Un éxito policial, un fracaso político

1. La detención del núcleo duro del Govern que estaba organizando el 1-O marca un antes y un después en este terrible septiembre catalán. No solo es un golpe letal a esta votación por la vía de la logística: sin papeletas, sin centro de datos, sin presumiblemente urnas… es evidente que será imposible el 1-O que quería la Generalitat. También es un salto importante en el auténtico conflicto, el político, que se ha incendiado aún más.

2. ¿Quién ha ordenado la operación de la Guardia Civil contra varios altos cargos de la Generalitat por organizar el 1-O? No ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el juzgado que desde hace diez días instruye una investigación donde ya están imputados el president Carles Puigdemont y todos los consellers de la Generalitat. No ha sido la Guardia Civil por su cuenta y riesgo –aunque escuchando a algunos líderes políticos pareciese que es así–. No ha sido siquiera la Fiscalía, que fue informada pero no consultada, aunque tampoco se opuso. Ha sido el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona quien ha ordenado de oficio esta operación.

3. El juez se llama Juan Antonio Ramírez Sunyer. Tiene 70 años y es de perfil conservador. Entre otras decisiones polémicas, como órdenes de prisión preventiva contra manifestantes anarquistas que después fueron absueltos, es el juez que, en 2015, abrió diligencias contra el entonces jefe de los Mossos por no evitar los pitidos al himno nacional durante una final de la Copa del Rey. Según el juez, los Mossos podían haber cometido un delito por no intervenir y frenar la pitada en el Camp Nou. Es un buen ejemplo, relevante hoy, de qué entiende este juez por uso proporcional de la fuerza.

4. ¿Por qué interviene este juez en el 1-O a pesar de que la investigación sobre esta votación estaba ya en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya? Por lo que sabemos, el juez lleva investigando desde febrero, bajo secreto de sumario, a varios altos cargos de la Generalitat. El proceso penal arrancó con la denuncia que a finales de enero presentaron el partido derechista VOX y el abogado Miguel Durán contra el exsenador de ERC Santiago Vidal, que alardeó de que el Govern ya tenía los datos fiscales de los catalanes, de cara a la secesión. El mismo juzgado, en esa misma causa, ya había imputado hace meses al número dos de Oriol Junqueras, Lluís Salvadó, al que ha detenido hoy.

5. ¿Se ha extralimitado el juez? ¿Debería haberse inhibido y pasar el caso al TSJC? ¿Ha aprovechado la Guardia Civil esta ventanilla para pedir estas detenciones porque lo tenía más fácil que con la juez Mercedes Armas, que lleva el 1-O en el TSJC? Es difícil de saber porque el caso aún sigue bajo secreto de sumario, no se conocen los autos del juez Ramírez Sunyer ni tampoco los detalles de su argumentación legal. Algunas fuentes jurídicas consultadas cuestinan la decisión del juez mientras que otras lo respaldan. Para entender bien ambas posturas conviene leer al abogado Gonzalo Boye, y a la periodista Elisa Beni, siempre interesantes e informados los dos, aunque hoy discrepen en su interpretación.

6. La primera consecuencia política de esta operación policial es que la Generalitat ha obtenido el apoyo político contra el Gobierno de algunos sectores que sin duda no respaldan la posición independentista. Entre otros, el de los dos principales sindicatos –CCOO y UGT–, el de dirigentes políticos como Joan Coscubiela –que tan claro y tan duro fue en el debate donde se aprobó el referéndum– o incluso algunos líderes del PSOE y el PSC, entre los que destaca la presidenta autonómica de Baleares, Francina Armengol. En el propio PSOE, solo Armengol ha dicho en público lo que pensaba. Pero muchos otros, en privado, están de acuerdo con su argumentación: se ha cruzado una línea roja. En Ferraz están incómodos con la operación policial y ha habido un fuerte debate interno, que probablemente estos días continuará.

7. De fondo, el gran error sigue siendo el mismo: que se ha judicializado un problema político; que la maquinaria pesada del Código Penal es lenta pero implacable; que los puentes destruidos serán caros de reconstruir. Todo esto es consecuencia de la estrategia de ruptura de Carles Puigdemont: la desobediencia a las leyes, en una democracia, siempre acaba en los juzgados. En la estrategia independentista siempre estuvo esta situación: forzar la reacción más dura posible por parte del Estado para ganar más partidarios a la independencia. Ir más allá del 47,8%: el apoyo que lograron la última vez que se votó y que es un porcentaje más que de sobra para gobernar Catalunya o reivindicar un referéndum, pero no el suficiente para reformar el Estatut o la ley electoral, ni mucho menos para declarar una independencia unilateral.

8. También es culpable de esta terrible situación el presidente del Gobierno Mariano Rajoy. No solo por iniciar el incendio con el primer referéndum ilegal, la recogida de firmas contra el Estatut, sino por su falta de diálogo posterior. El presidente del Gobierno presumió el miércoles por la noche del éxito de esta operación, que implícitamente ha hecho suya. “Les dije que el Estado de derecho no fallaría”, ha asegurado Rajoy en una declaración institucional sin aceptar preguntas de la prensa. Su discurso y lo ocurrido este 20 de septiembre sin duda refuerzan su imagen entre los suyos, que le tachaban de blando ante los independentistas. Pero también deterioran aún más el crédito institucional de una democracia en la que un gran porcentaje de los catalanes ya ha dejado de creer.

9. No parece probable que el referéndum del 1-O se vaya a celebrar. El problema es el precio, el coste en la convivencia y quiénes lo vamos a pagar.