“Por los abrazos que nos faltan”: campaña de búsqueda en Extremadura de niños robados de El Salvador

Han venido a España para rescatar la memoria. La memoria de miles de familias que 30 años más tarde siguen sin noticias de sus hijos. Arrebatados de sus manos durante el conflicto armado de El Salvador.

La Asociación pro búsqueda de niños y niñas desaparecidos durante el conflicto armado de la guerra de El Salvador tiene documentados hasta 35.000 casos de menores dados en adopción bajo un sesgo legal ‘dudoso’ durante 12 años, hasta 1992. “Arrebatados de los brazos de las madres, robados en hospitales o sustraídos en zonas conflictivas”.

Eduardo García, de la asociación pro búsqueda, ha pasado esta semana por Extremadura para buscar alianzas. Reclaman la ayuda de instancias regionales y europeas que colaboren en la identificación de los casos reclamados por los padres biológicos. Con el propósito, no de cambiar la vida de ciudadanos adultos que hoy viven en otros países, sino de que se reconozca lo que pasó. Que se haga justicia.

De esas adopciones documentadas, “muchas ilegales”, tienen constancia de que un volumen importante de niños que fueron a parar a Unidos y Europa, en concreto a España, Francia o Italia. “Hemos encontrado a niños desaparecidos en Navarra o País Vasco. Sabemos que hubo adopciones en Extremadura, en Andalucía…”.

“No son muchas las adopciones que se dieron en España, pero nuestro objetivo es que Europa entienda la corresponsabilidad: 35.000 niños dados en adopción en un país de apenas 4 millones de habitantes implica que fueron masivas, entre 10 y 12 diarias, con una avalancha”.

Es un trabajo arduo, en el que están encontrando no pocas trabas. Por ahora han resuelto 430 casos de las 960 denuncias que han recibido. “Las Abuelas de la Plaza de Mayo recuperaron más de un centenar de niños, nosotros hemos recuperado 430. Cuando los estados dan la espalda al tema de la niñez se invisibiliza el trabajo de las organizaciones”.

Tras pasar por Extremadura, Eduardo continúa la labor de sensibilización sobre la realidad del Salvador, poco conocida hoy día en Europa. El objetivo es buscar aliados políticos que les permita llevar su denuncia hasta la Unión Europea. Por ahora se han puesto en contacto con Podemos para llevar a Bruselas la realidad de miles de niños y niñas.

El reencuentro de una madre y su hijo

Relata emocionado los casos resueltos. Aquellos donde las madres tienen la oportunidad  de abrazar a sus hijos, aunque sea 30 años más tarde. “Madres a las que les arrebataron a sus criaturas a punta de fusil terminan pidiendo perdón porque piensan que no hicieron lo suficiente. Que quizás hubiera sido mejor que las hubieran matado para no cargar con el sufrimiento con el que lo han hecho durante todos estos años.

Una vez comienzan los levantamientos populares en el país centroamenricano se constituyen dos bandos. En principio eran cinco frentes guerrilleros que al consolidarse la guerra se unifican en una sola, frente a un estado con paramilitares y diferentes policías. 

La situación en mitad de un conflicto que duró más de una década fue confusa. “Imagínese aquellos niños nacidos en las ‘guindas’, que eran las huidas en las que salía la población corriendo de sus casas con lo primero que agarraban. Una mujer embarazada que en medio de la montaña daba a luz no tenía ninguna clase de registro. Ningún certificado médico inscripción. Si alguien llegaba y se lo sustraía ese niño podía ser inscrito con el nombre que quisieran, eso es una apropiación”.

A los ciudadanos europeos con origen salvadoreño, y que tengan unos 30 años, les pide que se pongan en contacto con ellos. “Si saben que su origen está en El Salvador, les animo a que con toda la discreción del mundo y bajo la confidencialidad nos cuenten su historia y nos aporten sus datos”.

También lo pueden hacer a través de la Comisión Nacional de Búsqueda del Salvador, una institución del gobierno. Ambas organizaciones trabajan de la mano.

¿Cómo salían los niños del país?

Cuenta esta asociación, que ha ganado varias victorias judiciales en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que los menores salían de El Salvador con un pasaporte salvadoreño, con un visado de ingreso en los otros países; “y muy probablemente el apellido que adoptaban ya en el pasaporte salvadoreño era el de sus padres adoptivos”. No adquirían la nacionalidad hasta que no quedaba zanjado el trámite en el país destino.

Apunta a responsables directos. “Nombres de funcionarios salvadoreños, jueces, procuradores, abogados, que se repiten con mucha frecuencia en la documentación. Tenemos constancia de la presencia de una red consolidada de abogados que intercambiaban protocolos para que no fuera muy evidente que una sola persona tramitaba a 2.000 niños en un año. Pequeñas redes, mafias, incluso se dividían por países”.

Pese a conocerse mucha información, denuncian que “no ha habido la valentía ni por parte de la justicia salvadoreña, ni de fuera, de preocuparse por conocer la verdad, establecer justicia y poner medidas de reparación”. Nunca estos casos han sido judicializados.

Por aquellos entonces los países de acogida tenían consulados en territorio salvadoreño en el conflicto armado, de modo que manejaban información sobre operativos militares gubernamentales. Operativos por otro lado protagonistas de todo este tráfico de niños según denuncia. “Queremos que se desclasifique esa información y que sirva para identificar a cadenas de mando, lugares en los que se cogieron a los niños y lugares donde hay fosas comunes”.

¿Los padres adoptivos lo sabían?

Aclara que no. Los padres adoptivos de Europa o Estados Unidos no conocían las condiciones en que llegaban los niños porque el estado salvadoreño daba la certificación de abandono y 'adoptabilidad'. A estos padres se les pedía hasta 20.000 dólares por los trámites.

“En un estado de guerra, el decirle a unos padres adoptivos ansiosos de tener un niño que procede de un país conflictivo que el niño está herido, desnutrido o está enfermo... lógicamente daban el dinero. Se les insistía a los papás a pagar para que los trámites avanzaran, para agilizar procesos”.

El perfil de los niños desaparecidos

El perfil coincide. Se trata de familias de escaso recursos, simpatizantes de la guerrilla o del movimiento contrario al gobierno represivo de ese momento. Coincide con embarazos no deseados en adolescentes, a las que se las persuadía fácilmente para que bajo engaño prestaran  o dieran los hijos.

Es decir, familias de zonas rurales donde las fuerzas de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional encontraban más apoyos. De modo que la población, además de sufrir el terror de la persecución gubernamental, perdió a miles de sus hijos.

Cuenta Eduardo García que hay casos en que los niños son depositados en orfelinatos religiosos porque la guerra llega a sus comunidades, donde son visitados por sus propios padres, “aunque finalmente se tramita la adopción de esos niños”.

Asegura que “varias congregaciones religiosas se dedicaron a eso. ”Hay intervención directa de las damas de la Cruz Roja salvadoreña, que nos han negado sistemáticamente la información bajo el pretexto de que fue destruida o que se perdió, en la que ellas disponían de niños en fuego cruzado“. También apunta a club de rotarios u organizaciones altruistas que bajo el sinónimo de caridad ”malentendida“ se hacían cargo de los niños y los tramitaban en adopción.

“Fue un negocio muy suculento. Imagínense 35.000 niños a una media de 20.000 dólares, ¿cuántos millones de dólares pudo reportar esto? Todo bajo un estado cómplice que reprimía a una población en un contexto de conflicto armado”.

El contexto es un elemento determinante para comprender qué pasó durante más de una década con los chicos. “¿Quién iba a denunciar a la guardia nacional que su hijo había sido si eran simpatizantes de la guerrilla? Sabían que si lo hacían ellos también podían desaparecer o ser torturados?”.

Una comparación con España

Para la asociación salvadoreña es algo similar a lo que pasó en la guerra civil y la dictadura española. “En España también hay niños robados, y se repiten unas características similares. Si queremos que esto no siga pasando necesitamos legislar, salvaguardar y sensibilizar”.

Hay un elemento especialmente sangrante en esta historia. Y es que la asociación no espera encontrar con vida a todos los niños robados. La mayor parte de denuncias se refieren a menores que tenían entonces entre los 0 y los 5 años. Los adolescentes, según comenta, tuvieron la misma suerte que sus padres y probablemente fueron asesinados.

“Había una componente ideológica de hacer daño al enemigo, quitándole sus hijos. También había una componente racista. Niños del norte de Chalatenango o San Vicente, con rasgos de ojos y piel más clara, eran fácilmente puestos en el mercado internacional; frente a niños de Morazán con pieles más oscuras y rasgos indígenas que eran exterminados y asesinados porque no tenían una posibilidad de poder ‘contrabandear’ con ellos”.

Trabajo constante

Pro búsqueda es una operación muy pequeña, que vive de proyectos, de caridad y de la cooperación. Con personal que trabaja con salarios muy bajos, aunque ha sido capaz de reencontrar a 430 niños según destaca.

“La Fiscalía, el órgano de justicia salvadoreño, ni siquiera ha investigado un caso. Pro búsqueda ha acompañado a mujeres campesinas en la lucha por encontrar a sus hijos, y cuando el estado no ha respondido hemos iniciado tres litigios internacionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

“Los tres los hemos ganado y hemos sentenciado al estado salvadoreño. A pesar de eso, las hermanas Serrano, el caso más emblemático de este litigio siguen desaparecidas. Consideramos que el estado salvadoreño en su conjunto, especialmente la Asamblea legislativa y muy especialmente el órgano de justicia, no han hecho lo que su mandato constitucional determina: investigación, sanción para los responsables y determinar el paradero de los niños”.

“Consideramos que el Ejecutivo actual sí ha tenido muestras de buena voluntad y las sentencias que le incumbían se han ido cumpliendo. De manera lenta, pero progresiva. Pero el órgano de justicia no ha hecho su trabajo, quizás porque no ha sido depurado después de los acuerdos de paz, y porque prevalece un sesgo ideológico sobre un mandato constitucional”.