El pacto entre PP y PSOE para regular los viajes de los diputados es una oportunidad perdida que queda muy lejos de las mínimas exigencias democráticas. Para hacer esto, mejor no hacer nada. Para pactar esto, mejor no pactar nada. De muy poco sirve publicar cada tres meses el importe global que se ha gastado en viajes el Congreso. No hay posibilidad de control ciudadano en ese dato: no hay manera de saber con ese número si ese dinero ha estado bien o mal empleado, si alguien ha abusado. Sin más detalles, es una cifra tan inútil como ofrecer a los ciudadanos el gasto trimestral en grapas, la temperatura media en el Parlamento o los metros de moqueta de sus despachos. ¿Transparencia? Seguirá siendo un gasto tan transparente como el fondo de un pantano.
Sí hay algunos cambios, pero no son los necesarios. Los grupos parlamentarios tendrán que firmar una autorización a sus diputados para todos los viajes que no tengan como origen o destino su circunscripción electoral. Es un avance, pero es un avance muy escaso. Serán las direcciones de los propios partidos quienes ‘controlarán’ a sus diputados, un mecanismo que no habría evitado el abuso que ha motivado esta reforma, el caso Monago. El presidente extremeño formaba parte de la dirección del grupo parlamentario del PP en el Senado, así que se habría podido firmar a sí mismo la autorización de sus viajes a Tenerife para visitar a su amiga. Y todo arreglado.
Conocer los viajes de los diputados en ningún caso afecta a su intimidad. Son parlamentarios, no agentes secretos, y en todos los casos en los que se desplazan por razones de trabajo –de verdadero trabajo parlamentario– dejan rastro público de sus viajes en los medios; se puede saber dónde están siguiendo su Twitter. Publicar sus agendas y sus viajes no afectaría en nada ni a su autonomía política ni a su labor parlamentaria, pero sí vacunaría contra los abusos. Y el argumento de la intimidad –que es falso– no sirve como excusa para publicar el gasto total por diputado sin detallar destinos, un dato que seguirá siendo alto secreto de Estado.
El pacto entre PP y PSOE, además, incluye una amnistía: no habrá investigación alguna sobre cómo se ha gastado el dinero de los viajes hasta ahora. Los dos grandes partidos –y también algunos más de los pequeños– no parecen interesados en destapar esa cloaca, a pesar de que ya sabemos que se han producido abusos y un diputado, el de Teruel, ha tenido que dimitir por ello. El Congreso no aportará a los ciudadanos ni siquiera los detalles más mínimos sobre este gasto que los ciudadanos pagan. En el futuro se sabrá muy poco. Del pasado no sabremos absolutamente nada.
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