Entrecomilladas, algunas propuestas por la regeneración democrática que este sábado publicitó Mariano Rajoy.
“Los altos cargos no podrán cobrar dos sueldos públicos ni cualquier otro que provenga simultáneamente de una actividad privada”.
Gran novedad: es lo mismo que sucede ahora. Los ministros y demás altos cargos del Gobierno ya están obligados a cobrar un solo sueldo. Lo que sería un verdadero cambio es que los diputados, senadores, alcaldes o presidentes de diputaciones no pudiesen llevarse dos o más salarios públicos. De existir una ley así, Mariano Rajoy no podría haber cobrado los 1,2 millones de euros que el PP le pagó entre el 2004 y el 2012. Era un segundo sueldo, además del de diputado. Era dinero público porque el PP se financia al 90% con subvenciones del Estado. Hablo solo de su nómina oficial como presidente del partido, no de los sobres que presuntamente suman otros 373.940 euros para Rajoy, el regenerador.
“Un alto cargo no podrá prestar servicios en dos años tras su cese en empresas privadas afectadas por sus decisiones”.
Qué detalle. Hoy tampoco pueden. La única novedad es que la incompatibilidad será más laxa, tal y como advirtió el Consejo de Estado. Con la ley actual, se incluyen todas las empresas bajo las competencias del exalto cargo, no solo sobre las que hubiese tomado decisiones.
“Los bancos no podrán condonar deudas a los partidos políticos; tampoco los intereses”.
Está anunciado desde febrero. Casualmente, el PP apenas ha utilizado para financiarse este mecanismo tan impresentable. Desde 1993, la banca ha perdonado al PP apenas tres millones de euros frente a los más de 30 que condonó al PSOE. Otra cosa son las donaciones privadas, donde los porcentajes se invierten: la derecha se ha llevado en las últimas dos décadas el 90% del dinero. Por supuesto, las donaciones no se tocan.
“Los partidos publicarán el informe de fiscalización tras su aprobación por el Tribunal de Cuentas”.
Pero el Tribunal de Cuentas seguirá siendo un organismo inútil, dirigido por consejeros independientes -como un hermano de Aznar- que son nombrados a dedo por los grandes partidos.
“Los altos cargos no podrán tener más del 10% de participaciones de empresa que contrate con el sector público o reciba subvención pública”.
¿También cuenta esto para Miguel Arias Cañete? Una de las empresas petrolíferas de las que fue presidente y hoy es accionista, Petrologis, mantiene contratos con la Administración. Arias Cañete, en sus años de diputado, mintió al menos dos veces en su declaración de bienes ante el Congreso, donde no explicó esta y otras relaciones de sus empresas con la Administración. Y no pasó nada.
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