La justicia ralentiza el rescate de las autopistas quebradas
Hay una bomba de racimo en el juzgado de lo mercantil número seis de Madrid. En este tribunal se concentran varios pleitos abiertos por la quiebra de las autopistas de peaje, esas que impulsó el gobierno de José María Aznar para que Madrid tuviera tantos accesos como París, según relatan algunos conocedores de esta trama. Su exiguo tráfico se va recuperando poco a poco, afirma Fomento, y reverdece algo más en la operación de Semana Santa que está en marcha estos días.
En el último mes se ha ralentizado la cuenta atrás para que el Estado empiece a asumir con un coste milmillonario estas ocho autopistas quebradas, algo que en principio estaba previsto en julio para tres de ellas.
El último giro de este culebrón –que hunde sus raíces en los años noventa– ha sido la suspensión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid de la liquidación de las radiales de acceso a Madrid R3 y R5 mientras decide sobre una serie de recursos. Llega después de que la misma instancia judicial decidiera dejar sin efecto la liquidación de la Circunvalación de Alicante. La Audiencia se pronunció así ante los recursos de la sociedad concesionaria de las autopistas (participada por Abertis, ACS y Globalvía). Lo cierto es que son las propias constructoras las que en este caso tratan de evitar al máximo los efectos de las quiebras sobre sus cuentas al declararse en liquidación y están tratando de demorar el proceso.
En todo caso, las concesionarias piden una solución “individualizada”, pues consideran que algunas pueden salvarse de la liquidación. También De la Serna prefiere que no se las considere un conjunto, ya que algunas de ellas funcionan mejor que el resto.
Estas decisiones judiciales “de alguna forma, retrotraen parte del proceso que pudiera hacer que se dilate la reversión más allá del mes de julio”, confiaba poco después el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. Y es que lo que el Estado tendrá que pagar se va reduciendo según va pasando el tiempo, porque se entiende que mengua lo que queda de concesión.
Por qué el Estado debe hacerse cargo
El motivo de que el Ministerio se tenga que hacer cargo de la quiebra de una concesión privada para gestionar el tráfico es la cláusula que garantizaba a las concesionarias que en caso de pérdidas las asumiría el Estado. Se trata de la Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas (RPA), por la que éstas tienen una obligación de reparar o de responder por las pérdidas de las empresas implicadas. Con semejante salvaguarda no es extraño que acudieran a las licitaciones para construir y optar a la concesión de las autopistas un gran número de constructoras como Acciona, ACS, Abertis, Cintra, Sacyr, FCC, Ferrovial, OHL o Globalvía.
Pese a la suspensión temporal del proceso de “reversión” al Estado, Fomento cuenta con que tarde o temprano deberá hacerse cargo de algunas de estas infraestructuras: “Seguimos trabajando en la organización interna de qué departamento se va a encargar de su gestión, qué proceso se va a hacer para la 'relicitación' de esas autopistas y cómo vamos a agruparlas para conseguir mayor eficiencia”, dijo De la Serna cuando ya se había producido el fallo judicial, informa Efe.
Vuelta a la licitación
El último as que se ha sacado el ministro ha sido decir que volverá a licitar las autopistas de peaje en quiebra con las que finalmente se tenga que quedar. La solución a este embrollo podría pasar porque el Estado asuma las autopistas, pero con una quita. Para complicar más el expediente, soportan una deuda de 3.400 millones de euros, en buena parte en manos de fondos buitre. Hace tiempo que el Ejecutivo ya planteó un rescate en el que se proponía una quita sobre los créditos del 50% de la deuda, así como el pago del resto en un plazo de 30 años, pero los acreedores no aceptaron la propuesta.
Lo que puede acabar pasando con bastante probabilidad es que Fomento, es decir, los contribuyentes en último término, se hagan cargo de esta factura, que según la patronal de la construcción Seopan ascendería a unos 5.000 millones de euros, y que tiene su origen en la infravaloración que se hizo de los terrenos sobre los que se construyeron las autopistas. Se pretendía pagar a los propietarios con coste de terreno expropiado, pero el Tribunal Supremo obligó a que se pagase a precios de mercado en plena burbuja del suelo.
A ello se unieron unas previsiones de tráfico absolutamente infladas. Precisamente el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017 incluye una partida de 32 millones de euros para favorecer el tráfico en las autopistas de peaje, favoreciendo el paso de camiones.
En todo caso, los de la R3 y la R5 no son más que dos de los numerosos pleitos en curso. El resto de autopistas que están quebradas o en liquidación son las otras dos radiales, la R2 y la R4, la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda, la Cartagena-Vera y la M12 Eje Aeropuerto, que une la capital con el aeropuerto de Barajas. Para todas ellas deberá encontrarse una solución.
