El caso Begoña Gómez: el robo de la nada, el negocio sin lucro, la corrupción sin botín
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“Habría que remontarse al reinado de Fernando VII”, afirma el juez Juan Carlos Peinado. Esto es “más propio de regímenes absolutistas”, escribe también. No lo hace en un artículo de opinión: se supone que son argumentos jurídicos, están en el punto segundo de sus “fundamentos de derecho”. Son parte de su obra magna, la cumbre de su carrera: el auto de 39 páginas con el que coloca a un paso del banquillo a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.
Han sido dos años de instrucción anómalos como pocos. No solo por la más de una decena de ocasiones en las que otros tribunales –el Supremo y la Audiencia de Madrid– han corregido o desacreditado las decisiones de este juez. También por las conclusiones a las que llega Peinado tras su ardua investigación. Estamos ante un supuesto caso de corrupción que es la definición perfecta de un oxímoron. La contradicción en los términos en su máxima expresión.
Peinado acusa de cuatro delitos: corrupción en los negocios, apropiación indebida, tráfico de influencias y malversación. Lo hace contra el criterio de la Fiscalía, que lleva tiempo pidiendo el archivo, y con el único apoyo de las acusaciones populares de la ultraderecha.
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