Los sindicatos tratan de evitar la privatización del Fogasa
Los sindicatos quieren desatascar el Fondo de Garantía de Salarial y quieren hacerlo sin recurrir a privatizaciones, tal y como amenaza el Gobierno. UGT y CCCOO han remitido al secretario general del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) una carta para pedir la apertura de una negociación sobre posibles soluciones para el organismo y un documento en el que explican sus alternativas. Por un lado, proponen un plan de choque que implicaría un aumento temporal de plantilla; por otro, medidas estructurales para garantizar la sostenibilidad del Fogasa a largo plazo.
El organismo -con una plantilla de unas 400 personas- acumula un retraso de más de 125.000 expedientes (lo que equivale a tres años de carga de trabajo) y sus letrados apenas acuden a un 30% de todos los procesos que tienen lugar en los juzgados de lo social y en los que deben velar por sus intereses. En el documento, los sindicatos recuerdan que la situación actual es consecuencia de una política “que ha ignorado la necesidad de reforzar los servicios públicos que, como consecuencia de la crisis, han visto incrementadas sus cargas de trabajo de una manera exponencial”.
El plan de choque que proponen contempla la incorporación de 240 efectivos durante al menos 18 meses y la cobertura con funcionarios interinos de las vacantes que se han producido. También plantean la definición de un modelo de cargas de trabajo y de efectivos que permita “dimensionar adecuadamente la estructura de la plantilla”.
En cuanto a la viabilidad jurídica del Fogasa -cuenta con unos 130 letrados-, los sindicatos piden la colaboración de otros organismos, como la Tesorería de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo o la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, para que también participen en los procesos legales en los que haya que defender los intereses del Fondo. También reclaman “mayor implicación de la Abogacía del Estado”.
Como medidas estructurales, UGT y CCOO consideran que el Fogasa debe ser reconocido como oficinas de atención a la ciudadanía y unificar los diferentes tipos de centros de trabajo que existen, además de asegurar la incorporación de los puestos vacantes. Por otro lado, las centrales consideran que dada la situación del mercado inmobiliario hay margen para ahorrar en los alquileres de las oficinas.
Reclaman, además, un presupuesto de 591.000 euros para crear un programa de productividad por objetivos y un fondo de 250.000 euros para que los centros de trabajo del Fogasa abran por las tardes tarde “contando con la participación voluntaria de la plantilla”.
Con estas propuestas, pretenden evitar que el Gobierno privatice parte de la gestión del organismo para reducir la bolsa de trabajo atrasado, tal y como propuso el secretario general del organismo en una reunión del Consejo Rector del Fogasa que tuvo lugar en febrero. “Se trata de contratar la realización de las actividades necesarias para el trámite de los expedientes pendientes. Esta acción es temporal, transitoria”, se decía en la presentación que tuvo lugar en la reunión. También se planteaba la contratación de abogados externos “en régimen de arrendamiento de servicios”.
