Soria, el ministro que mató a las renovables, rescató al Castor y creó el 'impuesto al sol'

“Una tarea de ejemplaridad” en la que “el número de aciertos sea superior al número de errores” y llevada a cabo “siempre, siempre, con humildad”. Con estas promesas arrancó la legislatura el hasta hoy ministro de Industria, Energía y Turismo en funciones, José Manuel Soria, el día de su toma de posesión, el 22 de diciembre de 2011, cuando el político canario recogió la cartera de manos de Miguel Sebastián.

Ante la atenta mirada de, entre otras distinguidas personalidades, Esperanza Aguirre (a la que meses después colocaría fugazmente como asesora en Turismo, tras la espantada temporal de la política de la expresidenta de la Comunidad de Madrid), Soria sorprendía al auditorio con una breve rueda de prensa en la que, huelga decirlo, minutos después de llegar al cargo, poco tenía que contar.

La anécdota resume la palabra que podría definir la gestión de Soria en estos años al frente de un Ministerio desde el que se gestiona más de la mitad del PIB de España. Esa palabra es verborrea. “Verbosidad excesiva”, en definición de la RAE. La misma que ha propiciado que, en muchas ocasiones, la realidad desmonte las afirmaciones del ministro, y que se ha llevado por delante al canario por las confusas explicaciones que, una hora sí y otra también, ha venido ofreciendo en los últimos días por el escándalo de sus sociedades ocultas en los paraísos fiscales de Bahamas y Jersey. Una verborrea inversamente proporcional al oscurantismo con el que se ha manejado su Ministerio durante toda la legislatura y que quedó patente ante el primer gran contratiempo de Soria, la expropiación de YPF a Repsol, en abril de 2012, por la que se apresuró a amenazar a Argentina con unas “consecuencias” que nadie sabe muy bien en qué quedaron.

En el ámbito energético, la pata más conflictiva de su Ministerio, Soria intentó desde el primer momento recoger las recetas de FAES, la fundación de su admirado José María Aznar. Primero, con el fichaje de personas cercanas a ese think tank como su primer secretario de Energía, Fernando Martí (posteriormente recolocado en el Consejo de Seguridad Nuclear) y su sucesor, Alberto Nadal, hermano del poderoso jefe de la Oficina Económica de Moncloa, Álvaro Nadal.

Y, en lo mollar, la ejecución de las políticas, con su apoyo (estéril) a las frustradas prospecciones de Repsol en Canarias, su intento de hacer despegar al fracking mientras su hermano y compañero de correrías en Jersey y Bahamas, Luis Soria, se metía casualmente en el negocio petrolero; su escepticismo hacia las energías renovables, ejemplificado en el impuesto al sol que preconizaban las eléctricas para frenar el autoconsumo fotovoltaico (para asombro en publicaciones internacionales de prestigio, como Forbes) o un entusiasmo por la energía atómica que no ha terminado de concretarse por el abrumador peso de los acontecimientos. Tras el desastre de Fukushima (marzo de 2011), Soria tuvo que envainarse el “renacer nuclear” que propugnaba el laboratorio de ideas de los conservadores y ni siquiera ha visto cumplirse la promesa de reabrir la central nuclear de Santa María de Garoña.

Un sector patas arriba

En estos cuatro años, el político canario ha puesto patas arriba el sector eléctrico en su afán por poner fin al multimillonario déficit de tarifa (diferencia entre ingresos y costes del sistema eléctrico), cuya solución planteó como prioridad Mariano Rajoy en su discurso de investidura, en diciembre de 2011. En el haber de Soria está haber logrado que el sistema eléctrico arrojase superávit en 2014 por primera vez desde 2002, cuando, por cortesía de Rodrigo Rato, empezó a generarse esta enorme bola de nieve que los consumidores pagan con intereses a las eléctricas en su factura de la luz.

Tras la reforma eléctrica, en cuya gestación Soria se enfrentó públicamente con su homólogo de Hacienda, Cristóbal Montoro, el precio a pagar ha sido muy alto. Por los usuarios, que en estos años han visto dispararse (todavía más) el recibo de la luz, por más que Soria negase la mayor, mientras el Ministerio hacía caso omiso del acuciante problema de la pobreza energética. Y por un reparto del ajuste que no ha sido equitativo. Las energías renovables han sido las principales perjudicadas y el sector que un día fue pujante ha quedado reducido a chatarra en manos de inversores especulativos. España se ha convertido, por obra y gracia de la reforma eléctrica, en uno de los líderes mundiales en denuncias de inversores internacionales por los recortes sufridos a su retribución. Ya está en el podio mundial en el ránking de demandas de arbitraje ante el Banco Mundial, a la altura de Argentina y Venezuela.

Otra patata caliente de su legislatura ha sido la gestión de otro desastre heredado, el del almacén de gas Castor, cuyo fiasco se ha saldado con una indemnización multimillonaria para su promotor, un consorcio controlado por la constructora ACS, a la espera de un informe sobre el riesgo sísmico de la instalación encargado al Instituto Tecnológico de Massachussets que no llegará a los despachos del ministerio hasta el segundo semestre de este año. En materia industrial, su principal desafío, ya en la recta final de la legislatura, ha sido la gestión del escándalo Volkswagen, con serias implicaciones para España por la amplia presencia del grupo alemán, y en el que Soria no ha dudado en tomar partido siempre por la compañía, a veces, por detrás de los hechos.

En el debe de Soria también está su desprecio a las políticas de ahorro energético, su caprichoso reparto de las licencias de la televisión digital terrestre (TDT) o su incapacidad para poner fin al entuerto del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos atómicos que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se empeñó en ubicar en Villar de Cañas (Cuenca) pese a las incertidumbres que entonces (y ahora) pesan sobre los terrenos elegidos.

En el camino, vio caer a su amigo el exsenador Francisco Gil-Ortega de la presidencia de la empresa encargada de promover el basurero nuclear, Enresa, tutelada por Industria. Una de las primeras decisiones de Gil-Ortega (dimitido en febrero de 2015 tras un escándalo de gastos personales cargados a su tarjeta corporativa) fue nombrar fedatario de Enresa a un notario con despacho en la calle Maldonado de Madrid, José Luis Ruiz Abad, que es un viejo conocido de Soria en algunos de sus negocios. Casualmente, Enresa dejó de trabajar con él hace aproximadamente un mes, poco antes de que comenzaran los rumores sobre la implicación del ya exministro de Industria en el escándalo de los Papeles de Panamá.