Alberto Ruiz Gallardón deja la política, pero la política partidista española es como los marines en las películas: no deja un hombre atrás. El exministro no ha pasado ni un día en el paro y seguirá cobrando del erario público. No será poco dinero: unos 8.500 euros al mes –más secretaria, más coche oficial– por una reunión a la semana en uno de los organismos más caros, inútiles y absurdos que existen en la capital. Bienvenidos al Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid.
El invento, hay que recordarlo, es obra y gracia de Esperanza Aguirre, que lo puso en marcha en 2007 como un organismo para “asesorar” a los ayuntamientos y al gobierno autonómico. Está formado por entre seis y diez consejeros, que se reunen una vez por semana, los miércoles. Los expresidentes de la Comunidad tienen plaza vitalicia si así lo solicitan –Esperanza Aguirre pudo acogerse, pero prefirió el sueldo de presidenta del PP de Madrid y el que cobra en una empresa de cazatalentos–. El resto de los consejeros los escoge a dedo el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Son estos:
Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa. Presidente del Consejo Consultivo. Fue secretario de Estado de Seguridad bajo las órdenes de Ángel Acebes. Vivió el 11-M dentro del Ministerio del Interior junto con Ignacio González, entonces secretario de Estado de Inmigración. Después de la destitución de Acebes como secretario general del PP, Astarloa también cayó en desgracia y se convirtió en uno de los diputados que pululaban por el “valle de los caídos” del grupo parlamentario popular: las últimas filas del hemiciclo, donde se sentaban los castigados por Mariano Rajoy. Aznar lo rescató para la FAES en 2011 y, hace unos meses, Ignacio González le dio un acomodo definitivo como presidente del Consejo Consultivo. Su sueldo equivale al de un vicepresidente de la Comunidad.
Joaquín Leguina. Expresidente de la Comunidad de Madrid. Es, junto a Gallardón, el único miembro vitalicio del consejo. Fue diputado hasta 2008, un escaño del que se despidió en su blog en una entrada que hoy conviene leer. “Mi destino inmediato va a ser el Instituto Nacional de Estadística (INE)”, explicó en enero del 2008 en su blog. “Voy a ganar allí, en el INE, algo más de lo que gano en el Congreso como presidente de la Comisión de Defensa”. “Cuento todo esto no por que (sic) me haya entrado un ataque de exhibicionismo tardío, sino porque sé que 'mis amigos' van soltando por ahí que me esperan no sé cuántos destinos y bicocas. Pues no, no me voy de consejero a la Telefónica ni al Banco de Santander... me voy al INE.”
Pero Leguina no se fue solo al INE, sino que recaló en el bien pagado Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid. Hace unos meses, volvió a escribir otro artículo en su blog argumentando su decisión. Según sus cálculos –bastante pedestres para tratarse de un experto en estadística–, sus sabios consejos apenas nos cuestan a los madrileños 1.000 euros al mes a pesar de que cobra 100.560 euros anuales.
Mariano Zabía Lasala. Funcionario de carrera, fue asesor personal de Esperanza Aguirre en el Ministerio de Educación que después lo fichó en su primer gobierno al frente de la Comunidad de Madrid en una de las consejerías más delicadas: la que llevaba las competencias de urbanismo. Al igual que Ignacio González, Manuel Zabía fue espiado durante la famosa guerra de dosieres a cuenta de la compra de la empresa de aguas colombiana Triple A por el Canal de Isabel II. Tras su paso por el Gobierno autonómico, Aguirre le dio en 2007 una jubilación dorada en el Consejo Consultivo. Fue presidente del consejo hasta este mismo año y ahora sigue como consejero.
María José Campos Bucé. Fiscal. Exmujer de Manuel Lamela, el exconsejero de Sanidad de Madrid que privatizó varios hospitales en el Gobierno de Esperanza Aguirre y ahora está imputado por cohecho y prevaricación. Durante sus años en la fiscalía provincial de Madrid, María José Campos tuvo un importante papel en el llamado “caso Bono”, aquel proceso judicial contra varios policías que detuvieron a dos militantes del PP por agredir supuestamente a José Bono durante una manifestación de la AVT. La fiscal Campos no quiso inhibirse en el proceso judicial contra los policías hasta el último momento, a pesar de que el denunciante era Francisco Granados, compañero de gobierno de su marido como consejero de Presidencia. Su jefe, el fiscal Moix, tuvo que intervenir para que dejase el caso, que finalmente quedó en nada.
Casualidades de la vida, el juez que llevó el estrambótico caso Bono junto a la fiscal Campos, Carlos del Valle, es el que hoy juzga la fuga de Esperanza Aguirre.
Pedro Sabando Suárez. Aparte de Joaquín Leguina –que es miembro nato como expresidente–, Sabando es la cuota socialista en el Consejo y el único consejero que no está directamente relacionado con el PP. Fue presidente del Partido Socialista de Madrid con Rafael Simancas y consejero de Salud en el gobierno de Leguina.
Andrés de la Oliva Santos. Catedrático de Derecho Procesal en la Universidad Complutense. Fue vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Partido Popular. Tiene un blog: http://andresdelaoliva.blogspot.com.es/.
Javier María Casas Estévez. Fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid entre 1997 y 2009, un puesto al que llegó gracias a que fue propuesto por la mayoría absoluta del PP en la Asamblea de Madrid durante la presidencia de Alberto Ruiz Gallardón.
Beatriz Grande Pesquero Exdirectora general de Justicia en el gobierno de Ignacio González.
José Luis Cádiz Deleito. Secretario general del consejo. Antes fue, entre otras cosas, subsecretario del Ministerio de Educación con el PP.
Cada año, el consejo recibe unas 700 consultas sobre temas legales de todo tipo. Un ejemplo: un dictamen sobre la responsabilidad del Ayuntamiento de Pinto ante una vecina que dice que su marido murió por culpa de unas antenas de telefonía. Pero estos dictámenes no los escriben estos consejeros. Para eso están los letrados funcionarios de carrera que trabajan todo el día en el consejo.
Los consejeros solo se reúnen una vez a la semana, los miércoles, donde votan estos dictámenes no vinculantes.
El coste anual del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid es de unos cinco millones de euros. Solo en coches oficiales, el consejo sale por 274.519 euros al año.
Si vives en Madrid, esta ronda la pagas tú.
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