El conflicto del sindicalismo español: representar a todos los trabajadores con las cuotas de unos pocos
España es el cuarto país de la Unión Europea con más representación sindical en sus empresas, tanto pequeñas como medianas y grandes. Según la Encuesta Europea de Empresas 2013, por delante sólo se encuentran Dinamarca, Finlandia y Lituania. La cobertura de la negociación colectiva es también una de las más elevadas de la UE (más del 80% de los trabajadores están resguardados), una cifra que equipara a España con los países nórdicos y centroeuropeos. Sin embargo, al hablar de financiación, la cosa cambia: es una de las más escasas de Europa.
“No hemos articulado bien un mecanismo para financiar a los sindicatos. Son entidades privadas, como los partidos, pero que ejercen unas funciones de interés general: la interlocución social, la negociación colectiva, formar parte de organismos públicos, la presencia en las empresas... El despliegue de todas sus funciones necesita apoyo económico”, explica la catedrática de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid Yolanda Valdeolivas.
Ella es una de los más de cien firmantes de un manifiesto en defensa de la actividad sindical que acaba de presentarse y en el que personas dedicadas a la investigación y la universidad piden que los poderes públicos aborden cuanto antes “el sostenimiento legal, económico y social” de los sindicatos “como instituciones imprescindibles para la defensa de los intereses que le son propios, que son hoy, más que nunca, los de todos los ciudadanos”.
El fraude de los cursos de formación es la última noticia que ha puesto sobre el disparadero el problema de la financiación de los sindicatos. Pero en realidad el conflicto se enraíza muy atrás y lleva a otros escándalos anteriores como el de la cooperativa de las PSV del caso de UGT. Al final, los sindicatos buscan recursos financieros en actividades que no son las centrales del sindicato –como la organización de viajes– y es cuando aparecen los problemas.
En el modelo español, todos los trabajadores se benefician de la negociación colectiva, del diálogo social y de la actividad de los representantes sindicales en la empresa, es decir, su aplicación es universal. Sin embargo, sus costes corresponden a las propias organizaciones. ¿Cómo se financian? La principal fuente de financiación de los sindicatos mayoritarios –UGT y CCOO– son las cuotas de sus afiliados.
Precisamente, el hecho de que en España la negociación colectiva sea de eficacia general desincentiva la afiliación a los sindicatos. “Hay países donde la negociación colectiva es limitada y la afiliación es muy alta. Allí los convenios sólo afectan a los trabajadores sindicados y luego hay una vía de adhesiones que pasa por compensar por los gastos de negociación”, explica Valdeolivas.
Menos dinero
Por otro lado, los Presupuestos Generales del Estado determinan una partida destinada a financiar parte de la actividad sindical y de las organizaciones empresariales. Esta cantidad depende de la representatividad de cada organización. Existe, además, otra partida para compensarles por su labor de interlocución social e institucional y su participación en órganos de representación. En total, la partida dirigida a la financiación sindical es ahora aproximadamente la mitad que hace dos años.
España es también uno de los seis países europeos con el porcentaje más bajo de empresas que financian la actividad sindical y con menos medios para formar a los representantes de los trabajadores, según muestran varios indicadores de la OCDE y la Comisión Europea.
Las organizaciones sindicales también arañan recursos de otros caladeros: cobro de algunos servicios a trabajadores no afiliados, alquiler de espacios e instalaciones o, por ejemplo, subvenciones para impartir cursos de formación. No obstante, estas últimas tienen un carácter finalista, es decir, sólo pueden emplearse para llevar a cabo la acción para las que han sido concedidas. Los sindicatos (como el resto de empresas u organizaciones que pueden acceder a estas subvenciones) se quedan un pequeño margen de beneficio como gastos de gestión.
El exministro de Trabajo Valeriano Gómez, uno de los firmantes del manifiesto, sostiene que los sindicatos no deben convertirse en “grandes academias de formación”, sino que deben concentrarse en la defensa de los intereses de los trabajadores. “Mientras que hemos creado un modelo sindical cuya eficacia se extiende a todos los trabajadores, no hemos creado los medios para que las organizaciones sindicales puedan sostenerse, y eso está generando problemas constantemente”, asegura.
En España hubo un intento por mejorar la financiación sindical a través del llamado canon de negociación: una cantidad proporcional al salario que cada trabajador afectado por un convenio pagaría como compensación por los gastos generados por el proceso. El Tribunal Constitucional, sin embargo, tumbó la idea por considerarla una forma de presionar indirectamente para que las personas se afiliaran. Después de eso, no hubo más intentos por introducir novedades.
Con todo, los escándalos en la gestión de los cursos de formación han puesto este problema bajo el foco. Urge una solución y, por lo pronto, los expertos abogan por instaurar unas auditorías internas exhaustivas que aseguren que los fondos que mueven los sindicatos y las organizaciones empresariales se utilizan debidamente. “En realidad son organizaciones muy grandes y muy federalizadas, es muy difícil controlar hasta el último euro”, comenta un sindicalista.
El Gobierno ha puesto sobre la mesa una reforma de la financiación de los cursos de formación, pero los sindicatos lamentan que sólo se abogue por su privatización sin intentar enfrentar los problemas de fondo.
