que siguen los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. Ante esto, Cordero ha señalado que “muy pocas aportan información relevante sobre el concepto de 'Debida Diligencia' y sobre la responsabilidad de respetar los derechos humanos allá donde operen --trabajo infantil o seguridad laboral--”.

Asimismo, el creador del estudio ha lamentado la falta de datos que aportan las empresas sobre derechos laborales, sobre cuestiones medioambientales e impactos de sus acciones, sobre sistemas de gestión de la responsabilidad social corporativa, así como la falta de información sobre el derecho de los consumidores.

Por último, el análisis indica que el tema de la opacidad “sigue siendo la tónica en lo que respecta al blindaje de los cargos directivos” y recuerda que tan sólo una de las 35 empresas “aporta información al respecto y exige que se informe de qué órgano autoriza los blindajes, y sólo dos empresas establecen una relación entre la remuneración directiva y la consecución de objetivos no financiero”.