La nueva maraña regulatoria camufla la ausencia de cambios en el sistema financiero
Para firmar una hipoteca, un dépósito o un seguro, hay que enfrentarse ahora a un aluvión de papeleo en el que aceptar un abanico de cláusulas en las que se dice conocer los riesgos que se asumen. Con toda probabilidad el usuario se siente ahora mucho más agobiado que informado, al fin y al cabo se le ha traspapelado a él la responsabilidad sobre estos productos, y deseando que alguien le resuma los puntos claves para poder tomar una decisión.
La avalancha regulatoria también abruma, a su manera, a los mercados. La superposición de legislaciones, con cada país regulando a su antojo, hace que aplicar una sola normativa con propiedad sea, al final, casi imposible. “En este momento, hay más de 85 legislaciones, con centenares de artículos diferentes en cada una de ellas, enfocadas a modificar la regulación de los mercados financieros. Demasiados”, reconoce David Wright, presidente de IOSCO, el organismo internacional encargado de supervisar a los mercados financieros en todo el mundo. La CNMV del mundo, por así decirlo.
Su opinión corrobora las conclusiones de un estudio realizado por la Fundación de Estudios Financieros titulado “Observatorio sobre la Reforma de los Mercados Financieros 2013”. Un documento en el que más de una quincena de profesionales han analizado la situación actual de los mercados y cuyas conclusiones no han ahorrado ni una letra en criticar la situación. “Estamos rodeados de mensajes que lanzan grandes principios e intenciones de modificar el sistema para evitar los problemas que derivaron en la crisis financiera, pero al final, no se implementan”, asegura Ramiro Martínez-Pardo, uno de los directores del estudio. Como ejemplo explica la situación en Europa, donde hay once normativas regulatorias diferentes en proyecto, otras once en tramitación, cuatro aprobadas y la única que había entrado en vigor, la que se refiere al control del sector asegurador, ha demorado su aplicación sin fecha.
Este observatorio acusa no sólo a la crisis, sino también a los intereses partidistas y personalistas de los políticos europeos de esta “inexplicable demora” en la solución a los problemas financieros destapados tras la quiebra de Lehman Brothers.
La descoordinación es la reina
Esa intensidad regulatoria adolece, además, de importantes fallos. A pesar de que fue el G-20 de Washington de 2008, celebrado tras la quiebra de Lehman Brothers, el que dio el pistoletazo de salida para que los países allí reunidos trabajaran para cambiar la regulación que provocó aquel evento, lo cierto es que la descoordinación en las actuaciones es abismal tanto a nivel mundial como europeo. Cada país y cada político ha legislado pensando en sus intereses. Esto implica que los avances sean mínimos y muy lentos, incluso en aquellos temas como la regulación de los paraísos fiscales, que fue destacada como prioritaria.
Cinco años después, lo único que hay es una gran amalgama de listados de paraísos fiscales y promesas de intercambio de información que no responden a ningún criterio común y que, en la práctica, no tienen ninguna efectividad. Los autores del observatorio aseguran que solo se puede avanzar en este frente si todos los países acuerdan la realización de una lista común y con criterios cuya efectividad y cumplimiento sigan las mismas reglas en todos los países del mundo.
Pero es precisamente esa profusión, complejidad, desenfoque y distorsión lo que está impidiendo que se avance en los objetivos. Otro ejemplo representativo es la directiva europea de los mercados financieros, conocida como MIFID por sus siglas inglesas. “Tiene más de 50 excepciones sujetas a interpretación local, por lo que a la cantidad de normas además hay que multiplicarle los enfoques locales de cada país y cada organismo”, advierte Ramiro Martínez-Pardo.
Insistir en regular cada detalle de las transacciones financieras implica complicar tanto las operaciones que tiene un efecto perverso que los observadores ya están constatando y cada vez se trasladan más actividades a la llamada Banca en la sombra, con el peligro adicional que esa falta total de regulación conlleva. “Esquivan las leyes en un sistema paralelo, hoy tan oscuro, que ni siquiera tenemos un buen conocimiento de lo que hay en él”, reconoce David Wright.
Minorista desprotegido
Minorista desprotegido
Esta estrategia de legislar para no cambiar nada tiene una víctima principal: el inversor minorista. Según Martínez Pardo, en este ámbito “queda mucho por hacer, ya que aquí es donde más se nota que la abundancia de la información es ineficiente y confunde”. ¿Su demanda? Que la información relacionada con inversiones sea menos profusa, más relevante y más comprensible ¿De qué sirven 500 folios depositados en la CNMV antes de lanzar un nuevo producto a Bolsa? Sería mejor un pequeño documento, pero en el que la redacción fuera correcta, relevante y comprensible. En este sentido, el expresidente de la CNMV Manuel Conthe añade un nuevo elemento de distorsión: “En España la gente no sabe escribir. Incluso la trasposición de las Directivas Europeas está traducida con un lenguaje tan incomprensible que en muchos casos sirve como excusa para justificar su no cumplimiento”.
Conthe insiste en que, más que muchas leyes, lo que realmente necesitan los inversores es concisión y claridad. “No debería permitirse tampoco la comercialización de productos financieros con nombres engañosos, como participaciones preferentes, que invitan al engaño más que a otra cosa”.
El observatorio ha analizado en detalle más de diez campos en los que se legisla en exceso desde el sector asegurador, hasta los mercados de derivados, pasando por el sistema de compra-venta de acciones. De ellos, hay tres en los que han centrado sus críticas.
Por un lado, la supuesta unión financiera europea. En su presentación ante la opinión pública, Martínez-Pardo criticó que en Europa no se esté apostando de verdad por que la unión monetaria sea también una unión financiera. “Los pasos que se habían dado para conseguir ese objetivo hasta 2007 se han desandado desde entonces. Todas las leyes están dejando demasiado margen a la interpretación local, y eso no es nada bueno”.
El caso de la Unión Bancaria que va a entrar en funcionamiento en 2014 es un ejemplo, ya que, según Martínez-Pardo, aunque el Banco Central Europeo podrá supervisar a los bancos nacionales, la aplicación de las decisiones que se tomen debe pasar por el filtro local. “Esto implica muchos riesgos y amenazas”.
En la misma línea, David Wright asegura que, si no se crea una autoridad financiera mundial capaz de controlar y sancionar a todos las entidades del planeta, nunca se va a conseguir el verdadero cambio que necesita el sistema financiero. “Siempre habrá lugares y resquicios legales donde esconderse”.
