Parece que se acerca el tan temido/deseado rescate de España a costa de la Unión Europea. Estamos hundidos en la miseria económica y necesitamos que nos echen una mano urgente. Como nadie da nada por nada, nos podemos ir preparando para nuevas y más duras condiciones. En la medida que cada vez queda menos por recortar podemos dar por hecho que el desempleo, las pensiones y los servicios más básicos serán (o seguirán siendo) los campos objeto de la codicia de los mercados. Y, por supuesto, nuestros gobernantes, “porque no hay más remedio” y “con todo el dolor de mi corazón”, dirán que “sí, señor”.
Muy bien. No pienso hablar de economía. Quiero hablar de política. No quiero decir que sean terrenos incompatibles sino que no pienso detenerme en números.
Yo lo que reclamo es un rescate político. Mucho más evidente que el económico, me parece que España lo que necesita es un rescate político. La solución a los problemas de nuestra democracia pasa por más democracia, y no por menos como se pretende. En esto no es preciso que nos venga nada de fuera, esta operación democrática es cosa doméstica.
Nuestro rescate debería empezar por un referéndum (¡ooooooh!) sobre las condiciones del rescate europeo que estamos dispuestos a aceptar. Datos encima de la mesa y a votar. A ver dónde está la mayoría y cómo es de silenciosa o de ruidosa.
La convocatoria de elecciones debería ser el siguiente paso a no ser que los planes de Rajoy fueran mayoritariamente secundados en el mencionado referéndum.
No podrían ser unas elecciones al uso. Deberían ser constituyentes. La Constitución del 78 (muchas gracias señora Carta Magna) ya ha agotado parte de su recorrido. Con ella hemos llegado hasta aquí y ahora necesitamos ir más allá. La Constitución no era un punto de llegada para taparnos las vergüenzas del franquismo sino una estación en el camino hacia un país mejor, más habitable, más justo, más libre.
La reforma constitucional debería poner a las personas por encima de cualquier otra consideración: sus derechos, sus libertades y sus obligaciones. Pero todo de verdad. Menos discursos programáticos y más voluntad de concreción. La riqueza nacional al servicio del interés general, pero sin trucos. Derechos a una vida digna en lo material (casa, trabajo, sanidad, educación...) y feliz más allá de eso (cultura, conciliación, dependencia, comunicación...). El dinero debe trabajar con este objetivo.
Nadie debe ver limitado su comportamiento individual siempre que no perjudique directamente a los demás. Todo el mundo debe poder ejercer sus aficiones y sus devociones por más que otros las puedan considerar excentricidades; pero, más allá de lo que son servicios públicos, cada cual se las debe pagar.
En definitiva, mayores ámbitos de libertad pero también mucha más responsabilidad. En una democracia hay tres marcos básicos para la exigencia de responsabilidades: las urnas, la hacienda pública y los tribunales.
En relación a los gobernantes es preciso quitar el control del sistema político a los grandes partidos. Para ello es obligatorio reformar el sistema electoral yendo a fórmulas más proporcionales con listas abiertas, fomentando la participación, endureciendo las incompatibilidades, limitando los mandatos, obligando a la asunción de responsabilidades políticas por la gestión desarrollada y asegurando la transparencia interna tanto en las instituciones de gobierno como en el seno de los propios partidos. En paralelo se necesita regular de otra forma el acceso a los grandes medios de comunicación para que haya una verdadera igualdad de oportunidades para todos los actores políticos y, más allá de la libertad de expresión, se pueda hablar también de igualdad de expresión.
Hacienda debe ser “cosa de todos” y no hay que dejar espacio para trampas y atajos. Las leyes deben garantizar que las aportaciones de cada ciudadano sean proporcionales a sus ingresos y riquezas y, a continuación, hay que perseguir el fraude con denuedo. La persecución, como la cuantía de las contribuciones, también ha a ser proporcional a lo defraudado.
En cuanto a los tribunales, el objetivo de la reforma debe ir encaminado a que “quien la haga la pague” y que las sentencias sean rápidas. Rápidas para todos, no solo para aquellos que no tienen un ejército de abogados con los que dilatar y dilatar los procesos. Podríamos hablar de una rapidez proporcional a la gravedad de los delitos y no como hasta ahora que sucede al revés: el pobre raterillo es condenado de hoy para mañana y el gran delincuente muere tranquilo en casa con el proceso empantanado.
Por supuesto, la reforma constitucional no podría obviar la cuestión territorial y pienso que no hay más salida que un federalismo asimétrico, por contradictorios que puedan sonar ambos términos. Igualdad de derechos, igualdad de servicios, pero libertad absoluta de autogobierno. Solo si España se cree de verdad que los catalanes y los vascos son españoles, y que lo catalán y vasco también es español, hay solución. Si resulta que solo hay una manera de ser español, España no existe. Una España que asuma, de hecho y para siempre, su carácter plurinacional y que sea un ejemplo democrático de justicia e igualdad es la única vía, no para acabar con el independentismo, pero sí para que no se convierta en ampliamente mayoritario.
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