Hacienda obliga a repetir otro concurso del AVE porque Adif incluyó “cláusulas oscuras”
El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha propinado dos correctivos al propietario y gestor de la red de alta velocidad ferroviaria española, Adif, en menos de seis meses, por el proceso de adjudicación de sendos contratos por un importe conjunto de más de 205 millones de euros.
Ambos concursos están ligados al sistema de señalización ERTMS de las líneas del AVE en construcción. En lo que va de año, se ha repartido obra y suministro de equipos de seguridad ferroviaria entre las grandes empresas de este sector por 1.400 millones de euros.
El Tribunal Administrativo ha vuelto a desautorizar a Adif y le ha obligado a repetir una licitación de 155 millones incluyendo en el proceso al consorcio que había sido marginado.
Los argumentos jurídicos que se emplean en la resolución son especialmente contundentes con la forma en que redactó los pliegos del concurso la empresa pública que gestiona la infraestructura del AVE. “Tanto el término ‘oferta genérica’ como el de ‘presupuesto base de licitación’, inducen a error, pues no fijan de modo cierto cuáles son los parámetros de referencia para determinar la posible temeridad de la oferta”, señala la resolución.
Como consecuencia de lo anterior, el Tribunal sentencia que “la interpretación de las cláusulas oscuras de un contrato no deberán favorecer a la parte que hubiese ocasionado la oscuridad”.
El tramo en el que el Tribunal Administrativo Central ha desautorizado la elección del Adif es el que une Monforte del Cid con Murcia en el AVE de Levante. Fue adjudicado en mayo pasado al consorcio formado por Alstom, Bombardier e Indra por un importe de 155,7 millones, de los que 96,3 millones correspondían al suministro de equipos y a la obra y 59,4 millones al mantenimiento.
El Tribunal ya obligó a repetir en junio el concurso por el que se adjudicó la implantación de los equipos y sistemas de ERTMS del tramo La Robla-Pola de Lena por 50 millones. Adif designó ganador al consorcio formado por Thales y Siemens. Antes había declarado en “baja temeraria” al grupo formado por Ansaldo e Inabensa, que habían sacado mejor puntuación.
Ante la impugnación de los marginados, el Tribunal dependiente de Hacienda dio la razón a los demandantes y recriminó la elección hecha por Adif con el argumento de que “no justifica por qué dos empresas del prestigio y la solvencia de Ansaldo e Inabensa no podrían acometer un contrato de más de 47 millones por haber ofertado un precio tan solo 60.000 euros más barato que el umbral de temeridad”.
La impugnación en este caso llegó del grupo integrado por las empresas CAF, FCC y Revenga. En la puntuación de la licitación estos últimos habían sacado las mejores notas pero fueron descalificados al apreciar la dirección de la empresa presidida por Gonzalo Farré que habían entrado en baja temeraria en la parte del contrato correspondiente al mantenimiento.
