Los mineros vuelven a estar en una situación límite
Los mineros y las cuencas carboneras españolas se preparan. No saben aún si “para morir matando” como se presumiría de ellos, o si tal vez sólo para bajar la tapa de un cierre que el Gobierno de PP planea de aquí a 2015. La Marcha Negra de julio y su épico recibimiento en Madrid no sirvieron para mucho.
2.500 mineros, la totalidad de los leoneses y buena parte de los asturianos, no cobran desde hace más de un mes: la mitad de los que quedan en España. Arrastran además retrasos en los pagos desde octubre y contemplan cómo comienzan los despidos. El mayor empresario carbonero del país, Victorino Alonso, acaba de formalizar más de 500 –los últimos este mismo martes- y pretende o ejecuta rebajas de sueldo de entre el 5% y el 37% para 1.400 de sus obreros aún restantes en el sector, o vinculados a él, en León, Asturias y Palencia.
Tras la huelga del verano ya no regresaron al trabajo más de medio millar de operarios de subcontratas, de las que las matrices prescindieron. Hoy, otros cerca de 350 obreros del grupo Viloria, en el Bierzo, permanecen en ERE de suspensión temporal. La Hullera Vasco-Leonesa adeuda un mes a cerca de medio millar de obreros. La Compañía General Minera de Teruel tiene de vacaciones a sus empleados, a la espera de acontecimientos en los próximos días. Y en el resto de Aragón (520 mineros), de Asturias (dos millares en Hunosa), León y Palencia (otro centenar además de los anteriores) o en Puertollano (120) es previsible que pase algo parecido si de aquí al día 13 diversas reuniones no ofrecen resultados.
Desde este lunes los mineros del norte de León y del suroccidente asturiano impedirán el paso de carbón importado hacia las térmicas que, además, han dejado de comprar el nacional. Es una primera medida de presión. Pero el conflicto puede radicalizarse en 15 días, si la tensión larvada y el enfado por los impagos aumentan.
Por primera vez el sector más emblemático del movimiento obrero ha perdido una batalla contra el Gobierno. No han servido ni la Marcha Negra de 2012, ni las brutales movilizaciones de la primavera y el verano, que ha dejado exhaustos a los mineros, desmoralizados y hasta descolocados. La situación que les hizo entrar en Madrid el 10 de julio a pie y como héroes no ha cambiado.
Hunosa, estratégica excepción
Sólo la mina pública estatal Hunosa opera sin aparentes problemas. Las térmicas no le compran carbón, ni recibe los subsidios publicados en el BOE para el conjunto del sector. Sin ingreso alguno, es la única que no se ha manifestado ahogada, a diferencia del resto de la patronal Carbunión. Algunas voces apuntan en privado que el Gobierno le facilita “ayudas encubiertas” a través de su matriz, la Sepi, que “es la que paga” para que cobren sus 1.700 mineros, más los 300 de subcontratas. El Gobierno, dicen, sabe que si estalla Hunosa arrastra a la calle a todo el sector.
El sector depende de los subsidios: como el automovilístico, el agrario o el resto del energético por otra parte. Cada minero auspicia otros cuatro puestos de trabajo indirectos. Como ejemplo, en León la minería supone un 20% de su PIB: 12.000 familias dependen de esa actividad económica. Se cifran en más de 30.000 en España. Castilla y León reconoce que 70.000 personas en la comunidad dependen del carbón.
Comarcas enteras quedarían abandonadas y despobladas. Porque otra de las decisiones del Gobierno Rajoy es no renovar el plan de desarrollo alternativo 2006-2012. Lo poco que se ha hecho hasta ahora en crear alternativas queda parado o abandonado, aunque el martes el ministro Soria trató de justificarse diciendo que lo que va a quitar de ayudas al sector lo va a destinar a reconversión. Hasta ahora se ha negado a negociar nada: no recibe a los interlocutores sociales desde antes del verano.
186 millones de euros que no llegaron
Desde que Soria es ministro, Industria adeuda al sector 75 millones de euros del último trimestre de 2011 y los 111 millones de 2012 (cerca de un 70% de recorte respecto al año anterior). Cumplido enero, falta también la orden que fija las producciones de carbón para 2013. Incluye 154 millones más en ayudas para compensar la diferencia entre precio de carbón importado y nacional.
A todo esto, se suma la normativa. En 2010 el Gobierno de Zapatero logró de Bruselas que le dejase obligar a las eléctricas a comprar carbón nacional por razones de seguridad energética, a lo que se opuso parte del PP. A cambio, tuvo que recuperar un incentivo a las térmicas por quemar mineral autóctono. La UE autorizó la medida hasta 2014 inclusive. Al no estar actualizado para 2013, las eléctricas han vuelto a decir que no compran carbón español, más caro que el que llega en barcos.
En esta tesitura el PP ha negado con su veto la comparecencia en el Congreso del ministro para dar explicaciones.
Golpe al medio ambiente y contradicciones
En los últimos días se ha conocido que el Gobierno no piensa prorrogar el decreto. Y que eliminará las ayudas a las minas en 2015, a pesar de que la decisión europea que las regula las permite hasta 2018 con carácter decreciente. Aunque de forma contradictoria, reduce un 20% la producción ya para este año en la de minería subterránea tan sólo, mientras duplica los cupos de la de cielo abierto, más rentable pero de mucho mayor impacto ambiental.
En esta tesitura queda sólo por saber cómo serán de convulsos los próximos meses. La última huelga pesa: muchos no pueden afrontar otra. Y pesa también el nulo resultado de la Marcha Negra. Los mineros se debaten entre saltar a las carreteras y el temor a “hacerle el juego al empresario” si se movilizan ya.
La realidad es que difícilmente las minas podrán aguantar sin ayudas en 2015, con lo cual esta podría ser la fecha de defunción del carbón español. Y los escasos rescoldos que pudieran resistir deberán clausurarse en 2018, si no cambia de idea Bruselas: han recibido ayudas a partir de enero de 2011 y para continuar abiertas deberían devolverlas.
¿Pasará a la historia Mariano Rajoy como el presidente que acabó con los mineros?
