Mentir a los ciudadanos no es delito. Esconderse de ellos tampoco lo es. No está penado por ley incumplir el programa electoral, manipular una rueda de prensa para evitar preguntas incómodas, comparecer a través de un plasma, ocultar un salario como una «indemnización en diferido» o pagar el abogado, la secretaria, el despacho y el coche oficial a un presunto delincuente. Tampoco hay ningún artículo en el Código Penal que prohíba al presidente del Gobierno mandar mensajitos a un imputado por corrupción al que le acaban de encontrar una fortuna en Suiza; no es pecado tampoco pedirle que resista, que sea «fuerte», que «hacemos lo que podemos». Hay quien podría decir que estos mensajes son un serio indicio de los delitos de encubrimiento y obstrucción a la justicia, pero para ello haría falta un juez valiente e independiente, uno que no tema acabar como Garzón.
Cobrar del partido generosos sobresueldos en A no es delito, aunque al mismo tiempo se diga a los ciudadanos que tienen que apretarse el cinturón; aunque los dos o tres salarios que algunos se llevan hasta multiplicar por 10 el sueldo medio de un trabajador tengan como origen el dinero público. Cobrar sobres en B a lo sumo es una falta administrativa que está prescrita. Financiarse ilegalmente desde los tiempos del Betamax también está prescrito. ¿La diferencia entre la Filesa del PSOE y las tres filesas que en esos años usaba el PP: que en un caso hubo condena y en el otro, con Naseiro, un enjuague judicial; que con Filesa hubo un registro de ocho horas en la sede del PSOE y que con Gürtel llevamos cuatro años de investigación, tres jueces distintos y ni siquiera se ha registrado la casa de Luis Bárcenas.
Militar en el PP al mismo tiempo que se resuelven los recursos que este partido presenta en el TC no es ningún delito. Llevar el carnet del PP en la boca mientras se ejerce como magistrado «independiente» también es legal, dice ese mismo tribunal. Nombrar para el Constitucional a un exdiputado del PP –Andrés Ollero-, a un ponente habitual de la FAES -Enrique López- o al militanteFrancisco Pérez de los Cobos tampoco es delito: es solo un ejemplo de esa «despolitización de la justicia» que nos prometió Rajoy.
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