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Extremadura defiende que los recursos naturales del Sáhara son de los saharauis y no de Marruecos

Mujeres saharauis ante la base de ACNUR en Rabuni, capital administrativa de los campamentos de refugiados saharauis en el desierto argelino./ Efe

La Asamblea de Extremadura ha hecho un llamamiento a las empresas europeas y españolas para que cesen aquellas actividades que puedan favorecer “la perpetuación de la ocupación marroquí del Sáhara Occidental y la explotación de los recursos naturales de este último territorio.

A través de una declaración institucional, aprobada hoy por unanimidad, la Cámara legislativa extremeña exige el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre el Sahara Occidental, que falló que este territorio “no forma parte del Reino de Marruecos”.

Lo que significa, según se añade, que ningún acuerdo comercial entre la UE y Marruecos es aplicable en el Sáhara Occidental, por lo que no se puede establecer ninguna actividad comercial, ni exportar los recursos naturales del Sahara Occidental sin el consentimiento del pueblo saharaui.

Pesca, agricultura, extracción de fosfatos y arena, y energía renovable son algunas de las actividades mercantiles que se registran en el Sáhara Occidental a través de acuerdos con el Reino de Marruecos, pero no con la aprobación del pueblo saharaui.

El Parlamento regional recuerda la citada sentencia es de obligado cumplimiento por parte de las autoridades europeas y estatales, y por ello es su deber, además de respetarla, darla a conocer a su ciudadanía para su correcta aplicación.

La declaración, en la que se subraya que el Estado Español tiene una responsabilidad histórica, jurídica y moral con el pueblo saharaui, remarca que la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE se establece que los acuerdos de asociación y liberalización entre Marruecos y la Unión Europea no se aplican al territorio del Sahara Occidental.

Sin embargo, se está produciendo una explotación de los recursos naturales del Sahara Occidental por parte de compañías europeas, “en contradicción con el derecho internacional y europeo”.

Asimismo, la Asamblea extremeña se suma a la corriente de solidaridad de la sociedad extremeña “que lleva años exigiendo una solución política, justa, duradera y mutuamente aceptable a través de un referéndum que ponga fin al conflicto del Sáhara occidental”.

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