El Gobierno recurre al Constitucional la Ley de Exclusión Social de Extremadura
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) algunos aspectos de la Ley de Exclusión Social de Extremadura, por considerar que invade las competencias estatales y que conduce a “cuartear” la unidad del territorio nacional; se trata de la universalización de la atención sanitaria, también para inmigrantes, y el que la renta básica no sea embargable.
En rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha dado cuenta de esta autorización a recurrir la citada ley extremeña, aprobada en julio del año pasado por la Asamblea regional.
Ha argumentado que algunos artículos de la normativa extremeña son “una intromisión” en las competencias del Estado, que afectan tanto al contenido de la misma como a la “inembargabilidad de ayudas económicas extraordinarias de apoyo social”.
Ha recordado el ministro portavoz que en la actualidad hay en el Senado un pacto estatal de sanidad, por un lado, y que el Gobierno también contempla la posible modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que podría afectar a la actual disposición sobre embargos de ayudas.
Bajo ese prisma, Méndez de Vigo ha subrayado que el Ejecutivo cree que lo mejor es intentar llegar a un acuerdo que afecte a todo el territorio nacional y no sólo a una comunidad.
“Empezar a cuartear la unidad territorial es una mala idea”.
A finales del año pasado, la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Extremadura decidió iniciar conversaciones para resolver algunas discrepancias sobre esta ley en relación con la atención sanitaria a extranjeros que no sean beneficiarios del Sistema Nacional de Salud y la universalización de la atención sanitaria.
También hay diferencias en lo referente a las ayudas extraordinarias de apoyo social para contingencias que prevé la normativa autonómica.
La ley, que salió adelante con los votos a favor del PSOE y Podemos y la abstención del PP y Ciudadanos, incluyó destinar 86 millones para la renta básica, 12 para mínimos vitales y 3 para la contingencia, progresivamente en dos ejercicios presupuestarios.
La Junta prepara alternativas
Conocida la interposición de ese recurso de inconstitucionalidad, la Junta de Extremadura ha precisado que no se pide la suspensión de la Ley en general, y que los preceptos que se recurren se refieren a la universalidad de la atención sanitaria y la inembargabilidad de las ayudas de apoyo social.
En el primer caso, para asegurar el derecho a la universalidad de la asistencia sanitaria la Junta “elaborará normas de rango inferior para garantizar ese derecho”.
En el segundo caso, “la propia reseña del Consejo de Ministros dice que se va a llevar a cabo una modificación legislativa para evitar los embargos de las ayudas sociales en caso de emergencia social, por lo que se entiende que comparte el precepto de la Junta de Extremadura”.
