Refugiadas palestinas: entre el patriarcado y la ocupación

El 15 de noviembre de 2015, a las 3 de la mañana, un contingente de 25 soldados israelíes entraba en la casa de la familia Musleh, en el campo de refugiados de Dheisheh, en Cisjordania. Derribaron la puerta principal sin preguntas previas y despertaron al padre de familia, que dormía en el salón, apuntándole directamente con los fusiles en el rostro. 

Su objetivo era Dunya, la hija menor de la familia, considerada una amenaza para la seguridad del Estado de Israel tras la publicación en Facebook de un mensaje de apoyo al activista Mutaz Zawahreh, asesinado por las fuerzas de seguridad israelíes el 13 de octubre del mismo año. Las acusaciones a la joven, de 19 años, incluían además el hecho de colgar fotos en las que vestía ropas militantes del partido Frente Popular para la Liberación de Palestina –pantalones militares, bandana con las iniciales del partido y la icónica kufiya palestina­–, lo que demostraba para las autoridades israelíes una clara apología del terrorismo. La puerta de su habitación, cerrada con pestillo, fue destruida mediante la detonación de un explosivo.

La familia en conjunto fue obligada a recluirse en el salón de la casa, a excepción de las dos hijas, Dunya y su hermana, Da’na, ambas retenidas en sus habitaciones al no ser distinguidas por las fuerzas de seguridad. Ante la duda, las dos jóvenes fueron esposadas de manos y pies y llevadas con el resto de la familia. Una vez Dunya fue identificada, las fuerzas israelíes la arrestaron, trasladándola al vehículo militar, custodiado por otros tantos soldados.

Los hechos ocurrían tan sólo dos días después de que Da’na fuese tiroteada por las fuerzas israelíes desde las torres del muro de segregación. Desafortunadamente se encontraba en las proximidades de una manifestación, en protesta por el asesinato del ya nombrado Mutaz, de la cual ni siquiera participaba. Dos cicatrices de bala en el pie de Da’na atestiguan estos hechos. 

Estas son las problemáticas a la que muchas mujeres refugiadas palestinas deben enfrentarse cada día. Si bien a primera vista este estatus no las diferencia del resto de palestinas, el mayor grado de politización de los campos de refugiados en Cisjordania las convierte en objetivo habitual de las fuerzas de seguridad israelíes. Campos de refugiados como Dheisheh y Aida concentran un alto grado de movilización y activismo y gozan de algunas de las tasas de arrestos más altas de los Territorios Palestinos Ocupados.

 

La Agencia de la ONU para los refugiados de Palestina (UNRWA, por sus siglas en inglés) define como refugiado palestino a toda persona cuyo lugar de residencia habitual  entre el 1 de junio de 1946 y el 15 de mayo de 1948 era Palestina y que perdió tanto su hogar como sus propiedades como resultado de la guerra árabe-israelí de 1948, lo que los árabes denominan la Nakba (“catástrofe”). Los descendientes de varones palestinos que cumplían aquellas condiciones, así como sus hijos legalmente adoptados, también tienen derecho a registrarse como refugiados.

El derecho al retorno a lo que un día fueron sus hogares y que desde 1948 forman parte del Estado de Israel es, precisamente, la principal motivación de la movilización social en los campos. Prueba de ello son los cientos de rostros de jóvenes mártires que cubren las paredes y los muros de sus calles, así como los nombres de los pueblos y ciudades de los que sus padres y abuelos fueron expulsados durante la Nakba.

Otra de las cuestiones que diferencian a las mujeres de los campos de refugiados del resto de poblaciones palestinas es el hecho de que su condición les sitúa al amparo de la UNRWA y de la legislación internacional. Es por esto que la Autoridad Palestina (AP) no se hace responsable del mantenimiento y la rehabilitación de estos campos. Así pues, servicios básicos como el agua, la electricidad o el alcantarillado, así como las infraestructuras sanitarias y educativas, son provistos por la UNRWA.

No obstante, otros aspectos sociales como las pensiones de jubilación no son atendidas por ningún organismo. Esta situación afecta directamente a las mujeres refugiadas que, en una sociedad en la que el ámbito de la economía sigue todavía dominado por los hombres, son más vulnerables a la falta ingresos. Sus dificultades para encontrar trabajo son mayores y los sueldos considerablemente más bajos.

Mukarram, madre de cinco hijas y que a finales del año pasado perdió a su hijo Malik a manos del ejército israelí, conoce bien esta situación. Con su marido enfermo e incapacitado para trabajar, y sin los ingresos que el joven Malik aportaba a la familia, esta refugiada se ha visto sumida en una situación de extrema precariedad. Con dos hijas en la universidad y otras tres todavía en el colegio, su destino se presenta incierto. Mukarram declara no ver ningún futuro y teme no poder asegurar una educación para sus hijas.

 

Por otro lado, las altas tasas de población en prisión proveniente de los campos, la mayor parte de la cual está integrada por varones, conlleva otra serie de dificultades. Aquellas familias con alguno de sus miembros en prisión deben afrontar un enorme gasto al quedar encargadas de financiar los costes de manutención, que rondan los 1200 NIS (unos 274€) mensuales por persona. Teniendo en cuenta que multitud de familias tienen hasta cuatro miembros en prisión, los gastos llegan a alcanzar cifras desorbitadas para las economías domésticas. Inicialmente era la AP quien financiaba estos costes, pero las autoridades israelíes pronto los incrementaron logrando así el desgaste económico del gobierno palestino, que terminó por eliminar estas partidas de su presupuesto.

Este conjunto de dificultades ha hecho que tradicionalmente las mujeres de los campos refugiados tuvieran un mayor protagonismo tanto en el ámbito de la movilización social como en la contribución a las economías familiares. No obstante, las restricciones a la movilidad entre los Territorios Palestinos e Israel tras la implementación de los Acuerdos de Oslo en 1995 –y especialmente tras la Segunda Intifada a principios de la década de los 2000–, aumentaron enormemente las dificultades para encontrar empleo en ciudades como Jerusalén, donde las mujeres solían acudir para llevar a cabo actividades informales como la limpieza de viviendas.

 

A pesar de todo, si algo caracteriza a estas mujeres es su empeño por superar los obstáculos que conllevan su condición de refugiadas, una sociedad todavía dominada por el patriarcado, y la cotidianeidad de la ocupación israelí. Nisreen Mashal es un ejemplo de ello: divorciada y con dos hijos adolescentes, esta refugiada de 38 años, originaria de Dheisheh y de familia musulmana, ha conseguido superar las barreras tanto económicas como sociales. Gracias a su trabajo en un colegio de Belén, Nisreen goza de una solvencia económica que le permite vivir de manera autónoma en su propio piso con sus hijos, sin necesitar de la ayuda económica de la familia o de la presencia de un varón. Además, esta mujer ha contado siempre con el apoyo de su familia y su círculo más cercano, librándose así del estigma que muchas mujeres divorciadas siguen arrastrando en la sociedad palestina, especialmente en las zonas rurales.

El pasado mes de mayo se celebraba el 68 aniversario de la Nakba palestina. A pesar de casi siete décadas de conflicto, las refugiadas continúan luchando en primera línea junto con sus compañeros varones, reivindicando su derecho al retorno y el fin de la ocupación ilegal de Israel. De esta manera, su lucha no sólo tiene lugar en la arena política sino también en el ámbito social, donde las mujeres buscan alcanzar una posición de igualdad que les permita gozar de plena autonomía. El camino se presenta largo e incierto, pero si hay algo que las palestinas y palestinos nunca han perdido es la esperanza.

 

*Daniel Rosselló. Palma de Mallorca, 1992. Graduado en Relaciones Internacionales por la UCM. Máster en Estudios Árabes e Islámicos contemporáneos de la UAM. Actualmente colabora con eI Alternative Information Center (AIC) desde Beit Sahour, Palestina. Es miembro del equipo del medio digital El Orden Mundial en el Siglo XXI.

 

Marta M. Losa. Madrid, 1989. Licenciada en Periodismo por la UCM. Máster en Estudios Árabes Islámicos Contemporáneos. Actualmente colabora con eI Alternative Information Center (AIC) desde Beit Sahour, Palestina. Ha trabajado en el equipo de prensa del Parlamento Europeo.