El Gobierno tiene la solución definitiva para acabar con los excesos policiales que hemos visto en las últimas manifestaciones. ¿Obligar a los policías a cumplir la ley y mostrar su número de identificación? ¿Investigar esos abusos y sancionarlos duramente? ¿Terminar con la política de la impunidad que día tras día, medalla tras medalla, aplica el Ministerio del Interior? Por supuesto que no. Su remedio consiste en evitar que se vean los síntomas de la enfermedad: en reformar la ley para que sea un delito grabar y difundir por Internet imágenes de los policías “en ejercicio de sus funciones”, según palabras del director general del ramo, Ignacio Cosidó.
Igual que cuando plantearon “modular” el derecho a la manifestación, el Gobierno viste ahora este nuevo recorte a la libertad de expresión de buenas palabras y excusas de mal pagador. Cosidó asegura que este cambio legal llega porque “en ocasiones” se difunden por la red “insultos y amenazas hacia los policías”. “Los policías también tienen derecho al honor”, dice Cosidó, que no aclara si es que estos funcionarios tienen más honor que cualquier otro español. Si la actual legislación ya penaliza los insultos y las amenazas, sin distinguir profesión, ¿qué necesidad hay entonces de regular específicamente estos delitos cuando el insultado o el amenazado es un policía?
La respuesta es obvia; la amenaza, otra muy distinta; el insulto es a la inteligencia de esta sociedad. Lo que busca el Gobierno con esta nueva reforma es ocultar la realidad amedrentando a esos manifestantes que tienen la bonita costumbre de demostrar con imágenes que algunos policías, más que una medalla pensionada, se merecen una durísima sanción. La reforma que plantea Cosidó es una carta blanca para que el Ministerio del Interior pueda después denunciar a cualquier persona que difunda imágenes que deje en evidencia una mala actuación policial; uno de esos vídeos que hemos visto por docenas en las últimas semanas.
Llueve sobre mojado: es el mismo Ministerio del Interior que prohibió a las televisiones instalar estructuras para retransmitir las últimas protestas en Madrid. Es la misma Policía que intentó ilegalizar el 25S o detener preventivamente a sus promotores. Es el mismo Gobierno que ha multado con 6.000 euros a la persona que formalmente solicitó la convocatoria de esa manifestación.
Como escribe Isaac Rosa, la Policía apuesta a que habrá rescate. El Gobierno también, y es consciente de que las legítimas protestas ciudadanas van a arreciar. La gran pregunta es otra: ¿cree el Gobierno que la única manera de que la sociedad tolere el durísimo recorte en los derechos laborales y sociales que nos van a aplicar es recortar también los derechos individuales: la libertad de expresión, de reunión y de manifestación? ¿Es que acaso el tijeretazo al Estado del bienestar solo se podrá consolidar si se acompaña con un recorte a la democracia que impida el estallido social? En estas estamos ya.
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