Cómo salió a la luz el caso de las tarjetas Black
Miguel Blesa, 13 años al frente de Caja Madrid, seis años de cárcel por meter la mano en la caja (el delito es apropación indebida). Rodrigo Rato, ocho años vicepresidente del Gobierno, dos años y tres meses director gerente del FMI, dos años y cinco meses presidente de Bankia y cuatro años y medio por apropiación indebida.
Este es el nuevo capítulo de la biografía de dos de los banqueros que han marcado el rumbo del sistema financiero en España. Así se saldan los algo más de tres años que ha durado el caso de las tarjetas black. Un caso que ha juzgado al establishment español. Banqueros, sindicalistas, políticos, empresarios. Un juicio a una era. A los años dorados donde un plástico engrasaba voluntades sin atender a ideologías. Donde el dinero de todos no era de nadie.
El caso arrancó en diciembre de 2013. eldiario.es (gracias a una fuente derivada por el Partido X) recibió una filtración masiva de casi 8.000 correos procedentes del buzón de Miguel Blesa. Aquella filtración dio lugar a la investigación Los Correos de Blesa y dentro de la criba que hizo el equipo de redacción de este medio una misiva ha terminado llevando a la cárcel a los súperbanqueros españoles.
Era un correo fechado el 1 de septiembre de 2009 en el que el secretario saliente del consejo de Administración (Enrique de la Torre) informaba a su sustituto (Jesús Rodrigo) de las remuneraciones en los órganos de Gobierno de la entidad madrileña. En el correo se detallaba lo que cobra cada consejero. En copia estaba Miguel Blesa, quien supuestamente había pedido que se transmitiera esta información.
“Tiene cada uno una tarjeta visa de gastos de representación, black a efectos fiscales hasta ahora (no esta nada claro que la nueva jefa de inspección mantenga este criterio [...]), de 25000 € anuales excepto su Presidente que tiene una cobertura de 50000 €”, explicaba el mail interno de los consejeros.
La publicación del correo (esta fue la primera información, en diciembre de 2013) puso sobre aviso a la nueva Bankia que inició una exhaustiva investigación interna para descubrir qué eran esas “visas black”. Casi diez meses más tarde (octubre de 2014) saltaba la noticia de que Anticorrupción investigaba el uso de aquellas tarjetas. Y después, todo el proceso judicial.
En total, apenas quince millones de euros en una era de impunidad (las tarjetas se usaron desde 1996 hasta al menos mayo de 2012). Pero el juicio tiene un valor más cualitativo que cuantitativo. Se ha juzgaedo una forma de gobernar en connivencia entre el poder financiero y el político para saquear las entidades de crédito. “La caja no es mi cortijo” le tuvo que recordar Blesa al hijo de Aznar para no ceder a sus presiones que se traducían en uno de los correos. Los enchufes, el despilfarro y el desenfreno en la Caja que desveló eldiario.es en Los Correos de Blesa no han llegado a tener nunca calificación penal. Pero las tarjetas fraudulentas marcaron la línea roja entre lo moral y lo legal que por fin la Justicia podrá cruzar.
La primera de otras condenas
La transversalidad (políticos del PSOE y del PP, sindicalistas de CCOO y de UGT, miembros de la patronal, catedráticos y otros próceres) es una de las chispas que prendieron rápido en la indignación. Pero también lo es el número de afectados por las chapuzas de Bankia (129.000 preferentistas y alrededor de 200.000 accionistas) a los que se les había privado de sus ahorros y que podían observar escandalizados la sincronización entre la gestación de sus estafas y el uso de las tarjetas.
Miguel Blesa, presidente entre 1996 y 2010 de Caja Madrid, y auténtico artífice del sistema de sobresueldos mediante las tarjetas, es el único financiero español que ostenta por ahora el dudoso mérito de haber pasado noche en la cárcel por la desastrosa gestión de una caja de ahorros. Sus posibilidades de pasar una estancia más larga son ahora mucho mayores ante una condena de seis años.
Esta sí es la primera condena para Rodrigo Rato, que está siendo investigado en otros procesos judicalizados. Primero por la salida a Bolsa de Bankia, que acabó siendo un pufo para sus miles de accionistas y terminó precipitando el rescate financiero de la entidad. Y después por sus negocios personales, que hunden sus raíces en la época en la que era vicepresidente y que extienden sus tentáculos a varios paraísos fiscales y que culminan con su televisada detención y la revelación de que se acogió a la amnistía fiscal.
Pero no son estos los únicos condenados claves en la reciente historia política y económica. Tienen penas de cárcel dos secretarios de Estado de la época (Estanislao Rodríguez-Ponga y José Manuel Fernández-Norniella), al presidente de la patronal estatal (el multiencausado Gerardo Díaz Ferrán), al conocido empresario Madrileño Arturo Fernández, al líder sindical de CCOO Rodolfo Benito (con tres años de prisión) o al examigo del Rey Felipe (también conocido como compiyogui) Javier López Madrid. Pena de cárcel tiene el histórico de Izquierda Unida, José Antonio Moral Santín, con cuatro años.
Dos años ha recibido el exjefe de la Casa Real, Rafael Spottorno y ocho meses el exministro socialista Virgilio Zapatero.
Todos colaboraron según la sentencia en meter mano en la Caja, en la de todos los madrileños que terminaron pagando, en su rescate, todos los españoles.
[Una versión de este artículo se publicó en septiembre de 2016 ]
