Al fin, un imputado menos

En unos días el PP tendrá un imputado menos en Les Corts Valencianes. No será porque el president valenciano Alberto Fabra haya atendido a los ruegos de la oposición, y haya obligado a alguno de los diez diputados populares en esta situación a pasarse al grupo mixto. Lo que sucede, en cambio, es que uno de los políticos en esta situación, Pedro Hernández Mateo, ve hoy llegada la hora de enfrentarse al juicio oral. Si sale bien parado, conseguirá que el grupo de diputados del PP bajo sospecha baje a nueve escaños. Si es declarado culpable habrá, casi con toda probabilidad, de abandonar su puesto en Les Corts.

La razón es que una de las penas que pide la Fiscalía para él es la de inhabilitación para cualquier cargo “de naturaleza electiva” durante cinco años. Hernández Mateo se enfrenta, además, a la posibilidad de pasar tres años en la cárcel y a una multa de 30.000 euros. Los delitos que se le imputan son prevaricación y falsedad documental. Será juzgado en el Tribunal Superior de Justicia valenciano porque ostenta la condición de aforado desde que ocupó su escaño en 2007. El entonces presidente autonómico, Francisco Camps, lo incluyó en las listas electorales pese a las presuntas irregularidades que ya se le sospechaban, ya que sólo dos meses antes había declarado como imputado por esta misma causa.

El creador de las “paguicas” a los jubilados

Hernández Mateo cometió presuntamente los delitos en su larga etapa como alcalde de Torrevieja, que se extendió desde 1988 hasta 2011. Se hizo famoso entonces por, entre otras, cosas, repartir las llamadas “paguicas”: dinero en mano otorgado cada año a todos los jubilados y pensionistas de la ciudad. Además de la causa que hoy se juzga, el exalcalde está siendo investigado en los juzgados de Torrevieja por otras dos causas, aunque no está imputado.

Los hechos por los que afronta desde hoy la vista oral sucedieron en 2004. El actual diputado consiguió, supuestamente, adjudicar a una empresa de su agrado un concurso público de recogida de basuras, por el que la compañía elegida cobraría 9,6 millones de euros al mes. Los autos judiciales narran toda una peripecia protagonizada por el exalcalde para lograr su objetivo. Hubo de vadear a funcionarios reticentes, falsear documentos, añadir vocales a la mesa de contratación para asegurarse la mayoría, y encargar y pagar con dinero público informes externos que justificaran la elección de la empresa en cuestión.

La bancada que mira al juzgado

En concreto, el auto narra cómo el alcalde hizo caso omiso de tres funcionarios de la mesa de contratación, que suscribieron un voto particular para que el concurso quedara desierto, ya que ninguna de las compañías que se habían presentado cumplía los requisitos. Para resolver la situación, el exalcalde consiguió un informe externo favorable a sus propósitos, que fue redactado por un bufete de abogados que trabajaba también para la empresa que aspiraba a obtener el contrato de las basuras. Presuntamente, el exalcalde eligió a estos letrados sin consultar a otros despachos profesionales, pese a que firmó un documento público en el afirmaba lo contrario. Debido a estos indicios, el juez llega a la conclusión de que el diputado del PP “presumiblemente actuó conduciendo el proceso de adjudicación a sabiendas de la arbitrariedad de la adjudicación y dando al mismo apariencia de regularidad”.

Las últimas dos semanas están siendo intensas para los parlamentarios del PP. Además de los dos plenos que han tenido que atender, han visto cómo a pocas calles de distancia, varios de sus compañeros pasaban por el TSJCV. El jueves pasado, el exportavoz y exconseller Rafael Blasco declaró por el supuesto desvío de fondos de cooperación. El viernes, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, comenzaba un largo interrogatorio de tres días por, presuntamente, haber dado tratos de favor a un constructor a cambio de regalos. En la bancada esperan otros siete imputados, casi todos sospechosos de financiación ilegal del PP valenciano en el marco del caso Gürtel.