Los sindicatos exigen que los funcionarios tengan subidas por decreto ante la amenaza de congelación salarial
El plan presupuestario remitido por el Gobierno a Bruselas contempla un escenario de prórroga presupuestaria y de contención del gasto que, entre otras cosas, supone la congelación del sueldo de los funcionarios el año que viene. Ni siquiera se contempla repetir la subida del 1% en los sueldos públicos que se produjo en 2017.
“Por el lado del gasto, la ratio se reduce de 2017 a 2018 hasta alcanzar el 40,6% del PIB, consecuencia de la contención del gasto público debido, en gran medida, al supuesto de congelación de los salarios públicos por tratarse de un escenario a política constante”, asegura el texto, que prevé una rebaja de tres décimas en el crecimiento del PIB debido a las incertidumbres de la crisis catalana.
El documento enviado a la Comisión Europea en cumplimiento de los requerimientos comunitarios para controlar las cuentas públicas de los estados miembros no renuncia a poder aprobar unos presupuestos para 2018. Pero por el momento la situación política en Catalunya lo hace imposible, ya que el PNV no está dispuesto a volver a dar su apoyo en este trámite parlamentario mientras perdure el actual escenario de enfrentamiento. “El proceso de elaboración de los PGE para 2018 se encuentra en una fase muy avanzada, y es intención del Gobierno presentarlos, en cuanto la situación política lo permita”, afirma el documento.
Los sindicatos no lo aceptan
Pepe Fernández, coordinador del Área Pública de CCOO, asegura que “el escenario de congelación salarial es impensable” y que en sus conversaciones con el Ministerio de Hacienda y Función Pública sus interlocutores siempre habían planteado que tendrían suficientes votos para poder aprobar los Presupuestos. “Si la situación política se complica por Catalunya será una derrota del Gobierno”, asegura.
En todo caso, afirma que si no hay un nuevo Presupuesto –algo que consideraría “negativo para toda la población”, también en términos de convocatoria de plazas públicas o inversiones– esto “no condiciona que no haya incrementos salariales” para los funcionarios. La inflación interanual hasta septiembre de 2017 es del 1,8%, y será del 1,2% en 2018 (Funcas), por lo que los funcionarios sufrirían una nueva pérdida de poder adquisitivo que se acumulará al 13,3% ya experimentado desde 2012, según cálculos de UGT.
Según datos recopilados por el sindicato, se han producido cuatro prórrogas presupuestarias “y media” desde que se aprobó la Constitución: 1983, 1990, 1996 y 2011. La “media” (ya se estaban tramitando los nuevos presupuestos cuando se prorrogaron) sería la que se produjo en 2017. Las tres primeras ocasiones, con Felipe González en el poder, tuvieron lugar porque las elecciones generales se habían celebrado a finales del año anterior, al igual que ocurrió en 2012, cuando Mariano Rajoy llegó al Gobierno.
En estas cuatro ocasiones hubo reales decretos a finales de diciembre del año precedente en los que se “ahormaban” las prórrogas. En los años 1990 y 1996 se incluyó en estos reales decretos una subida salarial para los empleados públicos. Y esto es lo que CCOO cree que debería ocurrir también este año, en caso de prórroga: que se apruebe un real decreto que incluya la subida salarial pactada (la negociación sigue abierta). En 1983 no se mencionaba al personal de las administraciones públicas y en 2012 se estableció específicamente la congelación salarial.
CSI-F también se opone a la congelación
Por su parte, CSI-F ha manifestado “su más absoluto rechazo” al plan presupuestario remitido por el Gobierno a Bruselas. Afirman que “no reconocen” el supuesto de congelación salarial y entienden que la negociación de los salarios públicos está todavía abierta.
El sindicato reclama una explicación urgente al Ministerio de Hacienda, “ante la incertidumbre que se genera sobre más de 2,5 millones de empleados públicos y sus familias, que esperan una aclaración”. Recuerdan que la última oferta del Gobierno fue un incremento del 1,5% en los salarios más un 0,25% adicional en el caso de que se cumplan las previsiones de crecimiento económico.
Si además el PIB crece medio punto más de lo pronosticado por el Gobierno, esta parte variable podría subir un 0,25% más hasta el 0,5% en 2018. “Reclamamos a Hacienda que retome lo antes posible el diálogo social y la negociación presupuestaria, de manera paralela a las actuaciones que se están llevando a cabo para resolver la crisis creada en Cataluña”, afirman.
Prórroga de los despropósitos fiscales
El portavoz de Presupuestos de Podemos, Segundo García, cree que la prórroga presupuestaria “evidencia la debilidad política del gobierno del Partido Popular y su incapacidad para formar una mayoría parlamentaria suficiente como consecuencia de su trágica gestión de la crisis política en Cataluña”. Recalca que esta “nefasta gestión” no sólo tiene costes políticos, sino también económicos: se pospone la incertidumbre y se prorrogan unos PGE que no ayudan a que la recuperación llegue a los hogares españoles.
García recalca asimismo que en su proyecto enviado a Bruselas el Gobierno confía todo el cumplimiento del objetivo de déficit de las Administraciones Públicas (2,3% del PIB en 2018) al propio ciclo y a la demanda externa, cuando el análisis de la coyuntura muestra que el entorno internacional podría dejar de tirar de la economía.
