Si de verdad el Gobierno está preocupado por las protestas en las calles, por la imagen exterior de España y por la peligrosa fractura social que se está abriendo, ya está tardando en cambiar de estrategia. La respuesta policial ante el 25S ha sido brutal, desproporcionada y contraproducente. No se apagan los incendios con gasolina. En ningún momento la movilización de ayer fue una amenaza real ni para la democracia ni para el Parlamento ni para sus señorías. Habría estado justificado el uso de la fuerza por parte de los antidisturbios ante un hipotético asalto al Congreso, que no se produjo, pero no ante una manifestación mayoritariamente pacífica en la plaza de Neptuno, ante una multitud de ciudadanos que ni siquiera intentó traspasar la muralla levantada por la policía. ¿Eran necesarias todas las cargas a porrazos? ¿Incluso en el andén de la estación de Atocha?
La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, debería dejar de comportarse como una tertuliana de Intereconomía. Su labor consiste en preservar el orden público, no en agitar aún más la calle. Sus declaraciones comparando a los manifestantes de ayer con los nazis o con los golpistas del 23F solo sirven para tensar aún más la cuerda y aumentar el conflicto. También tienen otra consecuencia, ventajosa para ella: obtener un protagonismo mediático jamás visto en su puesto –¿cuántos recuerdan el nombre de la anterior delegada?– con el que lanzar su carrera política, ahora que Esperanza Aguirre deja hueco.
Si el Gobierno no quiere que España sea la nueva Grecia en los telediarios de todo el planeta no solo hay que pedir contención y prudencia a los manifestantes: también a los antidisturbios y a los dirigentes políticos. También sería un enorme paso que la policía muestre en todo momento su número de identificación ante los ciudadanos y no infiltre encapuchados entre los manifestantes. ¿Pedir que la propia policía cumpla la ley es pedir demasiado?
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