El socio italiano de Sacyr en Panamá forzó el ultimátum
Las aguas vuelven a su cauce en la obra de ampliación del Canal de Panamá tras el virulento conflicto iniciado la semana pasada entre el Estado y las constructoras. La empresa española Sacyr parece encarrilar una tregua después del ultimátum por carta que envió el consorcio adjudicatario del proyecto Grupo Unidos por el Canal (GUPC). En la misiva se amenazaba con paralizar las obras en un plazo de 21 días si la Autoridad del Canal de Panamá no reconocía un pago de 1.600 millones adicional al presupuestado en el concurso de adjudicación.
Según ha podido saber eldiario.es, los nervios de su socio italiano en el consorcio, el grupo Impregilo, fueron críticos para realizar el ultimátum que dejó en vilo la continuación de las obras. Lo cierto es que las cosas han cambiado mucho en el grupo italiano desde que se alió con Sacyr para la explotación del canal. En febrero de 2013 el constructor italiano Pietro Salini se hizo con el socio de Sacyr en el proyecto, y el papel de la italiana en el Grupo Unidos por el Canal pasó de ser mero comparsa a convertirse en un compañero quisquilloso e incómodo.
De hecho, La Estrella, el decano de la prensa diaria de Panamá, aseguraba el pasado viernes que los directivos de la española Sacyr y del otro socio, la belga Jan de Nul, “no estaban presentes cuando se decidió enviar la carta” y que “la iniciativa partió del ”representante de Impregilo“, Paolo Moder.
La rápida reacción de los representantes de Sacyr en el proyecto permitió que el Gobierno español se movilizara. Así, la visita relámpago que la ministra de Fomento ha realizado a Panamá tenía asegurada unos ciertos resultados antes de que Ana Pastor despegara de Madrid. Tras los contactos mantenidos en los últimos días con la presencia de Pastor, las partes enfrentadas se han comprometido a emprender desde ayer martes una ronda de negociaciones. En principio se ha expresado un compromiso de la Autoridad del Canal para inyectar dinero en el consorcio que capitanea Sacyr, a fin de mantener operativas las obras.
Fuentes consultadas por eldiario.es han señalado que tanto Sacyr como Impregilo estaban de acuerdo en los últimos tiempos en tensar las relaciones con la Autoridad. Ambos socios entendían que, tras un desembolso por parte de la Autoridad del Canal de 2.800 millones de euros desde el comienzo de la implementación del proyecto y con el 70% de las obras realizadas “con un alto nivel de calidad” reconocido por el contratista, era el momento de poner encima de la mesa la desviación presupuestaria. Sin embargo, “a los italianos se les fue la mano en la puesta en escena”, según las fuentes citadas.
Una vez reconducida la situación, al menos provisionalmente, la ministra de Fomento ha querido disipar las sospechas de que su presencia en Panamá pudiera suponer el compromiso de aportar dinero público español para desbloquear la situación. “En ningún caso” el Gobierno español dará dinero a Sacyr para que acabe las obras de ampliación del Canal de Panamá“, aseguró.
También echó balones fuera cuando fue preguntada por las advertencias del Tribunal de Cuentas de que el aval público dado a Sacyr por cerca de 160 millones para poder adjudicarse la obra no cumplía del todo los requisitos de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE). Pastor dijo que “esta cuestión debe discutirse en el Parlamento español, que será quien evalúe los distintos aspectos de la concesión”. Finalmente, la ministra descartó que el revuelo de la ampliación del Canal de Panamá “vaya a afectar negativamente a la marca España”.
