La central nuclear de Almaraz confirma que solicitará alargar su vida 20 años más
La Central Nuclear de Almaraz ha confirmado que en los próximos meses presentará la solicitud de autorización para seguir funcionando otros 20 años más, una vez que los dos reactores hayan cumplido 40 de actividad.
La solicitud de la planta cacereña se produce después de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) haya aprobado un dictamen favorable a que la central de Garoña en Burgos pueda operar hasta los 60 años,dictamen favorable a que la central de Garoña en Burgos pueda operar hasta los 60 años, lo que sienta un precedente para que las otras cinco plantas activas en España funcionen más allá de los 40 años para los que fueron diseñadas.
El portavoz de Almaraz, Aniceto González, ha confirmado en declaraciones a Canal Extremadura Radio que realizarán la solicitud, aunque aún no tienen fecha. Lo harán tras haber logrado semanas atrás la autorización para la construcción del almacén de residuos nucleares (ATI).
Autorización para Garoña
El CSN aprobaba este miércoles la solicitud planteada hace dos años por Nuclenor, la empresa participada por Endesa e Iberdrola que opera Garoña, para que la planta burgalesa pueda operar hasta 2031, fecha en la que se habrán cumplido más de 60 años desde su entrada en funcionamiento, en 1970. La decisión se ha tomado por cuatro votos a favor (de tres consejeros propuestos por el PP y uno por el PSOE) y uno en contra de la consejera socialista Cristina Narbona.
La petición a la que el CSN ha dado respuesta no tiene antecedentes en España, en tanto que la norma hasta ahora era que una planta solicitara la renovación del permiso para operar por el mismo periodo de tiempo que comprenden las revisiones integrales de seguridad de este órgano, es decir, por un máximo de 10 años.
El máximo órgano regulador de la seguridad nuclear en España ha cambiado sus normas en estos dos últimos años para poder avalar una solicitud de ampliación de actividad de 14 años como la planteada para Garoña.
La revisión integral de seguridad seguirá ejecutándose cada diez años, pero por primera vez se desvincula del aval dado por el CSN para operar.
En las manos del Gobierno
España adopta así una manera de proceder en esta materia similar a la francesa, de manera que los avales del máximo órgano de seguridad nuclear para que una central opere sólo serán revocables por cuestiones de seguridad, y no atenderán a periodos fijados.
La resolución (preceptiva pero no vinculante) adoptada por el CSN no asegura que Garoña vuelva a conectarse a la red, de la que lleva desenganchada desde diciembre de 2012, ya que ahora debe ser el Gobierno quien decida autorizarlo, y Endesa e Ibedrola quienes decidan si quieren acometer las inversiones que se le exigen para el reenganche.
El dictamen del CSN no cuantifica esas inversiones, ni Nuclenor ha dado ese dato, pero expertos consultados calculan que podrían situarse en no menos de 150 millones de euros.
El visto bueno abre la veda para que las otras cinco plantas nucleares activas en España (Almaraz, Cofrentes, Trillo, Ascó y Vandellós) pidan también operar más allá de los 40 años que irán cumpliendo en los próximos años.
La siguiente, Almaraz
La siguiente que tendría que hacerlo es Almaraz, la nuclear que más electricidad genera (casi el 30% del total del sector), operada por Iberdrola, Unión Fenosa y Endesa en la provincia de Cáceres, con dos reactores que entraron en funcionamiento en 1981 y 1983.
Le seguirían la de Cofrentes, operada por Iberdrola en la provincia de Valencia, que se conectó a la red en 1984; la de Ascó, gestionada por Endesa e Iberdrola, con dos reactores que funcionan desde 1984 y 1986; la de Vandellós, en Tarragona, con un reactor activo desde 1988 y operado por Endesa e Iberdrola; y la de Trillo (Guadalajara), conectada desde 1988.
Hasta ahora, el tiempo máximo que había permanecido conectada a la red una planta nuclear en España eran los 37 años de la ya clausurada Zorita (Guadalajara), que funcionó entre 1969 -primera que operó en España- y 2006.
La legislación española no establece un calendario de cierre de las plantas nucleares a medida que vayan cumpliendo cuarenta años.
Rechazo de ecologistas
Las principales organizaciones ecologistas y el partido político Equo han lamentado el dictamen favorable a la reapertura de Garoña (Burgos), y señalado que con esta decisión se abre la puerta para alargar el funcionamiento de todo el parque nuclear español, sin un debate previo ni político.
Paco Castejón, de Ecologistas en Acción, ha señalado que la decisión del CSN por “esperada no es menos grave”. Por varios motivos: el primero por el “riesgo que supone mantener Garoña en funcionamiento, una peligrosa antigualla situada en la cabecera del Ebro en la que un accidente con fuga al río afectaría ecosistemas, y poblaciones de las comunidades”.
Por otro lado, se trata de un permiso de 17 años, el más largo concedido a una central nuclear en España que supondrá una autorización para operar hasta los 60 años dentro del actual mercado eléctrico español, en el que “las nucleares son un negocio para sus explotadores”.
Castejón ha matizado, que existen una batería de cambios a introducir en la central antes de su puesta en marcha, entre las que ha resaltado el cambio de cientos de kilómetros de cables o la torre de enfriamiento que la Confederación Hidrográfica del Ebro impone para la reapertura de Garoña.
“Hoy es un día ”malo“ para la sociedad española”, ha lamentado Castejón, para quien con esta decisión el CSN está destrozando la credibilidad del organismo, ya que se ha elaborado a la medida de Nuclenor para reabrir Garoña.
“Se ha abierto la puerta para alargar el funcionamiento de todo el parque nuclear español sin un debate previo ni político, ni social ni siquiera tan siquiera técnico ya que en el caso de Garoña, aún faltan inspecciones y protocolos”.
Para Raquel Montón, portavoz de Greenpeace, el CSN no sólo ha abandonado la seguridad nuclear sino que la ha dañado profundamente al emitir este informe, ya que no garantiza la seguridad nuclear.
Garoña no puede cargar combustible ni producir electricidad, sin embargo el CSN se atreve a dar un informe favorable, aun teniendo sobradas razones para no hacerlo, porque Nuclenor no ha hecho su parte y porque en el Congreso así se lo han pedido.
Sin embargo, el organismo regulador no ha dudado en menoscabar la seguridad nuclear en España e ignorar al Parlamento para favorecer los intereses de la industria nuclear“, ha declarado Montón.
Al igual que Ecologistas en Acción, Montón ha asegurado que es un “día malo” para la sociedad española, un organismo que debería velar por la seguridad está haciendo justamente lo contrario, y ha insistido en que la “intención última” es ampliar el parque nuclear por la puerta de atrás, sin contar con la opinión publica y el Parlamento.
López de Uralde, coportavoz de EQUO, ha avanzado que si el Gobierno continúa con la reapertura propondrá a los grupos una ley que cierre definitivamente Garoña.
A su juicio, es “inadmisible” que, pese a que Garoña no cumple las condiciones, se apruebe su reapertura; es una central “obsoleta y peligrosa”, pero la industria nuclear la está utilizando de ariete para abrir la puerta al alargamiento de la vida de las nucleares.
El hecho de que la central no haya realizado las modificaciones de diseño requeridas es motivo suficiente para que el dictamen fuera negativo, pero una vez más el Consejo de Seguridad ha acomodado la legalidad a los intereses de las nucleares, ha concluido
Propuesta rápida de IU
Izquierda Unida, a través de su portavoz parlamentario y coordinador federal, Alberto Garzón, y también con las firmas de sus diputados/as Ricardo Sixto y Eva García Sempere, acaba de registrar este miércoles con urgencia en el Congreso de los Diputados una iniciativa parlamentaria en la que, entre otras cuestiones, insta al Gobierno del Partido Popular a “tomar las medidas necesarias para decretar el cierre y desmantelamiento definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña” y a “elaborar un estricto calendario para iniciar el cierre y desmantelamiento progresivo del resto de centrales nucleares” .
En la Iniciativa Parlamentaria que se ha registrado hoy también se destaca “la situación de la central de Almaraz, en funcionamiento desde 1981 y la más potente. Su actividad genera un fuerte rechazo social y político en Extremadura y Portugal, como se ha constatado en la reciente Conferencia Antinuclear de Lisboa sin que ello se haya traducido hasta el momento en una acción gubernamental acorde con el descontento social”.
El coordinador general de IU Extremadura, Joaquín Macías, ha insistido que “es imprescindible mantener el calendario previsto para el cierre de Almaraz y elaborar un plan de dinamización económica para la comarca de Campo Arañuelo”. Macías ha exigido que la Junta de Extremadura elabore dicho Plan de dinamización que “debe de ser financiado también por las empresas propietarias de las centrales, que se han lucrado con la producción eléctrica, y ni siquiera han asumido los costes del tratamiento de los residuos radiactivos”.
