Gobierno y sindicatos negocian un aumento de las prestaciones sociales
La dureza de la crisis se deja notar en algunas cifras. Es el caso de las rentas mínimas de inserción, la última red de protección social: sus perceptores se han duplicado desde 2008 y sus beneficiarios indirectos (todas las personas que dependen de ellas) han crecido un 70%. A pesar de este crecimiento, muchas organizaciones, desde la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) hasta Cáritas o Comisiones Obreras, llevan meses advirtiendo de que este último asidero para las personas que ya no disponen de otros recursos está siendo insuficiente para paliar el aumento de la exclusión social que padece España.
CCOO y UGT negocian ahora con el Ministerio de Empleo, que se ha comprometido a ampliar el sistema de subsidios después de haber recortado varias prestaciones en los últimos años, como la ayuda de 400 euros o el subsidio para mayores de 55 años.
¿Qué son las rentas mínimas? Son ayudas que conceden las comunidades autónomas: en cada una de ellas esta ayuda recibe un nombre y tiene unos criterios de concesión, pero se trata, en general, de subsidios para personas sin ingresos, que no han trabajado nunca o que han agotado todas sus prestaciones. Cada comunidad establece, por tanto, las condiciones para acceder a la renta mínima y fija su duración y cuantía, que oscila entre los 300 euros de Murcia o Ceuta a los 641 de Navarra o los 621 del País Vasco.
Si se han duplicado los beneficiarios, también lo ha hecho el gasto: en 2012 fue de 855 millones frente a los 441 de 2008 y a los 251 millones de 2002. El último informe de EAPN subraya, sin embargo, que este aumento del gasto ha sido insuficiente si se compara con el crecimiento exponencial del paro y de las familias sin ingresos.
Es por eso que organizaciones y sindicatos llevan meses reclamando al Gobierno una ampliación de la cobertura social. Finalmente, el Gobierno se comprometió en julio, tras una reunión para impulsar el diálogo social, a aumentar la protección a personas en paro de larga duración o que ya no reciban ingresos. La fórmula está por ver, pero el tiempo apremia: el Ejecutivo fijó octubre como el mes en el que se pondría en marcha la nueva prestación, un compromiso que repitió el miércoles en el Congreso la ministra de Empleo, Fátima Báñez.
Propuestas sobre la mesa
Sobre la mesa está la propuesta que CCOO hizo hace ya meses: una prestación que ampliara las rentas mínimas que existen en las comunidades. “Estaría financiada por el Estado pero tramitada por las comunidades. La idea es que cubra a las personas que ya no tienen ingresos, que no pueden acceder a las ayudas que ya existen. Hay muchas personas que hace cinco años tenían trabajo y que ahora han llegado al sistema de rentas mínimas”, explica el secretario de Seguridad Social de CCOO, Carlos Bravo.
Para CCOO, la referencia para un beneficiario que viva solo debe ser la cuantía de la pensión no contributiva vigente en cada momento, una cuantía que actualmente es de 5.108 euros. Este sería el límite de ingresos que una persona podría declarar para poder cobrar la ayuda, pero también sería la cuantía de la nueva prestación, es decir, unos 420 euros al mes. De esta forma, si una persona ya percibe una ayuda de su comunidad autónoma, podría también percibir esta ayuda siempre que su cuantía anual no supere los 5.108 euros.
En cuanto a la compatibilidad con el trabajo, Bravo asegura que en la coyuntura actual, estas ayudas deberían ser flexibles, de forma que una persona que acepte un empleo pueda cobrarla en determinadas circunstancias (por ejemplo, si el puesto es de tan solo unas horas y con bajo salario) y con un límite de tiempo.
Ese es precisamente uno de los puntos que la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) trata en su propuesta: “Proponemos que cualquier trabajo a tiempo parcial o temporal pueda ser compatible con hasta un 50% de la cuantía anual otorgada en el Sistema”. De esta forma, sostienen, la prestación sería incompatible con un trabajo cuando este sea a tiempo completo y suponga una remuneración por encima del salario mínimo y por encima del indicador AROPE, que fija el INE para medir la pobreza.
