Un error formal del PP permitirá debatir en el Congreso la reforma de la regla de gasto por la que se interviene Madrid
El PP ha presentado cuatro minutos después de que terminase el plazo estipulado su veto a la tramitación parlamentaria de la proposición de ley de Unidos Podemos-En Comú-En Marea en la que piden reformar la regla de gasto en los ayuntamientos con las cuentas más saneadas. Aunque han intentado hacer pasar por bueno el veto presentado fuera de plazo, tras una discusión en la Mesa del Congreso (donde se ordenan los trabajos de la Cámara) se ha decidido mantener viva la iniciativa.
De este modo, el Congreso deberá debatir y los grupos posicionarse sobre una proposición de ley para que la regla de gasto, que limita las inversiones en las administraciones públicas, no se aplique en los ayuntamientos que tengan sus cuentas en mejores condiciones. Para ello, según la propuesta, las corporaciones locales deberán contar con superávit, tener un nivel de deuda menor al 110% y cumplir con sus pagos a proveedores con tiempo inferior a los 30 días.
Esta limitación se deriva de la reforma del artículo 135 de la Constitución y de la consecuente Ley de Estabilidad Presupuestaria, que fija una serie de criterios y herramientas para controlar las cuentas de las diferentes administraciones públicas, entre ellas la regla de gasto.
Unidos Podemos trata de flexibilizar su aplicación para que los ayuntamientos puedan dedicar el superávit obtenido a inversiones públicas, pues creen que no tiene sentido fijar un tope de gasto en supuestos como los del Ayuntamiento de Madrid, donde a pesar de contar con 1.022 millones de euros de superávit en 2016 y haber reducido el nivel de deuda, el Ministerio de Hacienda y Función Pública cuestiona sus cuentas por haber superado su umbral de gasto en 234 millones de euros.
El Gobierno invocaba para vetar el debate el artículo 134.6 de la Constitución, en el que se que establece que “toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación”. El Ejecutivo afirma que suya es la potestad presupuestaria y que este artículo evita precisamente que las Cortes Generales “invadan” dicha competencia. Pero el error formal cometido les va a impedir que la iniciativa parlamentaria decaiga en esta ocasión.
