El Gobierno regional del PP dejó a deber al Ayuntamiento de Badajoz 4,7 millones por el IBI
El anterior Gobierno regional del PP dejó a deber al Ayuntamiento de Badajoz 4,7 millones en concepto de bienes de bienes inmuebles (IBI) por los cuatro años fiscales que duró su mandato, entre 2012 y 2015, lo que contrasta con la actual reclamación popular de exigir esa contribución económica como muy necesaria para las arcas de los ayuntamientos.
Según datos que obran en la ejecución de esa recaudación, la deuda tributaria a 31 de diciembre pasado era de 807.000 euros por el año 2012, de 2013 eran 622.000 euros, de 2014 ascendía a 1,117 millones, y de 2015 2,114 otros millones de euros; el plazo de vencimiento en pago voluntario del IBI de ese último año, 2015, se produjo antes de la salida de José Antonio Monago de la Presidencia de la Junta, que fue el 4 de julio.
En total una deuda acumulada de 4,660 millones de euros por centros sanitarios, viviendas sociales y otros inmuebles propiedad de la Junta de Extremadura.
Las obligaciones con el Ayuntamiento de Badajoz en esa legislatura 2012-2015 representan casi la cuarta parte de la deuda total que la Hacienda autonómica tiene actualmente con los ayuntamientos extremeños por el impuesto de la contribución.
20 millones en juego
Y es que asciende a 20 millones de euros entre el importe principal y los intereses de demora, un montante que se distribuye entre los 12 millones para municipios de la provincia de Badajoz y que se deben a los de Cáceres.
Actualmente está en disputa política si las instalaciones sanitarias –centros de salud, hospitales- deben seguir pagando IBI a los ayuntamientos o no; siempre han estado exentos hasta que en 2011 el PP empezó a gobernar Extremadura y cambio la norma, ahora el nuevo Ejecutivo regional socialista de Fernández Vara quiere recuperar la exención, con el argumento principal de que la sostenibilidad de la sanidad pública está en peligro, y esos 2,5 millones que para ella representa el IBI en toda la región son muy necesarios.
Sin embargo el Gobierno del PSOE se ha topado con la opinión en contra no solo de los principales ayuntamientos populares como Badajoz o Cáceres, sino de la federación regional de municipios presidida ahora por el alcalde socialista de Hornachos.
La exención o no del impuesto de la contribución para los edificios sanitarios, basada en el carácter docente de algunos de ellos (médicos internos residentes o escuelas de enfermería) se va a dilucidar en una ley de medidas tributarias que prepara la Junta pero que tendrá que negociar con los grupos parlamentarios ya que el socialista está en minoría dentro de la Asamblea de Extremadura.
