Cacería de tiernas mentes

La caza viene siendo motivo de crítica y controversia crecientes en nuestro país de un tiempo a esta parte, poniéndola en cuestión tanto desde el punto de vista ético, como del de la conservación de la biodiversidad o el económico, y con razón, ya que es una actividad que se sustenta únicamente sobre el deseo de un limitado y menguante colectivo que encuentra placer en un presunto deporte basado, fundamentalmente, en matar animales por diversión.

La reacción del sector cinegético a ello ha sido la de conformar un lobby con ramificaciones en el poder político y económico en una desesperada búsqueda de la supervivencia de la caza , intentando presentarse como los garantes del equilibrio natural, como una herramienta para la gestión de poblaciones y como una actividad económica esencial para el medio rural, afirmaciones todas ellas que no pueden ser más inciertas, reaccionando así a la creciente concienciación medioambiental del conjunto de la sociedad. Este grupo de presión está formado por diferentes personas jurídicas, como las Federaciones nacionales y autonómicas de caza, APROCA, ATICA o la Oficina Nacional de Caza, y personas físicas, generalmente de alta extracción social, como grandes propietarios de fincas, banqueros, empresarios, aristócratas, políticos y miembros de la judicatura y de las fuerzas de seguridad. Sus acciones en los últimos años han destacado por los ataques a las normativas de protección de la naturaleza y de protección animal a todos los niveles y por una ausencia total de autocrítica de las malas prácticas utilizadas comúnmente por sus correligionarios.

Un paso más en este sentido, es la introducción de proyectos a desarrollar en los centros educativos de diferentes comunidades autónomas, tal como el primer proyecto PROADES (Promoción y ayuda al deporte escolar) que es impulsado por la Federación Extremeña de Caza (FEDEXCAZA), que pretende llegar a lo largo de este año a más de 700 alumnos de Educación Primaria (niños de 6 a 12 años) de toda Extremadura con la excusa de acercar a los escolares la realidad de la caza y sus valores, al tiempo que, supuestamente, se les pone en contacto con la naturaleza y se les transmite la importancia de la conservación de nuestros ecosistemas.

El programa PROADES está impulsado por la Junta de Extremadura y el Consejo Superior de Deportes, y se incluye dentro de los JUDEX (Juegos Deportivos Extremeños). Su objetivo es “la promoción y el desarrollo del deporte y la actividad física en todos los ámbitos educativos y sociales, prestando especial atención al carácter formativo del deporte en edad escolar”.

Ante esta insensatez, en mi condición de diplomado en Magisterio y licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, así como en la de activista ecologista y animalista, debo decir que me siento doblemente indignado de que una actividad cruel y sanguinaria como ésta sea llevada a los centros educativos con el auspicio de la administración, por varios motivos.

Si bien, en su acepciones más básicas del deporte como «recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico, por lo común al aire libre», esta salvajada podría encajar como tal, en modo alguno lo hace, ya que una de las funciones principales del deporte es la de transmitir una serie de valores al alumnado, entre los que están el respeto al entorno natural y a todos los seres que lo integran, la preocupación y empatía por los demás, el rechazo a la violencia o la expresión de sentimientos positivos, entre otros muchos orientados en este sentido, elementos todos ellos muy alejados de esta actividad obsoleta que promueve precisamente comportamientos diametralmente opuestos.

Igualmente, teniendo en cuenta que la Educación Primaria pretende, entre otras cosas, promover valores como el conocer y valorar a los animales y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado, desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas, y que, por otro lado, los currículos de la etapa incluyen elementos relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, sobra decir que la promoción de esta afición anacrónica no puede tener lugar en el entorno educativo.

Es decir, que después de décadas de campañas escolares de educación ambiental para concienciar acerca del respeto a los animales y el cuidado y conservación de la naturaleza, ahora la Junta de Extremadura permite y financia el envío de un mensaje completamente opuesto al que se le viene inculcando a los niños y las niñas en nuestros centros escolares por parte de un lobby interesado cuyo objetivo no es el expresado, sino más bien otro mucho más prosaico: La supervivencia de su desalmada afición captando tiernos aficionados en estas etapas en las que son fácilmente influenciables.

Hay que recordar que, tras el llamado “boom cinegético español” que tuvo su máxima expansión a finales de los años 80, las licencias de caza han ido disminuyendo desde entonces en torno al 40% hasta las 848.243 expedidas en 2013 (último dato oficial disponible). El número de cazadores actual en todo caso sería menor, pues han disminuido aún más y una misma persona puede tener más de una licencia. Menor aún es el número de cazadores federados, que en la actualidad sería del orden de 330.000 personas.

También conviene recordar que, en España, el ejercicio directo de la caza provoca cada año la muerte de 25 millones de animales según estadísticas oficiales, utilizando para ello más del 80% del territorio y esto sin considerar la pérdida de biodiversidad provocada por los efectos indirectos, como el envenenamiento del medio ambiente, algo que afecta especialmente a la avifauna, con el vertido de unas 6.000 toneladas de perdigones de plomo, los daños inducidos en los hábitats mediante la colocación de cancelas y el levantamiento de miles de kilómetros de vallados cinegéticos, caminos, tiraderos y otras infraestructuras derivadas, la desaparición de la fauna silvestre autóctona mediante sueltas incontroladas y la introducción de especies exóticas y, sobre todo, a través del uso todavía muy extendido de venenos, lazos, y cepos para acabar con los depredadores, lo que da lugar al constante maltrato animal, no sólo de las víctimas de la caza, sino también de los perros que se emplean en rehalas y cacerías. Hay que sumar a esto que, cada año, más de 100.000 perros son abandonados o asesinados a tiros, ahorcados, quemados vivos o arrojados a pozos para que mueran de hambre y sed si sobreviven a la caída, por poner algunos ejemplos, por considerarse que ya no sirven para tan infame actividad.

En contraste con una actividad tan agresiva, cada día son más las personas que usan el medio natural de forma pacífica y respetuosa, con una oferta creciente de las actividades ligadas al disfrute ético de la naturaleza tales como el senderismo, la bicicleta de montaña, las rutas a caballo, el montañismo, el piragüismo, la observación de aves, etc., lo que si contribuye realmente al desarrollo y mantenimiento del medio rural, que es entorpecido por la actividad cinegética, ya que como hemos visto, el 80% del territorio forma parte de algún coto de caza y es utilizado durante la mayor parte del año para sus fines, lo que choca frontalmente con cualquiera de las múltiples actividades de uso público que los no cazadores realizan en el medio natural y contra los derechos de la ciudadanía en general, amparados por la Constitución, en su artículo 19, que reconoce a las personas que gozan de la ciudadanía española la libertad de circulación, así como en el artículo 45.1 que reconoce a los ciudadanos/as españoles/as el derecho al disfrute del medio ambiente y artículo 132.1 de la Constitución, la Ley de Régimen Local y las Leyes de Patrimonio de las Administraciones Públicas y Vías Pecuarias que señalan que los caminos públicos, al igual que las vías pecuarias, los dominios públicos hidráulicos y los montes de utilidad pública son “inalienables, imprescriptibles e inembargables” y tienen como fin primordial el uso público y el desarrollo de actividades compatibles de desarrollo rural.

Todo esto se detalla en profundidad en un completo estudio de Ecologistas en Acción denominado “7 verdades sobre el impacto de la caza en España” a disposición de quien lo quiera consultar. Hay que señalar además, que con el desarrollo de estos proyectos se desoye la recomendación de la máxima autoridad en temas de infancia, el Comité de Derechos del Niño de la ONU, que conmina a los gobiernos a proteger a los menores de la violencia física y mental de actividades como la caza o la tauromaquia. También el Consejo Independiente de Protección de la Infancia se ha unido a esta petición.

Por todo ello entiendo que hay que protestar enérgicamente por la introducción de estos programas en nuestros sistemas educativos, ya que atentan directamente contra los fines más sagrados de nuestra labor. Como dijo Víctor Hugo: “Primero, fue necesario civilizar al hombre en su relación con el hombre. Ahora, es necesario civilizar al hombre en su relación con la naturaleza y los animales.”

*Carlos Clemente.Maestro y profesor de Educación Física.Miembro de la Plataforma Defensa Animal Extremadura y de Podemos Animalista Estatal.