El caso del banco Pichincha o hasta dónde llegan las deudas hipotecarias
La comunidad inmigrante ecuatoriana es una de las más afectadas por las hipotecas. Tanto es así que en 2010 una nueva entidad financiera con capital del país se instaló en España. El banco Pichincha pretendía prestar sus servicios a sus compatriotas, así como a sus vecinos de la región andina, y facilitar las operaciones tanto aquí como al otro lado del charco.
Según denuncian varias plataformas, como Stop Desahucios y Asamblea de Campamento Amigo 15M, la realidad es otra. “Actúan como un fondo buitre. Adquieren deuda hipotecaria de dudoso pago a un precio muy interesante a entidades como Bankia o Santander, y luego reclaman el importe total de la deuda”, explica Ignacio Martín, uno de los integrantes de la Asamblea de Campamento Amigo 15M.
Este procedimiento, del que el afectado no tiene constancia hasta que concluye la compra, vulnera, según Martín, el derecho de retracto. Este derecho permitiría a la parte involucrada acceder a la compra de su deuda por el mismo precio que la nueva entidad.
La intención era “reclamar la deuda en el país de origen”, prosigue. Sin embargo, Pichincha, con quien está redacción ha intentado ponerse en contacto sin resultado, encontró un obstáculo. “El Gobierno de Rafael Correa atajó este tema”, explica Desirée Gómez, de Stop Desahucios. El Ejecutivo ecuatoriano, uno de los más concienciados con las consecuencias de los impagos hipotecarios, promulgó una ley por la cual la deuda contraída fuera de sus fronteras no podría ser reclamada en el país.
Esta norma no tranquiliza a todos. La presidenta de la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España (CONADEE), Aida Quinatoa, asegura que “hay gente a la que le han cobrado allí por deudas contraídas en España” y asegura que Pichincha realizó en Ecuador un procedimiento similar: “Compró deuda de un banco quebrado a precio de gallina robada”.
Quintanoa advierte también que antes “venían con el cuento de que era un banco ecuatoriano para embaucar a ecuatorianos”, pero ahora van también a por “ciudadanos españoles”. “La deuda da igual de qué nacionalidad sea. Lo que importa es la ganancia”, sentencia.
Gómez explica que ahora “con la tibieza del Gobierno” y gracias a “las entidades españolas, que se han prestado al juego de la venta de paquetes tóxicos”, Pichincha se dedica a cobrar “sin querer negociar nada, con una actitud muy soberbia”. Ni siquiera han firmado el código de buenas prácticas, suscrito por muchas de las entidades que les vendieron esos paquetes.
Orden de alejamiento
Uno de los afectados por la actitud de la entidad es Carlos del Toro. En 2007 contrató una hipoteca con una entidad financiera que trabajaba con Banesto. Poco después, esta vendió su deuda a otra entidad y, esta otra, a Pichincha. Tras dos años en el paro, con una menor a su cargo y una hipoteca a 40 años, dos meses antes de dejar de pagar, fue a hablar con su banco para proponer la dación en pago o “ver qué se podía hacer”, explica.
Sin embargo, denuncia que Pichincha optó por “dar largas”. Tras meses de “muchas vueltas”, Del Toro recurrió a Stop Desahucios. Volvió a acudir a su oficina, en Alicante, con varios compañeros de la plataforma. Esta acción le valió un burofax a través del cual la entidad le amenazaba “con poner una orden de alejamiento”, cuenta indignado.
Así, tanto en Alicante como en Madrid se han iniciado acciones conjuntas para protestar contra las prácticas de este banco y contra la situación de Del Toro en particular. Entre tanto, estas Navidades el afectado ya ha recibido una notificación por la que se le informa que su caso pasará al departamento jurídico, paso previo al desahucio.
