Ese nuevo repago en los medicamentos para enfermos de cáncer, sida, hepatitis, artritis y otras dolencias graves da la medida moral de este Gobierno: lo que vale su palabra, lo que consideran prioritario, su empatía y su sensibilidad. Mariano Rajoy y todo su equipo nos mintieron una vez más –ya ni siquiera es noticia, pero conviene no dejarlo pasar–. Y lo hicieron con una medida tremendamente injusta y con una incidencia económica ridícula. ¿Por qué? ¿Para qué?
El copago, dicen sus defensores, es una medida “disuasoria” que sirve para evitar “abusos” ante la barra libre de aquello que parece gratis y pagamos entre todos. Es una teoría discutible, más aún cuando hablamos de un servicio público como la sanidad, donde el riesgo de que alguien no acuda al médico o no se tome su medicamento por ahorrarse un par de euros acabe saliendo después muchísimo más caro. Pero el argumento disuasorio pierde totalmente su sentido cuando se trata, como ahora, de medicamentos hospitalarios. Nadie contrae un cáncer por hacer gasto. Nadie se va a un hospital a por sus antirretrovirales por capricho. No existe ningún caso conocido de un enfermo crónico diagnosticado que esté gastando en estos medicamentos más de lo que ordena su médico, que es quien firma las recetas. Estos fármacos hospitalarios que el Gobierno ha incluido en la lista del repago no son aspirinas o ibuprofenos de los de acumular en casa: son medicamentos caros y fuertemente regulados, que solo están disponibles para aquellos pacientes que verdaderamente los necesitan.
El ahorro de este tipo de copago no es tal, salvo que esos euros cuesten vidas: salvo que alguno de los miles de enfermos afectados por este nuevo recorte dejen de tomar su medicación porque no puedan pagarla. El coste para la sociedad es el mismo, solo cambia el reparto de la factura. Con la sanidad pública, lo pagamos entre todos según nuestra renta, a través de los impuestos. Con los copagos, paga más el enfermo, no quien más tiene.
El nuevo copago para medicamentos hospitalarios no sirve para disuadir, sino solo para recaudar. ¿Cuánto? No lo sabemos. El Gobierno, en su habitual transparencia, no ha aportado cálculo alguno. La ministra del ramo, Ana Mato, apenas ha pisado el Congreso y sobre esto tampoco hablará. Pero el número de enfermos crónicos es porcentualmente tan bajo que probablemente el ahorro sea mínimo dentro de los Presupuestos. En un país que se ha gastado 6.000 millones en infraestructuras olímpicas que apenas se usarán, en un Estado que en plena crisis está ampliando su gasto militar, ¿de verdad no había otra cosa mejor para recortar?
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