La Guardia Civil pone contra las cuerdas a Cristina Cifuentes y al PP de Madrid

1. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, acusa a la presidenta de Madrid de dos delitos muy graves: prevaricación continuada y cohecho. No hay todavía una imputación en firme, y aún no es seguro que eso vaya a suceder. Cristina Cifuentes es aforada, solo la puede imputar el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y antes lo debería pedir la Audiencia Nacional. Pero el informe de la UCO sí aporta datos muy graves contra Cifuentes y la implica en la financiación ilegal del PP: una maquinaria electoral que hizo trampas en todas las campañas que ganó y que, según la Guardia Civil, atentó contra “el pluralismo político”.

2. Cristina Cifuentes formó parte del patronato de Fundescam, la fundación opaca del PP de Madrid que durante años ejerció como base de operaciones de la financiación ilegal del partido. A través de Fundescam, el PP recaudaba dinero de empresarios amigos: unos donativos ilegales, porque los donantes contrataban con la administración y no podían aportar fondos al partido. Después el PP empleaba ese dinero en sus campañas electorales, manipulando las facturas para esconder su verdadero destino y ocultando esos gastos ante el Tribunal de Cuentas. En varias de las elecciones, gracias a estas trampas, la candidatura de Esperanza Aguirre gastó más del doble del dinero que declaró.

3. Cristina Cifuentes también fue vicepresidenta de la Asamblea de Madrid en los años en los que uno de los donantes de esta fundación se llevó varios contratos públicos del parlamento madrileño. Cifuentes presidía la mesa de contratación que adjudicó, entre 2009 y 2013, el servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid a la empresa de Arturo Fernández: expresidente de la patronal madrileña, perejil en todas las charcas del PP madrileño y uno de los condenados por las black.

4. Hay serios indicios de que aquella adjudicación a Arturo Fernández “estaba decidida de antemano”, asegura la Guardia Civil, que implica a Cifuentes en esa presunta prevaricación para favorecer al donante de Fundescam. La UCO, en tres informes distintos, detalla hasta seis irregularidades en ese concurso en el que participó directamente la hoy presidenta de la Comunidad de Madrid: los criterios de valoración fueron “contrarios a derecho”, hubo “arbitrariedad” en el reparto de puntos, se “excluyó” a otras empresas indebidamente... Además, Cristina Cifuentes estuvo al mismo tiempo en dos sitios incompatibles entre sí: en la comisión de expertos que repartía los puntos de ese concurso público y en la presidencia de la mesa de contratación que daba la adjudicación. Según la Guardia Civil, compaginar estos dos puestos es “contrario a la legalidad” y “vulnera la imparcialidad” del concurso.

5. En esos años, Cifuentes también estaba en el comité de campaña del PP de Madrid. Es decir, en el lugar en el que, según la UCO, presuntamente se gastaban esos fondos irregulares que recaudaba Fundescam y que donaba, entre otros, Arturo Fernández.

6. El juez Eloy Velasco, que lleva el caso Púnica, descarta pedir al Tribunal Superior de Madrid la imputación de Cristina Cifuentes, a pesar de estos informes de la Guardia Civil, que recogen también las declaraciones del resto de las personas no aforadas que participaron en esa adjudicación. La opinión de Velasco es relevante, pero no salva del todo a la presidenta de Madrid porque el juez dejará el central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en cuestión de semanas.

7. Eloy Velasco no se va “a tomar por culo a Onteniente”, como quería Ignacio González. Pero casi con seguridad –así lo cree el propio juez– Velasco se irá del juzgado que lleva Púnica y Lezo por un puente de plata: un ascenso y mejor sueldo a la nueva Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. En este artículo Elisa Beni explica muy bien qué es esta nueva sala de apelaciones para gobernarlos a todos y por qué tenemos que temernos lo peor.

8. El nuevo juez que sustituya a Velasco será entonces quien pida (o no) la imputación de Cifuentes. Y en su decisión habrá un factor que pese mucho: lo que opine sobre el tema la Fiscalía Anticorrupción.

9. Las fiscales del caso Púnica son Carmen García Cerdá y María Teresa Gálvez. Las dos han tenido ya serios enfrentamientos con sus superiores cuando han intentado actuar contra un dirigente importante del PP. Fueron ellas quienes pidieron imputar en la Púnica al expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez; sus jefes no les dejaron y ellas se negaron a firmar. Y García Cerdá también está en el caso Lezo: es una de los dos fiscales a los que Manuel Moix intentó parar algunos de los registros de esta operación que afectaba a la gestión del Canal de Isabel II en los años de Alberto Ruiz-Gallardón.

10. Las dos fiscales que llevan el caso sí ven irregularidades en esta adjudicación a Arturo Fernández, en la que la UCO considera que Cifuentes participó “de manera indubitativa”. Así figura en un informe que aparece en el sumario, en el que la Fiscalía asegura que “los procedimientos de adjudicación de las cafeterías y servicios presentan irregularidades por su falta de moticación, baremación y ponderación de las oferas, posicionandose en favor del grupo de Arturo Fernández desde los trámites de informe”. Como de costumbre, no opina igual su jefe, Manuel Moix, que no tiene intención de pedir la imputación de Cifuentes. Moix –un jefe de Anticorrución que no dimite a pesar de que ha sido reprobado por el Parlamento– es coherente con toda su trayectoria anterior; con toda una carrera de decisiones muy amables con el PP.

11. Moix, en una entrevista, ya criticó algo que aparece en estos informes: que la Guardia Civil detalle los presuntos delitos que se deducen de sus investigaciones. Según Moix, este es un trabajo de la Fiscalía y no de la Guardia Civil. Tras los informes sobre Cifuentes, las críticas del PP y la Fiscalía contra la UCO arreciarán.

12. Independientemente de lo que decida la Fiscalía y el nuevo juez de instrucción que sustituya a Eloy Velasco, los informes de la UCO son lo bastante contundentes como para que Cristina Cifuentes al menos comparezca en la Asamblea de Madrid y ofrezca una detallada explicación. La presidenta que ha hecho bandera de la lucha contra la corrupción no puede despejar este asunto acusando a la Guardia Civil de participar en una operación política en su contra. La máxima exigencia obliga siempre a la máxima ejemplaridad.