Las renovables demuestran su energía para protestar

Miles de camisetas amarillas como el sol desfilando al ritmo de marchas fúnebres; ese es el llamativo contraste que ha querido materializar la Asociación Nacional de Productores e Inversores en Energías Renovables, Anpier, durante la protesta llevada a cabo el sábado en Madrid. Bajo el lema “Seguridad jurídica, renovables y honestidad”, los productores de energía fotovoltaica, en su mayoría pequeños inversores, acudieron desde diferentes localidades de España con una esperanza doble: demostrar la fortaleza de su unión ante el Ministerio de Industria por lo que consideran una estafa, y transmitir a la ciudadanía el mensaje de que esta lucha no solo les compete a ellos; que no se trata de otro 'lobby' o grupo económico que vela exclusivamente por sus propios intereses, sino que sus reivindicaciones favorecen a los consumidores en su conjunto y a la economía del país. De hecho, los fotovoltaicos no estuvieron solos: grupos ecologistas, dirigentes de varios partidos políticos, ciudadanos y representantes de todo el sector de las energías renovables compartieron la exigencia de un nuevo modelo energético.

El mismo Boletín Oficial del Estado que los animó a invertir en instalaciones de energía fotovoltaica es el que los ha empujado a manifestarse tras la publicación y entrada en vigor del Real Decreto 417/2014, la última –que no única- norma con carácter retroactivo que modifica los compromisos adoptados por el ejecutivo de Zapatero para fomentar la creación de huertos solares. Hasta 1.700 millones de euros anuales prevé ahorrarse el Gobierno de Rajoy con este nuevo recorte, aunque tal vez no le salga gratis: ya se ha llevado las primeras reprimendas de Bruselas y acumula varias demandas en las cortes de arbitraje internacional por parte de fondos de inversión.

Si existe un ejemplo paradigmático de las repercusiones que ha traído el giro de la política energética en España, es el de Murcia –más de 2.000 personas se desplazaron a la manifestación de Madrid desde esta región-. El presidente de Anpier, el murciano Miguel Ángel Martínez-Aroca, estima que en todo el país hay unas 62.000 familias afectadas por los recortes, de las que cerca de 8.000 pertenecen a la Región de Murcia, y cifra en 4.500 las instalaciones fotovoltaicas de la comunidad, que aportan cerca del 12% de la potencia nacional producida por este medio. Por su parte, el director de Anpier, Rafael Barrera, explica que si la incidencia de los decretos del Gobierno se ha hecho tan evidente en Murcia, es precisamente por su características climáticas y porque “en esa región se hicieron las cosas bien y la inversión se socializó mucho”. Murcia y Extremadura, comunidades gobernadas por el PP, han recurrido la reforma energética ante el Tribunal Constitucional, aunque los diputados murcianos del grupo Popular se sometieron a la famosa disciplina de voto y le dieron su favor en el Congreso.

“El Kuwait de las renovables”

Mientras el Gobierno central autoriza prospecciones en busca de combustibles fósiles cerca de las costas, Martínez-Aroca afirmaba en una reciente entrevista a Onda Regional que Murcia podría ser “el Kuwait de las energías renovables”, porque entre otras cosas, siempre supera holgadamente la cifra de tres mil horas de sol anuales. Por su parte Antonio Soler Valcárcel, experto en Cambio Climático y Energías Renovables y miembro de Equo Región de Murcia, puntualiza en declaraciones al eldiario.es que si bien la energía fotovoltaica sería una solución ideal para el autoconsumo y la bajada de la factura eléctrica –algo que se lleva a la práctica en países tan dispares como Alemania y Turquía-, ya existe la tecnología para desarrollar y producir energía a gran escala mediante las centrales de concentración termosolares o termoeléctricas, más enfocadas a su aprovechamiento con fin industrial. Soler nos dice que Murcia reúne cualidades perfectas para su implantación y aprovechamiento, pero las autoridades regionales no lo ven “porque tenemos unos líderes muy mediocres”.

Antonio Soler explica la situación de las familias afectadas por el decreto del ministro Soria: “Al grueso de las instalaciones les ha pillado todavía con tres o cuatro años de préstamos por pagar, y eso es una losa; la gente había calculado unos ingresos anuales y sobre esos cálculos había solicitado un préstamo, y ahora llega el momento en el que no tienen dinero para pagarlo con los ingresos que les ha quitado el Estado, y están sufriendo”. En toda esta historia se repite un concepto: seguridad jurídica; cambiar las normas de juego a mitad de la partida. Para Antonio Soler, “si un país no respeta lo que pone en su Boletín Oficial del Estado… Es como si mañana España dijera que suspende el pago de la deuda”. Y prosigue: “Siempre se ha dicho que no podemos suspender el pago de la deuda porque crearía una desconfianza internacional tremenda y este país no podría financiarse, pero en esto lo han hecho y ahora hay un aluvión de reclamaciones de fondos internacionales de inversión por la retroactividad de la norma aprobada”. Luego reconoce que, en su opinión, “aquí el meollo está en el choque con los intereses de las grandes compañías energéticas, que han hecho fuertes inversiones en centrales de ciclo combinado. Pero es que además, detrás de esas compañías están los bancos, que aunque han prestado dinero al pequeño inversor de fotovoltaica, han prestado muchísimo más a esas compañías eléctricas para invertir en los ciclos combinados de gas”. En el aire deja abierta la posibilidad de que se cree un 'banco malo' para las instalaciones y acaben siendo compradas por grandes empresas.

Demonizando a la energía verde

Antonio Soler afirma tajante que si se apostara de verdad por la energía fotovoltaica, la factura de la luz bajaría compensando sobradamente las primas que aseguraba el Estado, y además se muestra especialmente enojado con otro hecho: “Lo que yo destacaría, aparte de la injusticia económica que supone, es la forma en la que hemos demonizado unas fuentes de energía con el argumento de que la gente lo que quería era enriquecerse. En este país la demagogia cala muy fácilmente”. Por su parte, el director de Anpier, Rafael Barrera, defiende que los pequeños ahorradores que apostaron por las energías renovables “lo hicieron mayoritariamente por convicción, por querer contribuir y poner la primera piedra de lo que habría de venir después”, y añade que “a ellos hay que agradecerles el esfuerzo en una primera etapa de desarrollo de la tecnología”.

En la misma línea se expresa un pequeño inversor murciano que por estar en plena negociación para refinanciar su deuda con el banco, prefiere que eldiario.es no desvele su nombre: “Yo no soy un especulador ni un empresario. No hice esto para enriquecerme. Lo hice porque creí que merecía la pena”. A la pregunta de si fue a la manifestación de Madrid, responde al instante: “Sí, y llevé a mi mujer y a mis hijos. En el asunto de las preferentes, por ejemplo, a la gente le han quitado los ahorros que tenían; pero a nosotros, con la deuda que hemos contraído con los bancos, nos han quitado los ahorros, el dinero que nos dejaron nuestros padres con su esfuerzo, la comida del frigorífico con la que damos de comer a nuestros hijos y lo que podamos ganar en el futuro. Me siento estafado”, concluye. Agradece el apoyo vivido durante la manifestación del 21-J, y reconoce que aunque él no había protestado jamás en la calle por ninguna razón, ahora se ha dado cuenta de que ante ciertos asuntos hay que mostrar solidaridad.