En el Palacio de la Zarzuela deberían guardar el champán; no tienen muchos motivos para brindar. Aunque parezca lo contrario, la decisión que ayer tomó la Audiencia Provincial de Palma es una pésima noticia para la infanta, para su esposo y para toda la familia real. No solo porque estemos ante la demostración empírica de que no todos somos iguales ante la ley: no se conoce ningún otro imputado que cuente con la ayuda de la Fiscalía, de la abogacía del Estado y hasta del ministro de Exteriores. También porque el propio auto de la Audiencia está plagado de trampas que sin duda van a complicar el futuro judicial de los duques de Palma. De los dos.
La situación judicial de la infanta es hoy tan anómala como todo lo que hemos visto hasta hoy. Su imputación no está sobreseída, está solo “suspendida”; es un purgatorio muy inusual porque lo corriente es que la Audiencia o bien diese luz verde a la imputación o bien la anulase. Que solo la suspenda es solo un tiempo muerto, no una derrota del juez Castro. Es posible –incluso probable– que la infanta pueda volver a ser imputada más adelante. ¿Por qué delito? El propio auto lo explica, en el fundamento séptimo:
"No se puede descartar en este momento la comisión del delito contra la Hacienda pública, y tal vez, posiblemente, de un delito de blanqueo de capitales, y que en tales ilícitos hubiera podido participar la Infanta".
Que la Audiencia Provincial de Palma ponga negro sobre blanco esta acusación es muy relevante por varios motivos. Para empezar, porque suspende la prescripción de los delitos –robar a Hacienda caduca solo a los cinco años–. También por otros dos párrafo del auto donde la Audiencia apunta aún más:
"No parece haber duda que Aizoon recibió ingresos provenientes de facturas giradas contra instituciones públicas y privadas, pero (...) el aprovechamiento que pudo haber reportada a la infanta carecería de reproche penal (...). No existen evidencias de tal conocimiento, cuanto menos hasta el mes de marzo de 2006. Otro tratamiento y consideración merece los beneficios que pudo haber tenido la mercantil Aizoon después de esa fecha, ya que para entonces la Infanta había abandonado Nóos y se supone que por haber sido alertada desde la Casa Real de las irregularidades existentes en su gestión, de modo que hay que suponer que a partir de entonces estaba o debería estar al tanto y al corriente de las mismas".
Dicho de otra manera: la infanta puede hacerse la tonta hasta 2006 y argumentar que no sabía nada de los negocietes de su marido, a pesar de que se beneficiase de ellos. Pero a partir de esa fecha ya no cuela, porque en teoría la Casa Real había avisado de que aquello olía mal. Justo a partir de 2006, un presunto delito que, si se cometió, fue al año siguiente, en la declaración de 2007. Casualmente, es a partir de ese ejercicio cuando el delito fiscal no habría prescrito. El auto lo deja todavía más claro en otro párrafo:
"La Infanta a partir de marzo de 2006 o meses antes a esa fecha, ya debería saber que Aizoon no era una sociedad de profesionales y que ella y su marido la utilizaban para defraudar".
Defraudar. Bonito verbo para la “ejemplaridad” de la Familia Real. Por eso es tan importante que el juez Castro consiga al fin esas declaraciones de la renta de los últimos años de la infanta, unos documentos que Cristina de Borbón y sus abogados rechazan entregar con la excusa de preservar “su intimidad”.
El auto de la Audiencia también deja muy mal a la Agencia Tributaria, a la que reprocha no haber aportado todos los datos suficientes como para conocer si la infanta es honrada o no lo es. Y así llegamos al párrafo clave de ese auto de suspensión:
"En definitiva, a juicio de la Sala ante las zonas oscuras que nos suscita el informe de la Agencia Tributaria, hace inviable, en este momento, emitir una opinión fundada sobre si la Infanta ha podido cometer o no un delito contra la Hacienda pública entre otras cosas porque este extremo según resulta del informe está todavía siendo objeto de investigación.
El informe deja abierta la investigación por delito fiscal y sus posibles responsables.
La conclusión es clara. El auto lanza un balón a la cabeza del juez Castro, que ya tiene aún más argumentos para reclamar ante Hacienda las declaraciones de la renta de la infanta. A Castro solo le falta rematar.
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