Para crear una empresa en España hace falta valor y bastantes cosas más: diez trámites burocráticos, 28 días de plazo y 1.068 euros en papeleos de media. Los números son del Banco Mundial y salen de un informe que sitúa a España en el terrible puesto 136 (de 185) entre los países donde más fácil es poner en marcha una empresa. Por delante están potencias como Afganistán, Irán, Kenia, Marruecos, Tanzania, Yemen, Ruanda o Senegal. «España no es Uganda», como dijo Rajoy, porque incluso en Uganda (puesto 120) es más sencillo y barato crear una empresa. ¿La razón de este desastre? Entre otras cosas, una privilegiada burocracia privatizada: los notarios y registradores de la propiedad a los que ningún Gobierno en 150 años se ha atrevido a tocar.
Lo de 150 años es literal:la ley del notariado es del 28 de mayo de 1862, lleva la firma de Isabel II y, con leves cambios, aún está en vigor. Regula a un cuerpo de funcionarios peculiar, unos privilegiados que disfrutan de lo mejor de ambos mundos: la tranquilidad del puesto de trabajo asegurado y los mejores sueldos del sector privado. Ejercen en régimen de oligopolio una plaza pública cuyos beneficios no solo son privados, sino que suelen ser estratosféricos. Pese al pinchazo de la burbuja, ganan de media bastante más que un presidente del Gobierno, un ministro o incluso un controlador aéreo. Sus elevados salarios son un impuesto privado obligatorio que pagan todas las empresas del país. Son esos costes que lastran nuestra competitividad.
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