“En situaciones de tensión no es fácil distinguir a un periodista”, dice el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, que justifica así las intolerables agresiones a la prensa de este fin de semana. En vez de hacer lo que toca –expedientar a los responsables y evitar que se repita–, Cosidó pide un uniforme para los periodistas que cubren las protestas: que vistan el chaleco de la Federación de Asociaciones de la Prensa (FAPE) para que así “distinguir” sea más fácil.
La trampa es bastante obvia. El trabajo de los antidisturbios no consiste en diferenciar entre manifestantes y periodistas. La distinción que tienen que hacer es otra: entre manifestantes violentos y el resto de los ciudadanos que ejercen legítimamente sus derechos constitucionales. Asumir que hace falta un chaleco para que la prensa no se lleve porrazos es tanto como aceptar que todo manifestante pacífico es 'hostiable' hasta que se demuestre lo contrario.
Cosidó olvida también que esa reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana por la que suspira el ministro Fernández aún no está en vigor, y que sacar fotos de la policía en una manifestación no es, por ahora, un privilegio de la prensa. Lo puede hacer cualquier ciudadano, aunque no lleve chaleco de la FAPE. Y el durísimo informe del Consejo General del Poder Judicial contra esta reforma también ha advertido que el deseo del ministro de limitar la difusión de imágenes de la Policía en las manifestaciones no cabe en la Constitución Española.
El derecho a la información en España tampoco es potestad de la FAPE, una organización que respeto y de la que soy socio, pero que no debería poder regular quién es periodista y quién no. Hay excelentes profesionales en este oficio que no son miembros de ninguna de las asociaciones de la prensa y que tienen el mismo derecho que los demás a no recibir un porrazo, aunque no tengan chaleco.
La Policía, más que 'gomazos', debería dar las gracias a periodistas como Juan Ramón Robles, Gabriel Pecot y Mario Munera, los agredidos este fin de semana. Fueron ellos, colaboradores habituales de eldiario.es, quienes también grabaron las imágenes de la violencia contra los agentes tras la manifestación del 22M. Sin estos y otros periodistas –que se volvieron a jugar el tipo ese día por cubrir esa información–, aquella noticia no se hubiese documentado ni habría tenido la repercusión que tuvo.
Sin duda, los antidisturbios están trabajando en estos tiempos con una presión extrema. Ellos también son víctimas de los recortes y la crisis, viven en los mismos barrios que los manifestantes y no creo que haya justificación tampoco para las agresiones que muchos de ellos sufrieron durante la noche del 22M, aunque aquella batalla campal arrancase con una clara negligencia por su parte al cargar cuando la Plaza de Colón estaba llena. Pero quien ataca a la Policía –o a la Guardia Civil en Ceuta– no somos aquellos que criticamos los excesos y abusos de algunos de sus agentes, sino quienes arropan y justifican a las ovejas negras: esos antidisturbios incapaces de aguantar la tensión y que no saben distinguir entre un manifestante violento y uno pacífico antes de soltar la porra.
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