El informe de las preferentes desata una ofensiva legal que puede alcanzar a la CNMV
Caben ya pocas dudas de que el proceso de las preferentes emitidas por Bancaja y Caja Madrid, ahora bajo la marca Bankia, acabará en los tribunales. Tras la publicación el pasado jueves por este diario de un informe interno de la CNMV en el que se reconocía la manipulación de precio y la omisión de información por parte de la entidad sobre este producto y sus propietarios, la reacción legal ha sido inmediata.
El primero en adelantar que llevará a los tribunales una demanda civil que tiene como base el documento difundido por eldiario.es fue el despacho de Fernando Zunzunegui, pero los tribunales verán muchas otras reclamaciones. El despacho catalán Jausas Legal, otro de los más activos en la defensa de los preferentistas, anunció ayer que interpondrá una querella criminal que presentará en la Audiencia Nacional al tener afectados de muchas comunidades autónomas.
Anticorrupción anunció además que comenzará una investigación para aclarar cómo la entidad, que en el momento en el que ocurrieron los hechos estaba dirigida por Rodrigo Rato, “incumplió la ley”, tal y como está recogido en el informe del regulador de los mercados, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El Fiscal General, Eduardo Torres Dulce, aclaró que la investigación discurrirá independiente a la de Bankia que está ya en manos del juez Fernando Andreu, en la Audiencia Nacional.
Para la Asociación de Inversores Europeos (Asinver) que ayuda y canaliza las dudas de los afectos por preferentes mediante su oficina del defensor del inversor, el documento interno da un vuelco total a las aspiraciones de los afectados despejando cualquier duda de que deben recuperar todo su dinero. “Incluso el que supiera lo que estaba comprando y tuviera conocimientos financieros, puede pedir que le devuelvan su dinero porque lo que hay es un incumplimiento de contrato”, sentencia Javier Flores, de Asinver.
Hasta ahora, los afectados por la inversión en preferentes tenían que demostrar que había habido mala praxis en la comercialización del producto, que era de alto riesgo y no apto para minoristas sin los conocimientos mínimos y que no sabían donde depositaban sus ahorros. Sin embargo, según estos expertos, el informe de la CNMV da vía libre para que cualquiera que sea propietario de las preferentes emitidas en alguna de las seis emisones investigadas por el informe de la CNMV podrán recuperar su dinero por la vía judicial, así tengan un master en Finanzas.
Zunzunegui advierte de que en el informe de la CNMV se percibe una clara “manipulación de mercado” por parte de las cajas que terminaron formando Bankia, además de omisión del deber de información. La demanda que interpondrá su despacho, ahora ha abierto un proceso para que los afectados que lo deseen se adhieran, será directamente contra Bankia porque creen que tienen fondos suficientes para responder por el importe que se reclama.
En este caso, el despacho de Zunzunegui reclamará la diferencia del sobreprecio que ha calculado la propia CNMV que han pagado los compradores de estos productos conocidos como “híbridos”. En el caso de las seis reclamaciones que estudia el informe, el despacho aspira a recuperar 240 millones de euros.
Jordi Ruiz de Villa, abogado especializado en litigación bancaria de Jausas, dice que la aparición del documento fuerza un cambio radical de estrategia. “Llevamos seis meses trabajando en una demanda civil”, dice Ruiz, “pero ante la gravedad de los hechos que revela el documento solo cabe la acción penal”. Su despacho presentará una demanda criminal por los delitos de estafa y manipulación de mercado. En principio su bufete solo tiene afectados por emisiones de Caja Madrid. “Son unas irregularidades de calado extraordinario”, insiste Ruiz. “Han cruzado una línea”.
La otra derivada en la que coinciden los tres expertos es en la de la responsabilidad de la CNMV. Los tres denuncian con rotundidad que el regulador “miró para otro lado” y ven muy grave que no frenara inmediatamente la venta de estos productos tras haber constatado las irregularidades que se estaban cometiendo.
En el caso de la responsabilidad patrimonial, esto es, quién debe responder con sus fondos, en principio creen que la entidad debería ser Bankia pero no descartan que esta responsabilidad se pueda extender llegado el caso. Los expertos coinciden en que tanto Rodrigo Rato, el responsable último, como el consejo de administración y el comité de dirección y todos aquellos que hubieran dado el visto bueno a estas prácticas podrían responder con sus bienes.
También coinciden en que la posible demanda contra la CNMV tendría que realizarse por separado, y prefieren estudiar con más detenimiento la posibilidad de cursar esa posibilidad. Con toda probabilidad, en las próximas semanas veremos alguna demanda, de estos u otros despachos, contra el regulador español que además, podría tener que responder también patrimonialmente por su implicación en el desarrollo de los acontecimientos.
Los despachos lamentan que los miles de afectados por este caso tengan que pagar las tasas judiciales correspondientes para poder recuperar su dinero. Todos aseguran que la principal prueba que aportarán en los juicios será la copia del PDF que colgó eldiario.es en su página web este jueves.
Además, también estudian la posibilidad de que se incorporen los inversores que entraron en la primera ronda de emisiones en 2009, ya que aunque han recibido el 100% del importe en su venta, también fueron objeto de incumplimiento de contrato al no haber sido informados correctamente del producto que adquirían, otro dato que se desprende del informe. Así las cosas, el número de afectados y de demandas podría dispararse aún más (el estudio de la CNMV implica a 65.000 inversores).
